Por Mario López M.

Incomprensible que, a estas alturas de la crisis de Carabineros, siga siendo apoyado a ultranza por el Gobierno. Insólito, porque es claro que han fracasado todas las razones que lo llevaron a asumir la jefatura de la institución más grande del país, con cerca de 60 mil hombres y mujeres.

Su actuar ha sido cuestionado no solamente por el caso Catrillanca -ya suficiente para que hubiera dado un paso al costado-, también ha sido polémica su vida laboral, desde antes de llegar a dirigir a la policía uniformada. Negocios de carabineros con empresas privadas, contrato a familiares y hasta arrestos han saltado a la palestra.

Se le designó para poner orden y disciplina en una institución alicaída producto de una serie de fraudes. También para allegar paz en la Araucanía. Ni una ni otra ha cumplido. Es más, tras los últimos episodios, el orden y disciplina en Carabineros se fue al tacho de la basura y la violencia en el sur destruyó el famoso “Plan Araucanía”.

Pero claro, todas las dudas y traspiés que ha cometido Hermes Soto a cargo de la institución policial no solo se dispararon a partir del asesinato de Camilo Catrillanca, son parte de su hoja de vida, de conductas erráticas que son bastante más que un grupo de sanciones que ha sufrido en su trayectoria.

“No debió ser nombrado director”

Así lo dijo el diputado del PC Hugo Gutiérrez al momento de filtrar la hoja de vida del general, recién ascendido a la dirección de Carabineros. Más allá del escándalo que se levantó, cuestionándose incluso si era legal o no hacerlo -aún hay una causa pendiente sobre este tema-, Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia, validó el que se conozca este tipo de información por ser de “interés público”. De paso, criticó que el mecanismo haya sido la filtración y no recurrir a ese organismo para pedir los mismos antecedentes.

La mentada hoja de vida mostraba un actuar errático de hace un par de decenios, cuando el joven Soto, en la década de los 80-90, fue reprendido, amonestado y hasta arrestado por faltas que iban desde “no cumplir con debido interés sus funciones” hasta la que se consideró más grave, que era el que “concurría periódicamente a un lenocinio y era amigo íntimo de la regente del prostíbulo”, como se lee en el documento filtrado por el que fuera ayudante de su antecesor, Bruno Villalobos, el comandante Jorge Espinoza.

Pero estas no son las únicas actuaciones que pueden ser reprochable en su historia en la institución. Serios conflictos de interés entre la actuación de servicio propia de la policía uniformada, cuidar el orden público y los negocios privados, cuidar los intereses de empresas privadas y recibir pago por ello, estuvieron en su conocimiento y nada hizo, o al menos los hechos demuestran que se siguieron cometiendo conductas que causaron serio daño a la población. Veamos.

Y el puente va a caer… va a…

Declaraciones judiciales de un mayor (r), Víctor Vega, aseguran que el general Hermes Soto, tuvo al menos conocimiento de los irregulares pagos que hacía una empresa privada para que carabineros uniformados fueran escoltas de sus camiones en el traslado de carga de madera que debía transitar por el puente Lonquimay, en la región del Maule. El punto es que esos camiones transitaban sin control policial, con sobrecarga, lo que terminó de colapsar un mal construido y peor mantenido puente, que terminó en el suelo, con tres automóviles y una camioneta en el fondo del Río Loncomilla y ocho personas heridas.

La crisis que desató en 2004 el accidente destapó el “contrato” de Carabineros con la empresa Alchisa. Arrendaban personal y material institucional a cambio de pagos, primero directos a los policías que hacían sobresueldos y luego de manera institucional. Quienes hacían ese servicio de “seguridad privada” recibían un pago de “viático” por parte de la empresa, de entre $40.000 y $45.000 diarios. Los primeros eran pasados en la mano del policía guardia, agregándole algo más por concepto de “bono de movilización”. Tiempo más tarde los dineros llegaron directamente a la Prefectura de Linares de Carabineros. Hasta que a inicios de 2002 dejaron de recibirlos.

¿Qué ganaba la empresa? La seguridad no le interesaba ni necesitaba. Lo que importaba era que los camiones pasaran por el puente Lonquimay sin que los carabineros que custodiaban el ingreso y la salida a él fiscalizaran el tonelaje de la carga.

El puente que cruzaba el Río Loncomilla tenía capacidad para el peso de vehículos de hasta 40 toneladas. Los camiones debían pesarse y solicitar un permiso especial si la carga era superior. Alchisa jamás pidió permiso, ¿para qué?, si al ir con guardia de carabineros pasaba sin problemas.

Se calcularon más de 600 viajes con carga, cada uno, superior a las 100 toneladas. Investigaciones de la Cámara de Diputados y de Vialidad acreditaron el hecho. Cayó el puente y las investigaciones sobre el rol de carabineros, terminaron… impunes.

El rol de Hermes Soto

El entonces mayor Soto, según el denunciante, era comisario de la 5ª Comisaría de San Javier, cuya dotación era la que realizaba esas escoltas de “seguridad”. Las fechas así lo acreditan. El “convenio” entre Carabineros y Alchisa se firmó el 29 de enero de 1999 y duró hasta febrero de 2003. Durante esos cuatro años los uniformados prestaron el servicio de “escoltas” para los camiones de la empresa. Pero la seguridad no solo se limitaba a la zona del Maule, llegaba hasta los destinos de las cargas en lugares como La Serena y Puerto Montt.

Según declaraciones de Vega del año 2006 ante la Fiscalía de Osorno, él se enteró de estos actos que catalogó de corrupción cuando en 2003 llegó a la 5° Comisaría a reemplazar a Hermes Soto en su cargo de comisario. A su ju8icio, Soto no solo habría conocido los pagos, y sus montos en específico sino que, además, sabía de una serie de arreglos que se realizaban en retenes y comisarías de la localidad y que eran financiados “por Alchisa”.  

El denunciante declaró que entre 1999 y 2002 se recibieron pagos por $26 millones (en realidad hasta 2003 fueron $58 millones). Allí es donde Vega se refiere al actual director de Carabineros y le dice que el entonces “mayor Soto Isla solicitó a la Prefectura de Linares una relación de depósitos de la empresa 'Alchisa' y se le informó por el Prefecto (Oyarzún) que había inversiones por $26 millones y fracción y luego entre otros documentos se habla de otros 26 millones de pesos de gastos realizados por Carabineros”.

Hasta vehículos fantasmas

En las operaciones participaron cerca de 60 carabineros. Cuando en 2003 terminó el “contrato” debido al cambio de sistema, ya que no se les siguió pagando directo, sino a la Sección de Contabilidad y Finanzas de la Prefectura de Linares, a los policías se les quedaron adeudando importantes sumas de dinero, lo que desató los reclamos.

Pero no eran los únicos beneficios que entraron a carabineros de parte de la empresa privada.

Vega también refiere la existencia de vehículos dados en comodato para que sirvieran en las labores de vigilancia privada a las cargas de vigas de madera que transportaban. Entre ellos, uno llamó su atención, pues se supone que estaba asignado a la comisaría que él dirigía, pero que jamás lo vio en ese recinto. Dijo al fiscal que se le habría exigido respaldar la existencia de un “vehículo en comodato a Carabineros, pero que nunca fue observado por mí en la Comisaría; a pesar de que el documento decía que estaba destinado para prestar servicios en la Quinta Comisaría, nunca estuvo físicamente en mi unidad”.

También aparecían supuestas reparaciones en las dependencias del cuartel y en diferentes otros retenes. Eran arreglos a la infraestructura como, por ejemplo, en los baños, los cuales -como le habría señalado un suboficial- corrían “por cuenta de la empresa Alchisa”. El actual general director vuelve a ser relacionado con esto.

Según Vega, “el ex comisario mayor Soto, molesto, me dijo que el Capitán Bufadel, de Contabilidad de la Prefectura, había concurrido hasta la empresa a solicitar unos dineros a fin de arreglar su oficina, en la Prefectura de Linares, haciéndole ver a mi mayor que dónde se encontraba ese documento, pues me dijo que lo había dicho por escrito esta situación al prefecto, pero que esto se silenció muy rápido, no existiendo respuesta alguna”. El resultado de estas denuncias fue que se sobreseyó la investigación interna de Carabineros sin resultado y el denunciante fue dado de baja.

Los otros cuestionamientos a Soto

Hermes Soto, a pesar de los nueve meses a cargo de la institución, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos. Entre ellos, el que Carabineros contratara a su propio hermano, Raúl, con un sueldo de $2.241.220, como coordinador de la planta de profesionales. El nombramiento se oficializó el 16 de agosto recién pasado, alcanzando la toma de razón de la Contraloría General de la República en 21 del mismo mes. Claro que cuando trascendió la noticia rápidamente se le desvinculó, a pesar que tenía contrato hasta el 31 de diciembre de este año.

Un comunicado oficial zanjó el tema: “Entendiendo que a pesar de que dicha contratación está dentro del marco jurídico y reglamentario, el general (r) Raúl Soto rechazó dicho puesto y presentó su renuncia voluntaria para no dificultar la gestión del general director”, precisa el comunicado.

Desde Chile Transparente se le retrucó que “los hermanos están en un grado de consanguinidad tal que por ningún motivo pueden ser contratados bajo subordinación o que se influya en su contratación. Es del tipo de situaciones que deben evitarse a todo lugar”.

Y no puede dejarse de lado otra faceta, que quedó a la luz tras el crimen de Catrillanca. La absoluta falta de liderazgo al interior de la institución, al punto que sus propios hombres no le cuentan los hechos y debe enterarse de ellos por la prensa o, peor, por los desmentidos que han puesto en ridículo el mando.

Desde la calificación de “delincuente” de Catrillanca, hasta el affaire de la cámara, pasando por falsos enfrentamientos y desmentidos robos. Lo último, la declaración del defenestrado sargento -presunto autor del disparo fatal-, que ante cámaras reconoció haber mentido y haber sido inducido a hacerlo.

¿Quién, sino un oficial superior tenía el poder para “obligarlos” a mentir? ¿Hasta dónde sabía Soto de estos embustes que avaló absolutamente? Temas que se irán desentrañando con el paso de los días y semanas.

Inaudita desidia gubernamental

El gobierno, al cierre de esta edición, seguía avalando a Hermes Soto y su errático actuar. “Virus” que corre el riesgo de contraer el ministro del Interior, Andrés Chadwick, según el diputado RN Gonzalo Fuenzalida, para quien “lo que está viviendo Carabineros, desde hace mucho tiempo atrás –desde que apareció ese desfalco millonario, por la Operación Huracán, y finalmente lo que sucede ahora- creo que lo preocupante de esto es una pérdida de legitimidad de los altos mandos (…)  Creo que hoy esta crisis está cada vez más profunda y va a tocar fondo tarde o temprano, y esto rebota finalmente en el gobierno”.

Para el parlamentario, Soto debería dar un paso al costado: “Tengo mis dudas que pueda seguir con su cargo con las cosas que están pasando y todavía con lo que nos vamos a enterar que no sabemos (…) Una persona cuestionada en su cargo, obviamente, tiene que poner su cargo a disposición”, remató.

Tras el episodio del video al interior de un cuartel policial, donde se supone que los imputados del crimen estaban en prisión preventiva, se grabaron escenas con un celular que jamás debió tener un preso, con una libertad abismante, con canales para distribuir mensajes a miembros no deliberantes que portan armas y, además, con acusaciones de tal magnitud que el solo llamar al orden que hizo La Moneda parece ser absolutamente ineficientes. Y las mentiras continúan, hasta el punto de ahora negar la manipulación de la trajeta de la cámara del sargento que dijo haberla destruido.

Chadwick mira impávido el show y burla al país.

A estas alturas, Soto debiera dar un paso al costado y, el ministro del Interior, dar la cara al país y explicar qué está pasando. Si, de acuerdo a la historia de Soto, este jamás debió llegar a ese puesto, el gobierno debiera, de acuerdo al resultado, llamarlo a retiro y hacer esa cirugía real, que no hizo cuando lo designó.