Por Mario López M.

Si bien el proceso comenzó antes de este gobierno, en estos nueve meses se ha extremado la violencia verbal y física a niveles inaceptables, alimentados desde el gobierno. La muerte de Catrillanca, la paliza al presidente del TC, el uso de fondos públicos para subsidiar a empresarios privados y hasta el uso de La Moneda para “renovar votos matrimoniales” del ciudadano Piñera violentan al país.

Qué decir del sistema de AFP, de salud inaccesible, de educación convertida en negocio, de falta de control sobre las FFAA y Carabineros, así como el financiamiento de la política, etc.

Nuestro país sufre un lento pero progresivo proceso de polarización político y social que, desde luego no es atribuible sólo al gobierno de Sebastián Piñera, sino que se arrastra por varios años, con un marcado acento a partir de 2012 y la liberación de la obligación de votar.

Lo que también es indesmentible es que la actual administración de derecha ha contribuido de manera grotesca a este clima, amparando mentiras, considerando las apologías a la violencia y a la dictadura de Pinochet provenientes de su propio sector como parte de la “libertad”, considerando que la izquierda simboliza el infierno, tratando de legislar saltándose el Congreso vía decretos o, en su caso, recurriendo al Tribunal Constitucional para doblar la voluntad popular en torno a sus intereses.

Cambiarlo todo para que siga igual

Tras la caída de la dictadura y hasta la Reforma Constitucional de 2005 la derecha impuso las condiciones, a pesar de ser absoluta minoría en el gobierno y en el Parlamento. Senadores designados, sistema binominal -que persistiría hasta 2014- y una política conservadora por parte de la Concertación de centroizquierda que propugnaba el diálogo, mantuvieron el grueso de la injusticia.

Ya con la reforma de Lagos se generaron condiciones más propicias para provocar cambios estructurales al sistema, pues la derecha seguía siendo minoría, aunque ahora ya no contaba -a partir de 2006-, con senadores designados que distorsionaban la voluntad popular. Sin embargo, cierta complacencia con el modelo -incluidas AFP, que transforman en miseria la vejez, un sistema de salud inaccesible, sólo para quienes podían financiarlo, una educación convertida en negocio, una falta de control absoluto sobre las FFAA y Carabineros, así como al financiamiento de la política, etc.-, hicieron que el desnivel en la cancha se mantuviera.

A partir de 2009 se provoca una fuerte fragmentación en la izquierda en que aparecen, a la izquierda de la izquierda, los Marco Enríquez-Ominami y una más fuerte izquierda extraparlamentaria, de la mano del PC y Jorge Arrate. La derecha, por su parte, seguía unida con sus dos grandes partidos conservadores, la UDI y RN, y con las fuerzas pinochetistas camufladas de demócratas.

El diálogo y la política de los acuerdos seguían marcando a Chile, unido a cierta bonanza económica, muy mal repartida, por cierto. Comenzaba también a incubarse un alejamiento ideológico fuerte entre las dos grandes coaliciones. Pero un hecho ocurrido en 2012 haría la diferencia. El voto voluntario.

Voto voluntario, discurso duro

Ya a ese año la desilusión de los chilenos en sus políticos era transversal, las militancias habían disminuido y más personas se declaraban independientes. Las ideologías pasaron a no ser el punto de inflexión de los electores al momento de sufragar. Muchos votaban por evitar las consecuencias de no hacerlo, más que por convicción.

“(…) Con la introducción del voto voluntario en 2012, la situación cambió sustancialmente: frente el hecho de que los moderados estaban políticamente inactivos, los candidatos -para ganar la elección- fueron a buscar los votos ‘más seguros’, es decir, sus plataformas estaban compuestas por individuos cada vez más polarizados. Una consecuencia inmediata fue la configuración de un discurso menos moderado y más estridente”, sostiene el coordinador de Opinión Pública de la Fundación Piensa, Jaime Lindh.

Así las cosas, llega el primer gobierno de Sebastián Piñera, que desequilibró aún más la cancha y donde comienzan a gestarse fuertes impulsos populistas: “Vamos a ponerle candado a la puerta giratoria”, “A los delincuentes se les acabó la fiesta”, “el mejor Censo de la historia”, “En 20 días yo siento que hemos avanzado más que otros tal vez en 20 años”, “Vamos a crear un millón de nuevos empleos”, y tantas otras que eran incumplibles o pudiendo ser reales jamás se hicieron.

Los empresarios pasaron a ser el centro de las políticas públicas y la clase media a sufrir las consecuencias. El Presidente, de una verborrea incontenible, daba lugar a la banalización de la política, ya bastante desprestigiada, con sus conocidas “piñericosas”.

Las “Fake News”

Apenas se inició el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, ya con una coalición -ahora llamada Nueva Mayoría-, tensionada por el ingreso del Partido Comunista, entre quienes querían mantener la política de diálogo de la extinta Concertación y los que propugnaban la aplicación de “retroexcavadora” con las bases del sistema imperante, la entonces oposición de derecha se atrincheró en Apoquindo 3300, sede de los negocios de Sebastián Piñera, y comenzó a bombardear al país con Fake News (noticias falsas) que buscaban desacreditar el programa de reformas estructurales que llevaron a Michelle Bachelet de vuelta a La Moneda. Su mayor expresión fue el término “chilezuela”, en alusión a la situación económica y social en la Venezuela de Maduro.

De hecho, la campaña que llevó por segunda vez a Piñera al Palacio de Gobierno estuvo plagada en redes sociales de bots (usuarios fantasmas) que alimentaron de noticias falsas la campaña presidencial. Hasta el propio actual canciller, Roberto Ampuero, aportó en ello, dando cuenta de falsos apoyos de Nicolás Maduro a Alejandro Guillier, entre otras falacias.

 También la actitud al borde de la segunda vuelta del Frente Amplio, que jugó a una intolerable ambigüedad en el apoyo al candidato progresista, provocó en la ciudadanía, proclive al sector -o más bien no de derecha-, la desazón y la consecuente abstención que llevó a Piñera a coronarse con apenas algo más del 20% del electorado.

En paralelo, desde el inicio mismo del segundo gobierno de Bachelet, dos noticias impactaron fuertemente y de manera negativa en la opinión pública. Los casos de financiamiento ilegal de la política, sobornos y cohecho incluidos, y el llamado caso Caval, armado comunicacionalmente por la derecha y donde el hijo de la propia Presidenta aparecía involucrado.

Tormenta perfecta que inhibió la implementación correcta de muchas reformas por pérdida de apoyo ciudadano -infectado por las campañas sucias dirigidas desde Apoquindo 3300-, y por un desorden no menor en la coalición gobernante de ese entonces.

Los extremos se toman La Moneda

Piñera basó su fuerza de apoyo en el “voto duro”, de la mano de evangélicos integristas y fanáticos y de la mal llamada “familia militar. ¿El interlocutor de ambas? El ex diputado escindido de la UDI José Antonio Kast, quien fue “por fuera” de la coalición derechista que apoyaba al actual Mandatario con un discurso de odio, anti inmigrantes, pro dictadura de Pinochet, conservador en extremo en materia valórica e inmensamente populista.

Para la impensada segunda vuelta, Piñera necesitó los votos que cimentaron un no menor 7% que respaldó a Kast y que provenía justamente de esos sectores duros. Él los entregó “casi” sin condiciones. Casi, porque hubo una serie de compromisos bajo cuerda con integristas y sectores militares vinculados a los criminales presos en Punta Peuco y Colina I.

Tanto es así, que la cabeza de los evangélicos fanáticos, el Obispo Eduardo Durán Castro, llegó a “reclamar” que se le diera el cargo que se le había ofrecido en campaña, lo que definitivamente pasó.

Algo similar ha sucedido con los ex uniformados presos por actos criminales en dictadura, quienes han llegado acusar de “traición” a Piñera por no dar los indultos y salidas alternativas comprometidas.

Pero hay tres hechos que han generado una mayor polarización en los apenas nueve meses de gobierno y que está transformando en casi “irrespirable” el ambiente político. La salida del closet de los pinochetistas en Renovación Nacional y en la UDI y la consecuente “complicidad pasiva” de Sebastián Piñera y su gobierno, que ve el hecho como “normal” en democracia y una expresión del ejercicio de la libertad y del derecho a expresión.

El segundo, es la absoluta incapacidad del gobierno para gobernar. El desorden, la ineficiencia e ineficacia marcan en todos los ámbitos el día a día. Su mayor expresión está en el manejo económico, que han significado un deterioro impactante en los trabajadores y clase media.

El tercero, amenaza la estabilidad misma de la democracia. Las mentiras. Cifras que se manipulan, como las de empleo y del INE, por ejemplo, para dar la idea de que hay más trabajo y menos cesantía. O las excusas utilizadas en el tema de Pacto de Migración, todas falsas, para tratar de cambiar la atención de los chilenos sobre el caso Catrillanca, que tenía por las cuerdas al gobierno.

Diez días les duró haber desprestigiado a Chile internacionalmente para que volviera a reventarle en la cara a La Moneda el crimen del comunero mapuche. Y sobre este mismo tema, el montaje, los videos y todo lo hecho por Carabineros con el aval -y complicidad- del gobierno, han llevado a un extremo inaceptable en la opinión pública.

La violencia se toma la calle y el discurso

Si bien el gobierno de Sebastián Piñera ha polarizado aún más al país, siendo responsable directo el propio Primer Mandatario con un discurso ofensivo a la oposición y de constante ataque a la ex Presidenta Bachelet, la oposición también ha contribuido a que algunos se sientan sin respaldo ni justicia y crean que es el momento de hacerla por propia mano.

La reciente agresión al presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, un oscuro operador político de derecha, pero que sin embargo no justifica la paliza que le dieron, es una clara muestra de que la situación se aproxima peligrosamente a los extremos.

El asesinato de Camilo Catrillanca, alimentado -aunque se niegue-, por la exhortación a la represión y militarización hecha por el propio Piñera posando frente al armado hasta los dientes Comando Jungla, al cuál luego negó más de tres veces, es directamente consecuencia del discurso de odio de la derecha. Recuérdese la “oferta de balazos” que el otrora precandidato Manuel José Ossandón anticipó en Tolerancia Cero.

Un carabinero de uniforme ingresando a un vagón del Metro, siendo pifiado por los demás pasajeros, es un signo preocupante que como sociedad debe llamarnos a la reflexión.

Los discursos de Kast, Camila Flores, Van Rysselberghe, Desbordes y varios otros en la derecha, validando la dictadura y los crímenes cometidos -porque es imposible dividir lo “bueno y lo malo”, como pretenden-, no pueden menos que provocar violencia en los sectores de las víctimas.

Los discursos de odio a los migrantes -deportaciones encubiertas como humanitarias incluidas-, a los Mapuche, abortistas -recuérdese el acuchillamiento de dos mujeres en una marcha por parte de extremistas de derecha-, homosexuales y otros grupos minoritarios, se están transformando en la tónica. Una peligrosa tónica que no puede traer nada bueno para Chile.

A lo dueño de fundo

La violencia no solo la provocan los discursos o las agresiones físicas. También la genera la existencia de situaciones de abusos y desigualdad. Dos hechos en estos días marcan la pauta de ello.

El primero, que se use la hacienda pública como la billetera personal del gobernante de turno. Y eso hizo Sebastián Piñera frente al paro de los trabajadores portuarios eventuales. La movilización, centrada al principio en Valparaíso pero que más tarde escaló a todo el país y que se mantuvo por 35 días en pos de mejoras laborales, se daba en el contexto de una negociación entre operarios y empresarios privados, en este caso, el Terminal Pacífico Sur de Valparaíso (TPS) de propiedad del grupo económico de Richard Von Appen y sus operarios eventuales.

Es cierto, afectaba al país la tozudez del empresario, pero en vez de presionar una salida, el gobierno no encontró nada mejor que meter la mano al bolsillo de todos los chilenos y subsidiarlo.

“Conflicto portuario: empresa les ‘presta ´$550.000 y bono x $325.000 a cada trabajador. Gobierno pagará cursos de capacitación x $1.150.000 a cada trabajador. O sea, conflicto entre privados se soluciona con recursos de todos los chilenos. Así con el apoyo del gobierno a mr. Von Appen”, escribió retratando la injusta situación en redes sociales y su molestia el senador Felipe Harboe (PPD).

 Otro hecho demuestra esa desigualdad entre los chilenos y la confusión entre lo público y lo privado. Es absolutamente legítimo que Sebastián Piñera y Cecilia Morel, un matrimonio como cualquier otro, celebren un aniversario de bodas o renueven sus votos matrimoniales. Incluso, dada la investidura, que ello trascienda a la prensa. Pero que el acto privado se haga en la casa de todos los chilenos, La Moneda, es grotesco e incluso roza la ilegalidad.

El abogado Luis Mariano Rendón, lo denunció a Contraloría: “Los votos matrimoniales de Sebastián Piñera en el Palacio de Gobierno, es impresentable. Evidencia una peligrosa confusión entre lo público y lo privado, que podría extenderse a otros ámbitos. Por eso, con el folio W015285, pedí ayer a Contraloría que se pronuncie”.

Sería bueno recordar las críticas del hoy canciller, Roberto Ampuero, a la entonces alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz, quien el 28 de junio de 2013 prestó el edificio municipal de su comuna, conocido como Palacio Falabella, para la realización de una ceremonia privada, específicamente para el matrimonio civil de su sobrino, Diego Brugnoli Errázuriz: “Palacio Falabella de Providencia: bochornoso caso que debería emplearse para explicar la diferencia entre lo público y lo privado”.

¿Qué habrá dicho ahora?