Por Mario López M.

Si bien es imprescindible lograr seguridad y protección social para más de dos millones trescientas mil personas que boletean sin acceso a salud y previsión, entre otras prestaciones, legislar sin conocer la reforma previsional que presentará el gobierno es darles negocios a los grupos económicos tras las AFP, isapres y cajas de compensación.

Muchos parlamentarios, estando en contra de la iniciativa, votaron a favor, porque de otro modo los independientes no tendrían su devolución de impuestos en abril y además quedarían debiendo dinero al sistema. Se aplicará gradualidad en 10 años, hasta llegar al 20% similar a los dependientes.

La Cámara de Diputados aprobó recientemente -sin cambios- la propuesta ya aprobada del Senado que da curso a una complementación de la Ley 20.255 de 2008, que establecía cambios en el régimen previsional, incorporando de manera obligatoria, pero gradual, a los trabajadores a honorarios, públicos y privados.

Se tuvo a la vista hace diez años la absoluta precariedad de quienes trabajan a honorarios en materia de seguridad social, acceso a la salud, licencias médicas, ahorro previsional y varias otras prestaciones que, en teoría, poseen los trabajadores dependientes.

Más de dos millones de independientes

La ley recién aprobada, llamada de manera rimbombante “Nueva regulación en materia de protección social para trabajadores independientes”, es un nuevo eslabón en esta seguidilla de malas decisiones en relación con  los trabajadores, que solo beneficia a las AFP, isapres y cajas de compensaciones al aumentar en más de 2.383.020 los cotizantes que pagarán millonarias comisiones, sin que aseguren en nada prestaciones dignas o que beneficien a quienes cotizan.

En 2008 se acordó que los trabajadores independientes que percibían honorarios debían cotizar anualmente contra su retención de impuestos para evitar los tremendos perjuicios que irrogaban al Estado en el tiempo, pues al final de su vida útil no tendrían ingresos acumulados en un sistema previsional, por lo que el Estado debería atender dicha situación con cargo a pilares solidarios y otras fórmulas que mitigaran la ausencia de ingresos que cubrieran el día a día en salud, vivienda, alimentación etcétera.

A petición de los trabajadores a honorarios, fundamentalmente del sector público, la iniciativa en principio obligatoria se transformó en voluntaria y se fue postergando año a año para no perjudicar sus ingresos, pues ya no tendrían que pagar el 10% por concepto de impuestos, sino hasta el 20%. Así, un trabajador que entregaba boletas por $500 mil mensuales, se le retenían $50 mil. Con el nuevo sistema, de ingresar en plenitud, el ingreso del mismo trabajador sería solo de $400 mil, con un daño real en su calidad de vida. Sólo 6% aceptó incorporarse al sistema, por lo que evidentemente en su voluntariedad, este fracasó.

Contra la espada y la pared

“Si me quitas el puñal, me matas, y si me lo dejas, me muero”. Esa es la disyuntiva que tienen más de dos millones de trabajadores en Chile. Cualquiera sea la salida, será un grave perjuicio. El ministro (Nicolás) Monckeberg (…) dijo en la Comisión que, si no se continuaba con la tramitación de este proyecto de ley, en el proceso de declaración de impuestos del 2019 a los trabajadores no se les hará una devolución. Es más: quedarán debiendo.

“Esto es ponerlos entre la espada y la pared”, reclamó el senador Alejandro Navarro dando cuenta de un hecho real. En abril de 2019 la cotización pasaba a ser obligatoria y por el total, para igualarlos a los dependientes.

Esto obligó a muchos parlamentarios a votar la ley favorablemente, a pesar de no atenderse al problema real: qué tipo de previsión requiere Chile, qué sucede con los trabajadores del sector público que, a pesar de trabajar bajo subordinación y dependencia solo se les pagan honorarios (189.280 personas). Tampoco se resuelve qué pasara con las retenciones y embargos en materia de pensiones alimenticias y juicios civiles o penales que impliquen embargos de las devoluciones de impuestos, entre otras materias al debe en la ley.

De acuerdo con lo señalado por el senador José Miguel Insulza, “en la parte del texto referida al pago a las cotizaciones previsionales se señala que se van a cancelar con cargo a la devolución del impuesto a la renta que se declara cada año. Y este pago irá primero al seguro de invalidez y sobrevivencia; en segundo lugar, al seguro social contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; tercero, al seguro para el acompañamiento de niños y niñas; cuarto, a las cotizaciones de salud común; quinto, a las cotizaciones a la cuenta de capitalización individual y a la comisión a que tiene derecho la administradora de fondos de pensiones -ahí cobran su tajada las AFP, por cierto-, y sexto, si mantienen deudas con la AFP también tendrán que pagarse con cargo a esto”.

Casos especiales

El texto aprobado también plantea casos especiales, por ejemplo, si “un trabajador que percibe simultáneamente distintas rentas, estas se sumarán para los efectos de aplicar el límite máximo anual establecido, de acuerdo a lo que determine una norma de carácter general de la Superintendencia. En el evento que las cotizaciones previsionales superen el monto que debe enterarse de acuerdo al límite máximo imponible, se procederá a la reliquidación de las mismas por parte de las respectivas instituciones previsionales, las que estarán obligadas a devolver los excesos de cotización al trabajador independiente”.

Y si son independientes, pero no perciben “rentas como honorarios y no estén obligados a cotizar según lo dispuesto a dicha situación, podrán cotizar como afiliados voluntarios. No obstante, las cotizaciones de pensiones y salud efectuadas por estos trabajadores independientes, tendrán el carácter de cotizaciones previsionales para los efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta”.

Y “si el trabajador recibe múltiples rentas, la cotización no podrá superar el mencionado monto máximo imponible, una vez sumados los ingresos del mes respectivo de ambos años y las remuneraciones correspondientes al mes que está cotizando”.

La senadora Carolina Goic aclara a quienes afecta en materia de edad: “El proyecto en análisis tiene como sustento para la mencionada obligatoriedad el acceso de los independientes a la misma protección de los regímenes de seguridad social que se aplica hoy a los trabajadores dependientes. Para ello, se obliga a cotizar a todos los trabajadores independientes de menos de 55 años, en el caso de los hombres, y menos de 50 años, las mujeres, al 1 de enero de 2012, sobre una base imponible del 80 por ciento de la renta bruta anual”.

Gradualidad

La parlamentaria demócrata cristiana aclara que “la retención del 10 por ciento, que afecta a las boletas de honorarios, se aumentará gradualmente desde el próximo año (2019) en 0,75 por ciento anual, lo que implica que al 2026 se alcanzaría el 16 por ciento. En el noveno año se fija un alza del 1 por ciento, lo que permitiría llegar a una retención total de 17 por ciento, con lo cual se cubrirán las cotizaciones tanto previsionales como de salud”.

Así, explica la senadora Goic, “una vez materializada la declaración anual de impuestos en abril de cada año, a partir del 2019, se asegurará la cobertura en todas las prestaciones pagadas”.

El Servicio de Impuestos Internos informó que esta iniciativa establece una obligación gradual para todos los trabajadores a honorarios menores de 55 años, en el caso de los hombres, y menores de 50, en el de las mujeres, cuyos honorarios anuales totales sean iguales o superiores a cinco ingresos mínimos mensuales; es decir, 1.380.000 pesos. En términos macro, del total de trabajadores a honorarios a los que esta iniciativa les implica el pago gradual de la obligación de cotizar, 70 por ciento pertenece al sector privado y 30 por ciento al sector público.

La difícil situación del sector público

Para el senador Juan Pablo Letelier, “no existe en nuestra cultura laboral la convicción de la importancia de formalizar las relaciones de trabajo. El Estado en esta materia es cómplice de entregar boletas ideológicamente falsas todos los meses, ¡todos los meses!, por cuanto ahí no impera una prestación propia del código comercial, sino una relación de subordinación y dependencia laboral. Esa es la realidad, a lo menos, de las aproximadamente 200 mil personas que trabajan para los municipios, los ministerios y los gobiernos regionales de nuestro país”.

“Por lo tanto -continúa-, ahí tenemos un primer problema. El Estado para ahorrarse recursos, ¡para ahorrarse recursos!, genera un mecanismo por medio del cual los trabajadores prefieren obtener ingresos presentes en vez de hacer lo mismo que otros trabajadores del sector público: pagar del sueldo bruto propio los fondos previsionales y de salud. Y para el resto de los trabajadores, cerca de dos millones de personas, existe una situación similar”, denuncia.

Para Letelier, “es evidente que todos los trabajadores prefieren rentas presentes en vez de postergar gastos para su jubilación. Por eso hay una ley que obliga a la cotización. Numerosos trabajadores del sector privado, si pudiesen no cotizar, no lo harían. Es más, muchos aceptan que sus empleadores les impongan por una cantidad inferior a sus ingresos reales, lo cual genera un tremendo daño a sus pensiones y jubilaciones”, reconoce, agregando que “muchos funcionarios del sector público no quieren este proyecto por una razón: porque significa la reducción de sus rentas líquidas. Y ese es un problema que el Estado tiene que sincerar”.

“El primer problema en el sector público que debemos abordar es cómo nos hacemos cargo, como sociedad, del daño que les hemos causado a esos trabajadores. Sin embargo, el problema mayor radica en el sector privado, según los datos del Servicio de Impuestos Internos”, recalca el senador Letelier.

Las AFP, las grandes beneficiadas

Algunos datos a tener en consideración: De acuerdo con informes recientes de la Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social (CIEDESS), entre enero y agosto de 2018 jubilaron 102 mil 481 chilenos, con una pensión promedio de 153 mil 742 pesos mensuales.

Llama la atención que el gobierno haya lanzado esta ley antes de informar siquiera las bases de la nueva reforma anunciada en materia previsional.

El senador Carlos Bianchi al respecto protestó que “si bien hemos escuchado anuncios por parte del propio Presidente de la República con relación a una próxima reforma previsional, la verdad es que no la conocemos en detalle. Por lo tanto, es legítimo reclamar para que podamos conocerla cuanto antes. Lo deseable hubiese sido que en forma previa a tratar la situación de los funcionarios y personas que boletean mes a mes, a lo menos les hubiésemos dado alguna garantía respecto de a qué sistema los estamos llevando, y si es o no favorable en sus futuras jubilaciones. ¡Y eso no lo tenemos!”.

“El gran debate se relaciona con la futura reforma previsional profunda que Chile va a conocer, donde estos dos millones de personas que boletean mes a mes no se incorporen a la suma del negocio de las AFP, sino que por lo menos les podamos permitir a los ciudadanos elegir entre lo privado y lo público. Pero la situación, tal cual está dada al día de hoy, no resiste más análisis respecto del sistema previsional que tenemos y que, obviamente, no comparto”, dijo el parlamentario.

Por su parte el senador Alfonso de Urresti se preguntó de manera descarnada: “¿Esta propuesta permite inyectarle más dinero a las AFP o trata efectivamente de establecer un sistema previsional? ¿Qué le puedo decir a un trabajador, a un funcionario público que tiene 54 años y lleva no sé cuántos años a honorarios? Es posible señalarle: ‘¿Sabe qué? Usted, en 2020, además tendrá que cotizar’. ¿Y para qué? ¿Cuál será el éxito? ¿Lo hará para obtener una pensión de 154 mil pesos? Porque así lo indica la estadística; no se trata de algo hipotético”.

A su juicio, “el sistema de AFP es algo que esta sociedad no quiere entender. Nos hacemos los lesos, buscamos maquillajes y fórmulas simplemente para seguir asegurándoles el negocio a las administradoras de fondos de pensiones y meter más cotizantes, sean a honorarios o a contrata, conforme a un aporte del 10 por ciento o a otro porcentaje. Ello, solo para asegurar el flujo de dinero que tienen esas empresas. En consecuencia, el negocio es privado, pero el costo es estatal. ¡El mejor de los mundos! Por eso las AFP en este país gozan de buena salud (…) seamos serios, responsables y dejemos de mentirle a la población respecto de los beneficios que se entregan en estos casos”.

En el mismo sentido el senador Letelier apuntó: “Mi mayor problema con esta iniciativa es el siguiente: no creo que las AFP deban administrar las platas de los trabajadores en un sistema previsional. Soy partidario de no darles ni un peso más a las AFP. Esto no significa que uno no esté consciente de que esa gran masa de recursos, más de 220 mil millones de dólares, deba invertirse, capitalizarse, servir para la economía, incluso variando hacia donde puedan invertirse esos dineros, para que acompañen, más directamente, los intereses nacionales: la infraestructura, las políticas públicas”.