Por María Cristina Prudant

 

El ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, alborotó el ambiente de verano con sus declaraciones sobre la indicación que se hará al proyecto de reforma del Código de Aguas que presentó Bachelet, para entregar los derechos del agua a privados a perpetuidad. Lo cierto es que muchos lo entendieron así producto de sus declaraciones como decir que “nosotros creemos que es un error quitarles certeza jurídica a los derechos de agua”, es decir, no quieren que ese eventual dueño del agua pase sozobra pensando que le van a quitar los derechos y eso que el proyecto del gobierno anterior considera  una entrega de derechos por 30 años.

Según su opinión “la certeza jurídica es lo que permite que los agentes económicos, personas o empresas, puedan beneficiarse si ahorran agua. Y precisamente para dar los incentivos adecuados para el buen uso del agua, es que tiene que haber plena confianza en que el dueño de los derechos del agua va a seguir siendo dueño”.

El ministro Fontaine, frente a tanta reacción y críticas aseguró que los derechos de agua seguirán siendo indefinidos, pero no “perpetuos”, como había trascendido en una entrevista publicada el fin de semana.

“Esta polémica está basada simplemente en un error de interpretación, y lo que estamos haciendo es una reforma que va mucho más allá de este tema de la seguridad jurídica de los derechos de agua, que no es el principal problema que tenemos hoy en Chile. El principal problema es la falta de seguridad hídrica, no jurídica, y a eso es donde apunta nuestra propuesta”, afirmó.

Fontaine añadió que “la palabra perpetuidad yo jamás la utilicé en la entrevista, ni está utilizada en todas las indicaciones”, se defendió.

Acusan al gobierno

En la misma línea inmeditamente parlamentarios de oposición acusaron al ministro de Obras Públicas de querer impedir la reforma al actual Código de Aguas, con el ingreso de más de 100 indicaciones al proyecto que se tramita en el Senado. En la práctica -según indican- favorecería a quienes especulan con los recursos hídricos.

Sara Larraín, directora del Programa Chile Sustentable, miembro de la Red Interamericana de Defensa del Agua y la Vida, del International Fórum on Globalization, detalló a Cambio21 que “nosotros venimos desde hace 8 años siguiendo este proyecto de ley que ingresó como una moción parlamentaria el año 2011. Lo que patrocinó la Presidenta Bachelet es un proyecto de ley que no toca  los derechos antiguos sino que establece condiciones ambientales, condiciones sociales y obviamente,  establece caducidad o multas, pago de patente, si es que se acaparan y no se utilizan. Para las nuevas solicitudes el proyecto de ley contempla entregar concesiones por 30 años y esa concesión se tiene que renovar, pero ya no es entrega en derechos de propiedad como es hasta el día de hoy”.

Agregó: “Una primera aclaración, el proyecto de Bachelet no toca la propiedad a perpetuidad de los derechos ya otorgados sino que establecer nuevos derechos a partir de que esta ley entre en vigencia”.

“Lo que dice el ministro Fontaine es que los derechos de agua no se van a tocar  y eso me imagino que es para los antiguos, o sea, seguiría el mismo régimen y después lo que señala es que no se van a dar temporales los nuevos  sino que se van a licitar y no sé si será a perpetuidad, no sé exactamente qué es lo que es porque todavía  no tenemos frente a nosotros el documento con las indicaciones que el gobierno va a ingresar”, explicó la ecologista.

Bienes nacionales de uso público

Para Larraín “en Chile los derechos de agua debieran ser, como dice la Ley, bienes nacionales de uso público y obviamente el Estado puede entregar  derechos de aprovechamiento, puede entregar como concesiones, pero en el fondo no debiera haber una renuncia del Estado a  que son bienes públicos. La estructura jurídica debiera ser una concesión con un inicio, con un final, con unas condiciones, como por ejemplo lo que ocurre hoy día con el sobre otorgamiento y la sequía, el Estado pueda en un momento, por ejemplo en la cuenca del río Copiapó, que el Estado diga a la minera Candelaria: mire usted reduzca producción y toneladas porque resulta que yo necesito dos litros por segundo para abastecer a la ciudad de Copiapó”.

“Pero no tenemos miles de comunidades con camiones aljibes y el sector con fines de lucro no cambia nada. Esa situación es insostenible, tiene que haber un resguardo para que el Estado y al igual que todo el resto de los países a nivel internacional, resguarde prioridades de uso para el agua. Y en todos los países el uso humano es el primero. Los usos esenciales, el uso humano para agua potable y saneamiento primero, después en general en todos los países es la protección de las fuentes de agua y por lo tanto, no van a secar ríos  como ocurre en Chile”, sentenció.

“Tercero es la producción de alimentos y después todos los usos de subsistencia y una vez que se han satisfecho esos usos se entrega el agua para fines de lucro, pero en ninguna parte del mundo hay una minería con todos los derechos de agua y una ciudad que está teniendo racionamiento, eso no pasa en ninguna parte”, argumentó.

Parlamentarios de oposición aseguraron que las indicaciones del Gobierno apuntan a entorpecer el proyecto. El senador socialista Alfonso De Urresti, dijo que sería un esfuerzo por beneficiar a los especuladores.

“Entender que los derechos sobre el agua van a ser perpetuos y protegerle con eso el negocio a muchos especuladores es no entender lo que significa nuestra sociedad, el cambio climático, la escasez de recursos hídricos”, argumentó el senador.

En tanto el jefe de bancada de los diputados de la Democracia Cristiana, Matías Walker, recordó que lo aprobado en primer trámite en la Cámara, y que fue despachado al Senado, no le quita los derechos vigentes a los actuales propietarios. Sin embargo, señala que efectivamente se impondrá una caducidad para quienes no estén usando el recurso.

Se establecen también “causales de expulsión respecto de los antiguos derechos que, si bien conservan su actual estatus jurídico, pueden extinguirse si no se inscriben en el nuevo catastro de aguas”. En este sentido, rechazó también las modificaciones planteadas por el Ejecutivo.

Según está estipulado en el proyecto, los derechos que se entreguen en cuanto entre en vigencia la nueva ley tendrán una vigencia de 30 años, razón por la cual causan polémica las indicaciones del Gobierno.

Triunfo de los especuladores

La senadora del PPD, Adriana Muñoz, interpretó las indicaciones del Gobierno como un intento por impedir una modificación real al Código de Aguas, argumentando que ingresar 126 indicaciones implicaría que, en la práctica, el proyecto no va a ser ley durante la actual administración, debiendo pasar muchos años para que se modifique la normativa.

“Yo creo que aquí hay un gran triunfo de los especuladores, esto va a significar que van a estar en una tramitación larguísima, esto es una tensión legislativa innecesaria”, criticó la parlamentaria.

Durante febrero no habrá ninguna sesión en el Congreso, por lo que la discusión en torno al proyecto se reiniciará durante marzo.

Edmundo Pérez Yoma –ex ministro del Interior y hoy empresario agrícola- respaldó el ajuste del gobierno, siempre y cuando se garantice el acceso al agua para consumo humano. Más aún dijo que el derecho de propiedad privada no se contrapone con el acceso al agua para la población.

Cuando se habla de empresarios con muchos derechos de agua, se habla de Edmundo Pérez Yoma. A esta acusación dijo: “Esa es una mentira completa. Tengo pocos derechos de agua y de un río que no corre. Al interior de mi campo hay algunas vertientes, y estamos empezando a aprovecharlas. Pero los derechos de agua que tengo son justo lo que necesito para regar lo que tengo plantado, que inclusive tuve que reducir el tamaño para poder abastecerlo bien”.

“Son 50 hectáreas de paltos y 20 de limones. Siempre me dicen: pareciera que tuviera 1.000 hectáreas de paltas y 200 de limones. El agua que tengo apenas me alcanza para regar mis hectáreas plantadas y tiene que ser muy eficiente el riego. Y además tuve que achicar el campo. Dejé de regar casi 30 hectáreas de paltos”.

Parlamentarios opositores reaccionan

Alejandro Guillier: “ministro Fontaine, la propuesta del gobierno mantiene el problema de fondo; no cambia el Código de Aguas actual, que vulnera el derecho humano al agua y castiga a las comunidades locales, permitiendo el abuso de empresarios sin escrúpulos”.

Matías Walker jefe de bancada diputados DC. “la especulación sobre derechos de agua que no se utilizan ha provocado un daño inmenso a pequeños agricultores de climas semi áridos como el de la Región de Coquimbo. La perpetuidad sin sanción de caducidad por no uso atenta contra eficiencia del agua y su justa distribución”

Ex ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga dijo “preocupante anuncio en aguas. Una indicción sustitutiva puede borrar  lo hecho por varios años, incluso aquellas normas que tenían acuerdo transversal. Además, eliminar caducidad para especuladores los protege, afectando a agricultores, consumo humano y medioambiente”.

El senador Juan Ignacio Latorre (RD), indicó que “esto no es más que un retroceso: se mantiene la privatización y perpetuidad del agua, se crea un panel de cinco expertos para visar las decisiones de la DGA, y el agua que falta por entregar se lícita o remata, es decir solo se profundiza el negocio del agua”.

Asimismo, Guido Girardi (PPD) destacó que “el agua es el bien más escaso que tenemos, y Chile es uno de los pocos países donde se privatizó. ¿A quién se beneficia con esta entrega de derechos? Ciertamente, a la ciudadanía no. El agua es un derecho y como tal debe ser de todos”.

El senador José García (RN) manifestó su respaldo a la indicación a La Tercera: “Las aguas están estrechamente vinculadas a la propiedad de la tierra, sin agua no hay agricultura. Por eso sería muy importante que se pueda completar la tramitación y traer tranquilidad al sector agrícola, porque ésta ha sido, sin dudas, una de las mayores incertidumbres que ha tenido el sector”.