Por Mario López M.

Más de cuatro mil trabajadores públicos a la calle por razones políticas. Muchos de ellos con años de servicio. Muchos estaban calificados en lista 1, de excelencia. Se avecinan miles de demandas que pagarán todos los chilenos. También un paro del sector en protesta. Desde la DC se anuncia que no se aprobará reajuste de sueldos.

El oficio Circular N° 21, de fecha 28 de noviembre recién pasado, dio inicio a una de las mayores razzias en materia laboral en la Administración Pública de los últimos años y que no se veían desde la dictadura.

El documento firmado por el ministro de Hacienda fue dirigido a los ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores y jefes superiores de servicios. En él, bajo la justificación de “una gestión eficiente y de calidad”, se ordenó llevar adelante, de manera particular, el despido de miles de trabajadores a contrata en la administración del Estado.

Se hacen efectivas las amenazas

En plena campaña electoral el candidato Sebastián Piñera advertía al país que “cortaría la grasa” en el sector público. Con el paso de los días precisó sus dichos apuntando a los “operadores políticos”.

Apenas asumido el cargo, comenzaron las primeras muestras de esa política de eliminación de personal de la administración pública. Incluso pidió la renuncia a jefes de servicio que no estaba autorizado a remover, a pesar de que algunos se encontraban seriamente dañados de salud, como el médico y director del ISP Alex Figueroa, hospitalizado por un cáncer.

No ha habido miramientos ni de años de servicios ni de calidad profesional o técnica, ni siquiera por haber sido algunos designados por el sistema Alta Administración Pública. La razzia ha buscado remover con una clara orientación política, de acuerdo con la información que han podido recabar los organismos sindicales y de funcionarios. Se calcula que en solo dos días se notificaron más de tres mil despidos.

Botín

No ha sido la eficiencia, la razón, tampoco reducir personal por razones de ahorro fiscal. No es así, pues la lista de operadores políticos que han ingresado desde el advenimiento del actual gobierno a la fecha supera con creces la más mínima lógica de ahorro a las arcas públicas.

La cuestión es otra. Piñera busca “capturar” la administración del Estado para favorecer a la derecha. “Los despidos atentan contra el principio de modernización del Estado, pues se mira a éste como un botín por parte del Gobierno”, denunció el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín.

El dirigente advirtió que “no vamos a aceptar estos despidos masivos (...) el que se mire al sector público como un botín para poder acomodar un sector político y perseguir a los de otro”. En la misma línea, la bancada PC-PRO acusó a la administración Piñera de “utilizar los espacios del Estado como un botín político”.

Para el presidente de la DC, lo importante es tener un Estado más profesional, “donde se respete efectivamente la carrera pública y donde nadie sea discriminado en el empleo público por su color político”.

Y no solo se afectan a los miles de despedidos y sus familias, sino que además a los mismos usuarios que se atiende por la administración pública. Chahín destacó justamente esto, pues a las personas “muchas veces les cambian el interlocutor y tienen que partir de cero con muchos procesos. Y eso afecta la relación del Estado con la sociedad civil”, dijo.

El gobierno miente

Así lo denunciaron desde el Partido Por la Democracia (PPD), donde recordaron que “una vez más el Gobierno falta a la verdad ante la ciudadanía y los trabajadores y trabajadoras. Se dijo que con el cambio de mando los funcionarios públicos podrían estar tranquilos y que su desempeño estaría sujeto a evaluaciones técnicas y objetivas. Sin embargo, se han producido desvinculaciones en varios ministerios y servicios sin razón aparente y totalmente arbitrarias”.

Desde luego, tras cada cambio de gobierno se producen salidas de cargos de confianza de las administraciones anteriores y la llegada de gente cercana a la nueva, para implementar las políticas públicas que lo llevaron al poder. La propia ley contempla esta situación y faculta a los gobiernos entrantes a remover un número determinado de altos cargos y designar sus propios funcionarios. Pero no se trata de descabezar la administración del Estado, pues eso implica un retroceso al país.

Sin embargo, el actual gobierno ha usado -y abusado- de resquicios legales para eliminar trabajadores públicos, con una clara orientación política.

“Entendemos que los cargos de confianza deben ser renovados, pero se han dado casos dramáticos de hombres y mujeres con muchos años de servicio público, altamente preparados y con buenas calificaciones (en escala 1), que sin razón han sido despedidos; mujeres jefas de hogar que son sustento de sus familias y que hoy se van sin nada; chilenos y chilenas a quienes les quedaba pocos años para jubilar y hoy deberán buscar a su edad nuevas fuentes de ingresos”, sostienen desde el PPD.

Inhumano

El senador socialista Alfonso de Urresti graficó estos abusos en la situación de Indap: “es inadmisible, es inhumano. Se echó a gente que estaba recién operada. Mujeres, gente con más de 18 años. Eso es indigno, no corresponde. Un gobierno no puede hacer eso. Y no nos vengan con la política del empate. Porque eso no se hace. Y se cometieron errores. No los cometan. Y que no puede ser esto de empatar lo que ocurrió atrás”, reclamó.

“En este momento se están despidiendo en todas las reparticiones públicas, en los gobiernos regionales. Van a ser cientos de personas solo en la región de Los Ríos. La información que me entrega la ANEF es de ya más de cien funcionarios de distintas reparticiones. Este es un compromiso que hizo el ministerio. Veo que el ministro (Gonzalo) Blumel toma nota de cada una de las situaciones que estamos denunciando. Ministro, no es correcto. Ministro, ahí hay seres humanos. Hay hombres y mujeres; no puede haber aquí una razzia política”, le espetó al ministro secretario general de la Presidencia.

 “Ustedes prometieron que iban a gobernar con los mejores. Y creo que aquí hay mucha gente que no se merece estos despidos. Han sido indignos. Yo le pido que cumplan la palabra que comprometimos, de estudiar y ver cada una de estas situaciones”, reclamó De Urresti.

En la misma línea, el PPD emplazó a Piñera “y a sus ministros a dar la cara y explicar a la ciudadanía las razones reales de estos despidos, pues no olvidamos que hace poco más de un año el entonces candidato calificaba de ‘grasa del Estado’ a los profesionales, técnicos y administrativos del servicio público”.

“Vivan los tiempos mejores”

Cuando todavía no cesan las consecuencias del pésimo manejo económico de la administración Piñera y las graves consecuencias de la militarización de la Araucanía, entre otros groseros errores que han llevado a una cada vez más baja aprobación del Presidente y su cartera ministerial, el despido masivo de trabajadores del sector público le abre otro flanco. Sobre todo, cuando se encuentran pendientes importantes reformas en que necesitará de apoyo de al menos parte de la oposición.

Uno de ellos dice relación justamente con el reajuste del sector público. Al respecto, el diputado Gabriel Silber (DC), dijo a Cambio21 que “los despidos tienen un sesgo claramente político y defenderemos la neutralidad de la Administración Pública. Los funcionarios públicos sirven al Estado y no al gobierno de turno. El Estado no puede transformarse en el botín de la administración Piñera. Como bancada, no aprobaremos el reajuste al sector público si no existen claras garantías de respeto a los funcionarios y se pone fin a los despidos y se prohíbe la contratación de operadores políticos”.

El presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Carlos Insunza, frente a la ola de despidos que afecta a su sector, realizó una presentación ante la Contraloría General de la República, denunciando las desvinculaciones arbitrarias.

A su vez el diputado Mario Venegas (DC), les recordó el eslogan de campaña de Piñera -“Viva los tiempos mejores”- y recalcó que “es muy doloroso conocer el número de despidos en diversos servicios públicos y no acepto que sean todos ellos ‘operadores políticos’. Son seres humanos que tienen derecho al trabajo y a ser tratados con dignidad”.

Piñera enfrenta un nuevo temporal

En la circular del 28 de noviembre se pidió a los jefes de servicio “ponderar” detenidamente los antecedentes de las personas que serían despedidas. “Los criterios para la eventual no renovación de personal a contrata deben basarse en fundamentos obtenidos en el proceso de evaluación de desempeño de los/as funcionarios/as…”, instruye el ministro. ¿A qué “proceso” de desempeño se refiere, cuando solo hay dos días para evaluar a miles por parte de unos pocos jefes de servicio?

De acuerdo con antecedentes entregados a Cambio21 por algunos jefes de servicio, a cada uno de ellos se les fijó una “cuota” mínima de desvinculaciones y los criterios fueron “que se vayan los que no creen en las políticas que vamos a implementar”. En otras palabras, a los que piensen distinto.

Ya desde la ANEF le advirtieron a La Moneda que responderían con un paro, el que comenzó con protestas este jueves. Su presidente denunció que el gobierno no honró el acuerdo que se suscribió con la mesa del sector público durante la negociación del reajuste salarial. Según el organismo gremial, el gobierno se han empleado argumentos falsos para proceder a la ola de remociones, sin considerar la trayectoria de los afectados y tampoco la evaluación de desempeño de sus labores.

El 30 de noviembre fueron varias las asociaciones de funcionarios públicos que salieron a la calle a protestar. Una de ellas fue la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), dependiente del ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Los organismos piden restituir a los funcionarios despedidos bajo un sistema de evaluación genérico y que no es conocido por las organizaciones sindicales.

Se vienen líos judiciales de altísimos costos

A diferencia de años pasados, en que los trabajadores públicos, sobre todo a contrata y honorarios estaban bajo la espada de Damocles de ser removidos arbitrariamente, sin más derecho que a agregar la experiencia laboral en sus currículos para buscar un nuevo empleo, hoy pueden recurrir a la justicia, ya sea por intermedio de Recursos de Protección o por vía ordinaria, a través los Juzgados de Letras del Trabajo, para cautelar sus derechos garantizados por la Constitución y la ley.

La feble figura contractual de funcionarios a honorarios y a contrata se ha constituido en un abuso a trabajadores que, de acuerdo con recientes fallos de la Corte Suprema, deben homologarse a trabajadores de planta y, por lo mismo, con similares derechos.

Nuestra Administración Pública contempla cuatro tipos de contratos: de planta, que equivale a un contrato indefinido; a contrata, que equivale al contrato de plazo fijo, (cerca del 60% de los funcionarios públicos); código del trabajo, que se rigen por él mismo y, contrato a honorarios, que tiene un contrato temporal que puede acabarse en cualquier momento, en términos legales.

En noviembre de cada año los funcionarios públicos son evaluados (puede ser semestral, de corresponder). Esto es lo que pasó justamente este 30 de noviembre, en que se evaluó el desempeño de los trabajadores a contrata. Pero los criterios establecidos para tal evaluación dicen relación con aspectos objetivos, uno de ellos la calificación obtenida por el funcionario. En este caso, ese criterio no se aplicó, pues se despidió a trabajadores de escala 1 y 2, que corresponde a funcionarios valiosos para el organismo.

Miles de demandas

La circular del actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, termina con una fatídica frase: “Las presentes instrucciones reemplazan a todas aquellas que se hayan dictado anteriormente sobre la misma materia”. Se refería a la Circular 35, que obligaba a que “las eventuales no renovaciones de las contratas deben estar limitadas sólo a casos debidamente fundados y acreditables sobre la base de que concurran criterios objetivos, que impidan discriminaciones arbitrarias en el ejercicio de las facultades correspondientes…”. Esto es importante, pues abrió la puerta a estos miles de despidos arbitrarios.

Lo que Larraín y Piñera paren no recordar es que la Cuarta Sala de la Corte Suprema determinó que los funcionarios públicos también pueden utilizar el procedimiento de tutela laboral para defender sus derechos ante un caso como el despido. Los Juzgados de Letras del Trabajo, entonces, son competentes para conocer las acciones ejercidas por un funcionario público que denuncia una conducta de su empleador que, a su juicio, afecta sus derechos fundamentales.

No ha sido el único fallo, otros han establecido además que, si un empleado público es despedido irregularmente o no se les renueva el contrato y lleva más de dos años en alguna repartición estatal, los tribunales pueden reconocer la relación laboral como indefinida. El trabajador de este caso debió ser reincorporado a la repartición gubernamental.

Menudo gastadero de plata se le avecina al gobierno de excelencia, dinero que saldrá del bolsillo de todos los chilenos.