Dada la política de despidos aplicada por el gobierno de Piñera en el aparato público, más de 700 personas a honorarios o a contrata del sector público han demandado al fisco por despidos invocando el Código del Trabajo, algo que no procede según el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Dicha institución atendió entre el 1° de enero y el 30 de noviembre de 2018, 774 causas contra organismos públicos debido a este tema. Los tribunales han dictado sentencia en 152 de esas causas, lo cual ha implicado un desembolso por parte del Estado de $645.763.093. Según cifras del CDE, de ese número de acciones legales presentadas en los tribunales laborales en el 55,9%, el CDE ha ganado en representación del Estado. En el 17,7% ha perdido y en el 26,3% ha acordado una transacción con el demandante. El CDE destaca que el Fisco solo ha pagado el 10% de lo demandado en esas 152 causas, es decir $ 645 millones.

Las consecuencias para el sector público serían graves porque no está preparado para enfrentar una ola de despidos tan grande teniendo que pagar indemnizaciones o regresar a sus puestos a las personas despedidas que, en su gran mayoría obedece a razones políticas.

María Eugenia Manaud, presidenta del CDE, se refirió al tema en el N° 70 de la revista editada por el Colegio de Abogados de Chile: “Eso está causando graves consecuencias para el sector público, en materia de indemnizaciones nunca previstas para el alejamiento de la función, de órdenes de reincorporación de funcionarios desvinculados de la Administración Pública y de las Fuerzas Armadas”.

Según el diputado Mario Desbordes (RN): “Hay un cambio de criterio en la Contraloría y en Tribunales. Cuando llegó Michelle Bachelet a su segundo mandato, a los trabajadores públicos que venían desde el gobierno de Sebastián Piñera los desvincularon sin más trámite. Ahora, en dictámenes o sentencias se ha modificado el criterio que permitía desvincular a los contrata por ‘no ser necesarios sus servicios’ o a los honorarios sin mayor explicación y lo mismo los cargos de confianza. Hoy, un contrata con dos años de contrato debe ser tratado como si fuera un contrato Código del Trabajo indefinido, y eso no está en ninguna parte en el Estatuto Administrativo”.

Para el abogado Héctor Humeres, magíster en Derecho Laboral por la Universidad de Chile y profesor en esa misma casa de estudios: “Desde que la cuarta sala de la Corte Suprema cambió drásticamente su composición, en el año 2014, adoptó una visión garantista en materia laboral. Hay una serie de principios que orientan la dogmática y la legislación laboral, uno de ellos es el principio pro operario, que significa que en caso de duda se pasa a favorecer al trabajador. Lo que ha hecho esta sala, especializada en laboral, ha sido reinterpretar estas normas más a favor del trabajador, y eso provoca un desequilibrio en el caso de los empleados públicos y la gran consecuencia que eso ha tenido es que le ha causado un fuerte impacto económico al Estado de Chile”.

Acciones de tutela

Explica que el fallo del TC se basa en otro principio del Derecho, llamado primacía de la realidad, que ha llevado a la “Corte Suprema a interpretar el artículo 1 del Código del Trabajo, de forma desmedida”. El abogado señala que estas acciones de tutela suelen tener un desenlace rápido en general y suelen ir asociadas al pago de indemnizaciones, es por ello que los funcionarios recurrirían a esto y no a las otras tres vías que sí tienen definidas para obtener algo parecido a lo que la tutela les brinda, como lo son: la reclamación administrativa ante la Contraloría General de la República, acudir a la Corte de Apelaciones con un recurso de protección o intentar una nulidad de hecho público.

A modo de ejemplo está el caso ubicado en el Juzgado Laboral de Antofagasta. El 13 de noviembre de 2018 emitió un fallo que condena al Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) a pagar una indemnización total de $26.248.939, debido a “un despido de funcionario por razones políticas”. La persona en cuestión se encargaba del área de comunicaciones y fue desvinculado en junio pasado.

Indemnizan a funcionario del Injuv

En el propio fallo se explica que el funcionario “ingresó a prestar servicios al Injuv, bajo el mandato del gobierno de la coalición denominada Nueva Mayoría, y además que era público y notorio la participación del actor en actividades de apoyo público y en redes sociales que había efectuado en sus tiempos libres, a favor del candidato presidencial Alejandro Guillier, como también del candidato a diputado Luis Caprioglio, solicitando incluso permiso de una semana sin goce de sueldo para brindar apoyo a su campaña”.

 

Argumento que no ratificó su postura como hombre de confianza, sino que más bien fue utilizado como causa de la violación de sus derechos. “El funcionario demandante fue nombrado como tal en la Administración anterior y que es simpatizante de un determinado Partido Político opositor al actual Gobierno, dado que se atribuyó una confianza que no tenía con fin de poner término a su contratación. En ello, que existe un trato discriminatorio, puesto que la nueva autoridad administrativa, separa, excluye al trabajador de su trabajo habitual, sobre la base que éste no puede desarrollar sus funciones por sus lineamientos políticos”, consigna el fallo.

 

En consecuencia, el Injuv debe pagar: $11.896.308, por concepto de indemnización de 6 remuneraciones conforme al artículo 489 del Código del Trabajo; $13.019.848, por lucro cesante, por las remuneraciones a que tenía derecho el actor en virtud de su nombramiento a contrata, entre el 14 de junio al 31 de diciembre de 2018; más la suma de $ 1.332.783, por concepto de feriado.

 

El 22 de junio de 2018, Javier Aguilar Lema ingresó en el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago una demanda laboral en que exigía al Estado el pago de $ 50 millones tras ser despedido de la administración pública.

 

Desde junio de 2015, el periodista era parte del equipo de prensa del entonces subsecretario del Trabajo Francisco Javier Díaz, un reconocido militante socialista. Durante tres años, Aguilar gestionó las comunicaciones y actividades de las autoridades de la cartera del Trabajo, labor por la cual recibía un sueldo mensual cercano a los $ 2,8 millones.

 

Sin embargo, el 19 de abril su situación laboral cambió: “Era sabido por los funcionarios de la Subsecretaría del Trabajo que mi representado, si bien no tiene militancia política, era simpatizante del gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, y que la llegada al gobierno de Sebastián Piñera no le agradaba. Pues bien, esta simpatía, finalmente, le costó su salida de la Subsecretaría del Trabajo”, detalla la demanda que interpuso.

 

Su despido dio paso a una batalla judicial en materia de tutela laboral, en la que el profesional acusaba haber sido discriminado y despedido injustificadamente por el gobierno entrante, haber sufrido daño moral y la vulneración de garantías constitucionales. El caso fue analizado por el tribunal laboral durante cinco meses, el que finalmente le dio la razón y ordenó al Fisco a pagar $ 36.677.039 al periodista despedido.

Los Tribunales de Justicia también han notado el exceso de causas de ex funcionarios contra el Estado. Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema, aseguró a La Tercera que existe preocupación en el máximo tribunal por el alto volumen de casos que ingresaron en 2018.

 

“El sistema de justicia laboral, que opera muy bien en Santiago, tiene muchísimo atoche. Evidentemente, el conflicto laboral ha aumentado, está este tema nuevo de los funcionarios estatales dentro del sistema del Código del Trabajo, pero hay un atoche que es bastante notable. Se están haciendo intentos por revertir esa situación”.

 

Paralelamente, los tribunales comenzaron a acoger la doctrina de 2016 del contralor Jorge Bermúdez sobre la denominada “confianza legítima”. Este criterio establece que los funcionarios a contrata -quienes representan el 70% de los empleados públicos, pueden ser considerados en la práctica funcionarios “de planta” si cumplen tres años en sus cargos; es decir, han sido ratificados en dos ocasiones por sus jefaturas.

El nuevo presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) José Pérez  en conversación con Cambio21 explicó parte de la estrategia organizada para afrontar los despidos que se vendrían con la llegada de la derecha al gobierno. De hecho este miércoles se reunirán con el Ministerio de Hacienda para ver los avances de la mesa del sector público.

 

El dirigente advierte que “no estamos dejando abandonados a nuestros compañeros, seguimos dando la pelea y tenemos un mandato para revertir estas situación de despidos que son arbitrarios, injustificados”.  

“Desde el 3 de enero de 2018 cuando ya teníamos el resultado de la elección presidencial decidimos anticiparnos, a propósito de la experiencia que tuvimos  con este gobierno el 2010, cuando se despidieron casi 12 mil trabajadores a honorarios y contrata. La ANEF buscó forzar una negociación en relación a buscar, no un acuerdo caprichoso del empleo sino que respetar la defensa del empleo público como un eje estratégico de la ANEF”.

“También pusimos en atención a los equipos jurídicos, dirigentes sindicales, las asociaciones, la ANEF, Confederación, porque no podemos permitir descriterios. Nosotros defendemos servicios estratégicos porque o si no desmantelan el servicio público. Por ejemplo al Servicio de la Mujer y equidad de género, en la Región Metropolitana despidieron un equipo completo  de profesionales, más de 20 años de servicio que tienen a su cargo las políticas de este servicio y entonces, quién se hace cargo. En Indap desmantelan la gestión estratégica,  que se conoce en ese servicio, que viene siendo el área de planificación. También despidieron a todos los funcionarios”.

La Municipalidad de Maipú, que dirige la UDI Cathy Barriga es uno de los casos con centenares de despidos realizados por la alcaldesa Cathy Barriga. Según datos conocidos más de mil personas en casi un año de gestión han sido desvinculadas y casi 20 mil millones en demandas.

 

Al respecto el concejal Erto Pantoja precisó a Cambio21 que “son demandas que nosotros no hemos aceptado como concejales porque cuando asumimos nuestros cargos advertimos que venía esta racha de despidos y de hecho nos paramos y llenamos de carteles diciendo que no queríamos más despidos: uno, por los despidos mismos porque también fueron situaciones en fechas demasiado sensibles, Pascua, Año Nuevo,  y que eran trabajadores fantasmas según la alcaldesa, pero resulta que no era así, eran trabajadores de verdad y no que se los hubiera dejado el ex alcalde Vittori sino que habían trabajadores que llevaban 15, 10 y hasta 20 años en el municipio”.

 

El actor y concejal explicó que tampoco aceptaron que se siguieran haciendo transacciones extrajudiciales que significa que, “supuestamente lo que nos vendía el municipio era que, un trabajador tanto cobraba 20 millones por indemnización  y ellos lograban llegar a 6 millones  transando y evitándose así el costo  de los abogados  y los años de tramitación de las causas. Pero nosotros como concejales somos codeudores solidarios  de todo el patrimonio del municipio de Maipú por lo tanto, estamos pensando en los trabajadores  despedidos, pero también  en el patrimonio municipal  y con esta descabellada idea de despedir a tanta gente y lo ha seguido haciendo, porque es demencial la cantidad de acuerdos extrajudiciales que tiene  y con ello el patrimonio municipal está en riesgo. La verdad que no llegó a entender, a estas alturas, que siga despidiendo gente”.