Por María Cristina Prudant
Algún organismo responsable de nuestro país puede decir cuánta fue la cantidad de plata que sacó de Chile, en 20 años, el grupo económico Laureate, que ahora se fue del país, que nunca pagó impuestos, y era enviada a la Sociedad Laureate Trademark BV, registrada en un paraíso fiscal en Holanda. Ninguno. Las únicas cifras conocidas surgieron cuando este grupo económico se inició en la Bolsa de Nueva York. En la documentación presentada estaba incluido que desde Chile habían sacado, hasta ese momento, 514 millones de dólares todos los años de tres universidades y dos institutos.
Esas universidades son la Andrés Bello, la Universidad de Las Américas, la Universidad de Viña del Mar, el instituto AIEP y la Escuela de Música y Danza
Todo de manera ilegítima, usando y abusando de franquicias educacionales y otras, sin control ni fiscalizaciones, innecesarias, que no se justificaban. Las universidades debían pagar por servicios de asesorías académicas, cursos y transferencia técnica, en algún caso una suma determinada por cada alumno matriculado. Todos mecanismos jurídicos destinados a desviar los excedentes y lucrar.
Además, se refugiaron siempre en que Laureate entró sus recursos a Chile por una clausula especial de inversión extranjera y ese fue su escudo protector para no respetar las normas y reglas que Chile tenía para la educación superior, que no permite el lucro, que estaban vigentes desde la época de Pinochet. Entonces, ¿cómo llega un grupo económico y pasa a llevar la ley chilena para beneficio propio? Solo con una red de protección en el país que recibió beneficios económicos a cambio de no avanzar en ninguna investigación hasta conseguir un resultado definitivo y aplicar las respectivas multas. Además, la presión más importante que tenía el grupo Laureate para ejercer era la elevada matrícula que actualmente alcanza al 15% de la educación superior en el país.
Fundación Educación y Cultura
Laureate argumenta en su declaración pública, en la que da a conocer que se van del país, que han cambiado las regulaciones y hay una discusión por una nueva Constitución. Obvio, Chile cambió tras el estallido social y a ellos hace un tiempo se les complicó el panorama sobre todo por las denuncias tanto del alumnado como de algunos parlamentarios que empezaron a exigir mayor transparencia y terminar con el lucro. A la larga, tras las modificaciones tributarias estarían obligados a pagar impuestos y tampoco sería llegar y llevarse la plata del país. Asimismo, el Ministerio de Educación tiene otras exigencias que ya no pueden evitar que se cumplan.
La noticia de la partida de Chile llegó desde Estados Unidos, donde el grupo comunicó que transfirió el control de sus planteles a la Fundación Educación y Cultura, entidad presidida por Jorge Selume Zaror, (UDI) ex Director de Presupuesto de la dictadura y que cuenta con la participación de Juan Antonio Guzmán Molinari (UDI, ex ministro de Educación también de la dictadura).
Si bien las universidades fueron traspasadas, Laureate vendió otros dos planteles: el instituto profesional AIEP fue vendido a la Universidad Andrés Bello en US$ 214,6 millones, y el instituto profesional Escuela Moderna de Música fue adjudicado a la misma fundación, en US$ 3,6 millones.
La magnitud de esta operación financiera queda patente en las cifras de sus instituciones: la Universidad Andrés Bello es la más grande del país, con 49 mil alumnos. AIEP es la segunda institución de educación superior más grande del país, con 91 mil estudiantes. Y la Universidad de las Américas suma otros 23 mil jóvenes.
En total, las cinco instituciones involucradas en esta operación suman 173 mil estudiantes.
En todo caso, llama la atención que previo a este anuncio, hace algunas semanas Laureate ya había “corregido a la baja la valorización de sus operaciones en Chile, como consecuencia de las nuevas regulaciones para el sector y las incertidumbres existentes en esta materia” según señaló el holding.
Lo llamativo es que vendió AIEP a la Universidad Andrés Bello en una suma elevadísima y muchos que conocen las finan zas de esa casa de estudios se preguntan cómo pudo comprar el instituto profesional. Qué parámetro se ocupó para valorizarlo. Cómo se paga. Cuánta plata le sacaron a la caja de la Andrés Bello para hacer esta operación. Cuánto crédito le pueden haber cargado, qué contratos quedaron amarrados. Múltiples preguntas que debieran ser aclaradas a la brevedad por los organismos pertinentes como el Ministerio de Educación.
La oscuridad con que se manejó Laureate en el país, deja muchas incógnitas. Por ejemplo, qué pasó con la inmobiliaria de la Universidad Andrés Bello, que antes que entrara Laureate era dueña de determinados bienes raíces, al igual que la de las Américas, la de Viña del Mar que eran dueñas de bienes raíces. Y Laureate constituyó una inmobiliaria y sacaron todos los bienes raíces y los aportaron a esta inmobiliaria denominada IESA, quedándose como dueña de un 25 o 30% sin aportar nada sino que, valorizó su gestión, que no procede pero lo hicieron, según comentan quienes conocieron esa operación comercial.
Desde ya la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, se envió un oficio a la Subsecretaría de Educación Superior para que informe acerca del traspaso de los planteles de Laureate a una fundación.
"Ahora que se abre por primera vez un debate democrático sobre el futuro del país y la recuperación de nuestros derechos y ahora que eliminamos del boletín comercial a los endeudados por estudiar, no quedan dudas de que el interés de lucro estaba en Laureate, muy por sobre todo", a sostuvo la diputada y expresidenta de la Comisión de Educación, Camila Rojas (Comunes).
La parlamentaria dijo que "la preocupación inmediata es por el futuro de los trabajadores y estudiantes", por lo que anunció que "tomaremos todas las acciones que sean necesarias. En lo inmediato, pondremos el tema en la Comisión de Educación para llamar la atención de la Subsecretaría de Educación Superior".
En tanto, el diputado Luis Pardo (RN), también integrante de la Comisión de Educación, dijo que luego del anuncio de Laureate "solo corresponde ahora que la Superintendencia de Educación Superior supervise lo que es el traspaso de la propiedad de las distintas universidades e instituciones superiores a la fundación sin fines de lucro que va a asumir el rol de sostenedor".
Desde los estudiantes, la presidenta de la federación de la UVM, Daniela Manríquez, reconoció que "este abandono y traspaso de Laureate generó bastante incertidumbre entre los estudiantes, desde el positivismo de quizás poder optar a la gratuidad hasta el punto contrario del cierre de la universidad".
Diputado Mario Venegas: "Nunca pudimos probar nada
El diputado Mario Venegas, (DC) integrante de la Comisión de Educación de la Cámara señaló a Cambio21 que por años estuvo detrás de investigar lo que eran las inversiones del grupo Laureate en Chile, “es más llegamos a la conclusión con nuestros colaboradores entre ellos abogados tributaristas que ellos estaban violando la Ley porque hacían pasar una serie de contratos que tenían con las empresas, es decir, su modelo de gestión de negocios estaba al borde y nosotros estábamos convencidos que violaba la Ley chilena. Incluso los excedentes que enviaban a Estados Unidos sacaban ese dinero y lucraban, ellos lo declararon. Recuerdo que cuando salieron a la Bolsa en Estados Unidos, en el propio documento declaraban que habían tenido retiros desde Chile del orden de 535 millones de dólares”
Añadió que “el solo hecho que lucraran y además la estructura de negocios, los contratos que tenían, que no pagaran los impuestos, etcétera hacían que fuera bien irregular el modelo de negocio de ellos. Además, el solo hecho que fuera un solo grupo inversor como por ellos mismos es reconocido, lo que es propio de un grupo inversor es obtener utilidades y entonces, en el ámbito de la educación en nuestro ordenamiento jurídico se dice que no se puede lucrar. Asi es que por años fuimos con el director de Impuestos Internos, con el fiscal nacional solicitamos la investigación del Ministerio de Educación que, finalmente se diluyó y terminó dándole una sanción menor”.
“Pero lo que queda en evidencia es que al final nosotros teníamos razón porque, precisamente si usted se fija en las razones que ellos esgrimen para irse y abandonar el país, es porque a su juicio cambiaron las reglas y lo que viene, la amenaza del cambio constitucional dejó de ser un mercado “atractivo” para ellos. Todas estas instituciones se manejaban desde paraísos fiscales, Holanda y otros. Yo creo que es como predecible que cuando cambiaron las condiciones ya el negocio no era tan atractivo, ni rentable se fueron” comentó.
En todo caso, Venegas cree que “la solución es la menos compleja porque nosotros nos preguntábamos si lográramos acreditar que ellos están incumpliendo la Ley cuál es el colapso que podría tener sobre un universo de más de 173 mil estudiantes. Y ahora eso ya no pasó, no fue traumático porque la entregaron a una fundación sin fines de lucro. Tal vez lo único que nos explica por qué había tan frondosa red de protección para el grupo, es que dos connotadas figuras de la dictadura son quienes aparecen haciéndose cargo de esta nueva fundación, Selume y el ex ministro de Educación, Guzmán”, dice Mario Venegas.
De las investigaciones que se hicieron no hubo resultados positivos. En ese sentido, el diputado afirmó “nada, absolutamente nada. La Fiscalía no pudo avanzar porque requería que Impuestos Internos se hiciera parte. Le pedimos que investigaran pero tuvieron una opinión distinta. El Ministerio terminó entregando un informe y el grupo tenía que responder a todas las irregularidades que señaló el Informe del Ministerio y después cambió el gobierno y hasta ahí quedamos”
En su opinión “lo único positivo que el grupo se fue de Chile y no afectó a los estudiantes. Ahora depende de la gestión de esta Fundación”
“La Universidad Andrés Bello compró la AIEP, ¿cómo pudo?..."
La ex ministra de Educación, Adriana Delpiano en entrevista con Cambio21 precisó que cree que la “Ley de Educación Superior que se aprobó en el Parlamento fijó criterios muy claros de que la Educación Superior en Chile es sin fines de lucro y puso una serie de condiciones. Si alguien quiere poner una Universidad tiene que ser una personería jurídica sin fines de lucro y en los sostenedores, es decir más arriba, tampoco puede haber empresas relacionadas unas con otras”
Según comentó “lo que tenía Laureate es que entró sus recursos a Chile por una clausula especial de inversión extranjera y eso fue lo que más dificultó todo lo que era el proceso de que se atuviese a las normas y a las reglas que Chile imponía para la Educación Superior, que son vigentes desde la época de Pinochet, sea dicho de paso, eso no fue una creación de la democracia sino que ya cuando se permitieron las universidades privadas, no sé por qué razón, pero en la dictadura se estableció que la Educación Superior era sin fines de lucro”
La ex ministra explicó que “la manera en que se generaba este lucro era por puras empresas relacionadas, es decir le vendían programas de inglés, se pagaban los arriendos de los locales, en fin muchas cosas que, no fueron las únicas que lo hicieron, pero las otras fueron investigadas y sancionadas y una de las cosas más importante de la reforma fue crear la Superintendencia de Educación Superior, que nunca existió. Entonces, el Ministerio contaba con un aparato relativamente débil para poder hacerse cargo de la Educación Superior que había crecido, eran 300 mil alumnos no hace tanto tiempo y se había multiplicado por cuatro, o sea, tenemos un millón 200 mil estudiantes en la Educación Superior y el aparato y el sistema público para hacerse cargo de los miles de problemas que eso genera era muy débil”
“Y yo creo que el haber dejado por Ley establecidas las normas ha tenido también un impacto en que hoy sean traspasadas las universidades, la Escuela de Música también a una Fundación sin fines de lucro. A mí me parece que eso es un gran avance, sin lugar a dudas” manifestó.
Hay quienes creen que con el tiempo, como no se conocen los pormenores de esta negociación de Laureate para deshacerse de sus universidades, surjan inconvenientes y finalmente, el Estado chileno tenga que hacerse cargo porque podrían pedir acogerse a la gratuidad. Al respecto, la ex ministra aclaró que “no es llegar y solicitar la gratuidad para las universidades. Bueno, cualquier universidad que tenga cierta cantidad de años de acreditación y que cumpla con ciertos requisitos puede postular, lo otra cosa es si hay recursos para poder hacerlo, pero puede postularlo. De hecho, cuando se creó la gratuidad originalmente se pensó para las universidades del Estado, pero eso no fue posible, no hubo votos para eso. Entonces, ahí se pusieron condiciones; universidades con calidad, tanta cantidad de años de acreditación, universidades que hicieran investigación, vinculación con el medio, docencia, en fin con todos los elementos de una buena universidad y que, efectivamente no se pudiera comprobar ninguna falla económica, etcétera”
“Hoy día, existe una Superintendencia para poder fiscalizarlo. Esa es la tarea de la Superintendencia. Entonces, no tendría por qué haber una caja oscura porque el Estado dispone hoy día de instrumentos y de posibilidades para pedir antecedentes, investigar y sancionar si corresponde. Hoy tienes un marco legal y una institucionalidad que le permite hacer eso que era muy difícil antes” destacó la ex ministra de educación.
