Por Mario López M.

Centros que emiten informes periciales para tribunales de familia, no poseen ningún control e incluso recomiendan a jueces qué fallar. Piden terapias (pagadas) para que padres, niños y familiares las hagan ante ellos mismos.

Madres y padres que sienten que no solo no se les cree sino que no existe un equipo de profesionales idóneo a cargo de los casos y lo peor, es que los jueces se basan en ellos al momento de resolver, transformando a los niños en trofeo de combate.

Al revisar decenas de causas en tribunales no solo de Santiago, las que han llegado a conocimiento de Cambio21 a raíz de una serie de reportajes acerca de graves errores judiciales que han terminado entregando a hijos a padres abusadores sexuales en castigo a las mamás porque estas se niegan a las visitas del abusador, varios hechos han llamado la atención. También se denuncia que acusaciones al voleo dañan a padres y a niños.

Se repiten los tribunales que sancionan a las madres o padres basados en informes a medida, no le creen a los niños, entregan las pericias a los mismos centros psicológicos donde se reiteran los copypaste de los informes en que solo se cambian nombres (y a veces ni siquiera eso), igualmente los argumentos parecen calcados en sus citas y más.

La panacea que no fue…

En 2013 se dictó la ley 20.680, que vino a modificar varios textos legales y que respondiendo a nuevas doctrinas, le otorgaba al padre y a la madre el derecho de compartir el cuidado de sus hijos. Hasta esa fecha, ella solo correspondía ante la separación de los progenitores a la madre, la que solo lo perdía ante situaciones que pusieran en peligro a los niños u otras causas graves que vulneraran a los hijos.

Hasta ahí todo bien, porque naturalmente resultaba un gran apoyo que el padre cooperara en el cuidado personal y compartiera de manera más activa en la formación de los hijos, rompiendo la máxima de “la mujer a la casa y el hombre al trabajo” o aquel que daba a la madre el rol de labores de casa y al hombre el de proveedor. Los tiempos han cambiado y hoy muchas mujeres son el sostén económico del hogar. Pero, lamentablemente hay más de un pero…

“Esta ley supuestamente fue creada para tuiciones compartidas, pero finalmente se utiliza en las separaciones conflictivas, los hijos pasan a ser un trofeo, un factor que se utiliza más para atacar a las madres que para tener la tuición de los niños”, señala Claudia Astorga a Cambio21, vocera de la organización “Madres de Chile”, nacida justamente con el fin de brindar protección a niños abusados sexualmente en el entorno familiar y que por graves errores judiciales son entregados a padres abusadores y además para apoyar a madres, también victimizadas por sus ex cónyuges o parejas y los tribunales.

La otra cara de la moneda

Al frente, una organización “Amor de papás”, que reclama justamente lo contrario, que la ley terminó no cumpliéndose, que las madres abusan de denuncias infundadas y que los tribunales están prejuiciados en contra de los padres, señala a Cambio21 el líder de esa organización, el periodista David Abuhadba.

La ley presumía que los padres ante la separación matrimonial, teniendo a la vista el interés superior del niño iban a priorizar en el acuerdo acerca de cómo compartir el cuidado personal y los deberes formativos y económicos consecuentes. Eso era lo ideal, pero la realidad muestra que muchos matrimonios se quiebran de manera no amistosa y eso se refleja en arduos juicios y además que existen conductas abusivas que afectan, generalmente, a la mujer y a los niños, de acuerdo a todas las estadísticas serias.

“Si la tuición compartida no es de mutuo acuerdo, cualquier padre puede demandar el cuidado personal. Lo que implica empezar un largo proceso judicial, para que un juez decida, como en una competencia, quien se queda con el cuidado de los hijos”, indica Claudia Astorga.

El vía crucis de la madre juzgada

Allí comienza el calvario de la mamá que no tiene recursos. En los hechos el interés superior del niño, principio básico que busca proteger a estos, no es el que está a la vista ni en juego en la mayoría de estos casos.

“Todo esto es un arma judicial dañina para las mujeres, es una amenaza constante debido a que los padres en cualquier momento y sin ningún argumento pueden pedir el cambio de tuición (nueva vida con pareja, para vender la casa común, rebajar la pensión de alimentos o la limpieza de imagen en caso de abusadores). Si se los lleva el padre desde la casa común, por ejemplo, la casa no se podrá declarar bien familiar y luego se puede vender y eso ligado a que muchas mujeres son dueñas de casa y no perciben remuneración, las deja literalmente en la calle”, señala la vocera de Madres de Chile.

“Una como madre se enfrenta a un proceso Judicial como demandada lo que nos obliga al pago de altas sumas en abogados, pericias, pérdidas de trabajo por constantes permisos para acompañar a nuestros hijos a peritajes e incluso propios, tener que asistir obligatoriamente  a las reiteradas audiencias de juicio, etcétera. Todo ello con una fuerte carga emocional frente a la sola posibilidad de la pérdida de la tuición, en casos en que por ejemplo, no se toman en consideración situaciones especiales, como los antecedentes de abuso sexual en contra de uno o más de los hijos que constan en la causa, bajo el argumento del juez  que ‘mientras los tribunales de garantía no condenen, ellos no pueden hacer nada’”, señala Astorga.

Desvalidas judicialmente

Por regla general la madre llega a responder de una demanda que busca quitarle el cuidado personal de sus hijos, recién enterada un par de días antes de la audiencia (…) se agrava mucho más cuando las madres han sufrido maltrato habitual, ya que por miedo realizan denuncias tardías pensando que con la separación el maltrato se acabará. Luego, enfrentadas al proceso judicial, dan a conocer los maltratos de que han sido víctimas pero tanto los jueces como los consejeros técnicos lo ponen en duda ya que no hay denuncias previas que avalen lo dicho, llegando incluso a argumentar despecho y problemas propios de una separación”, señala Astorga.

En el mismo sentido Christián, un padre que sufrió en carne propia una denuncia -que tribunales declararon más tarde injustificada- de abusos sexuales y que le llevó a perder el poder ver a su hijo por largo tiempo, debió pasar por el doloroso camino de psicólogos de centros a los que tribunales piden pericias, consejeros técnicos que imposibilitaron que accediera a su hijo a pesar de una sentencia de la Corte que ordenaba su revinculación.

Cuando el abuso no deja huella en un menor, creer que ello aconteció,  es una cuestión muy delicada y subjetiva. La madre le cree al niño, este declara lo que percibe, el padre niega los hechos, el juez y los auxiliares de justicia no poseen las capacidades técnicas o responden estos últimos al que mejor paga, han llevado a la ley a una crisis que el legislador ni las partes presumieron acontecería, pero está ahí y es necesario hacer algo al respecto.

El “pecado”

Por los juzgados de familia no “se toman en consideración casos especiales, como los antecedentes de abuso sexual en contra de uno o más de los hijos que haya en la causa, mientras los tribunales de garantía no condenen al padre abusador (…) las madres que han creído en los dichos de sus hijos, los informes periciales y visto el cambio de sus conductas, para protegerlos frente a la develación de una abuso sexual, no favorecen las visitas con el agresor mientras se inicie el proceso de fiscalía”. Ello es considerado una falta grave por los tribunales de familia que sancionan a la madre quitándole los niños y entregándolos al padre, justamente el acusado de abusos.

Si no quedaron huellas físicas del abuso, la causa no prosperará. El niño no es creído, la madre es acusada de influenciar al hijo y los peritajes son desacreditados por otros peritos que crean una duda razonable que inhibe que exista formalización y menos aún condena. Entonces, más allá de la realidad se asienta otra “realidad”, la de los jueces, que anteponen el principio de inocencia al principio de protección superior de los niños. “Al no perseverar las denuncias en fiscalía por el alto estándar probatorio, los tribunales de familia presumen inocencia del padre obligando a madres e hijos a procesos de revinculación forzados con el agresor. Y el incumplimiento lleva a la pérdida de tuición de la madre y al peligro de nuevos atentados en contra de nuestros hijos”, recalca Claudia Astorga.

“Ojo que la madres recién interrumpen las visitas cuando el niño, niña o adolescente develan los abusos de que han sido objeto por parte del padre y es ahí donde buscan profesionales idóneos que apoyen. Los colegios e instituciones privadas no respaldan a las madres en sus denuncias, solo lo hacen cuando son citados a declarar. Las instituciones a las que asisten los sectores medios y medio altos no se comprometen en el proceso de denuncia, cuidan su imagen más que protegen a los niños”, denuncia.

¿Y el padre que es acusado de violentar a su hijo o hija y no lo ha hecho, siendo denunciado por una errónea lectura de la conducta de los niños o derechamente mala fe, acaso no muere un poco? Se pregunta el abogado experto en familia Jaime Reyes, quien dijo a Cambio21 haber tenido la visión de ambas caras de la moneda, padres abusadores contra los que debió querellarse y madres que faltaron a la verdad en sus denuncias.

Justicia tarifada

“Tenemos casos de madres que tienen nuevas parejas y los padres al enterarse piden el cuidado personal. Al ser dueñas de casa no tienen dinero para enfrentar un juicio v/s los hombres que sí. De algo estamos claras, la madre está dispuesta a perderlo todo por sus hijos. Uno daría la vida por protegerlos”. Para peor, al quitarles el cuidado no existe ningún organismo o institución que vele o proteja a los niños. Se les suspenden los tratamientos, se les cambia de colegio, se suspende las visitas a las madres y los padres adquieren un poder avalado por los tribunales. Tenemos casos en que los niños o niñas o adolescentes deben tomar antidepresivos para sobrellevar el cambio de tuición, incluso han llegado han atentado con su vida”, señala la vocera.

“Muchos padres hacen constancias  falsas de incumplimientos en carabineros de que sus hijos no fueron entregados al momento de visitarlos, estos son presentados en tribunales de familia   y cuando la madre se entera no hay como desmentirlos.  Con el paso de los años se ha utilizado la ley no para tuición compartida, sino para cambio de cuidado, para manipulaciones muchas veces con motivaciones económicas más que parentales o de cariño”, se lamenta Claudia Astorga, quien concluye que “Esta nueva ley castiga y juzga a las madres y no protege a los niños, niñas y adolescentes vulnerando sus derechos”.

La crítica en contra del sistema la comparte David Abuhadba, ello acontece “por la falta de organismos auxiliares en la justicia de familia, que adolece de buenos profesionales, que conozcan de partida la ley, porque mucha hay gente que la desconoce”, señala. Muchas veces los centros que realizan las pericias (pagadas, donde puede costar hasta un millón de pesos la gracia por lo bajo), en sus informes exceden el mandato que les otorga el juez, llegando incluso a sugerirle a estos cómo deben fallar.

Pero además aseguran su propio negocio, realizando “revinculaciones y reparaciones juntas, siendo inmensa la cantidad de dinero que allí se paga”, señala una mamá que pasó por ese periplo en Nova Sum, la cuestionada organización dirigida por Andrés Aldunate, la principal denunciada por los padres y madres entrevistados por los copy paste, ausencia de grabación de las sesiones, recomendación de más de ellas u otras terapias para desarrollarlas ellos mismos, lo que al menos escapa a cualquier valoración ética en el tema.

Niños, padres y hasta abuelos o parejas de uno o ambos padres son obligados a asistir a terapias pagadas. No existe un organismo independiente, organismos públicos, que realicen algún tipo de control sobre estos centros o profesionales, “normalmente jóvenes sin experiencia que son sacados de las universidades, baratos en consecuencia y que los hacen leer un par de textos sobre la materia y los mandan a hacer informes”, denuncia el abogado Reyes.

Claro que Cambio21 encontró algo más durante esta investigación. Las verdaderas empresas que “lucran con el dolor” de padres y madres. Pero eso es materia de nuestro próximo reportaje a fondo.