Por Mario López M.

No se trata de un hecho que se haya producido solo como consecuencia del perdonazo al senador UDI Iván Moreira. Vienen incubándose por años las limitaciones impuestas a ambos fiscales, verdaderas persecuciones que intentaron repetidas veces sacarlos de la investigación de casos de corrupción.

Empresas, empresarios, políticos y funcionarios públicos corruptos están de fiesta. Se impuso la idea soterrada, hasta ahora, que esquilmar al fisco en impuestos mediante boletas y facturas ideológicamente falsas, recibir del Estado la devolución del 10% de prestaciones que nunca se hicieron y otras fechorías, que ahora no son delitos.

 “Comparándonos con otros países, estamos quedando muy atrás. Quienes tienen que hacer esos cambios –pro probidad y sancionatorias a delincuentes de cuello y corbata-, son quizás los que podrían ser más perjudicados. Es difícil que un legislador haga una ley que lo perjudique a él”. Este es parte del análisis que el fiscal Carlos Gajardo hizo al momento de presentar su renuncia al Ministerio Público, junto con el persecutor Pablo Norambuena.

Y su conclusión no se encuentra nada de alejada de la realidad, pues la renuncia a ejercer la acción penal sancionatoria en contra de quienes financiaron (caso SQM) y de quienes fueron financiados y emitieron documentos falsos para justificar los dineros que recibieron para comprar cargos o favores políticos, parece instalar de manera definitiva la impunidad en Chile y echa por la borda todo lo andado.

¿Qué hay de nuevo, viejo?

En 2014 Chile entero se remeció al descubrirse que tras operaciones aparentemente ejecutadas por delincuentes comunes, la falsificación de facturas mediante el mecanismo de dar por hechos trabajos que en realidad nunca se hicieron, defraudándose al fisco, -las que se llamaron “facturas ideológicamente falsas”- estaban metidos hasta el cuello conspicuos empresarios, importantes empresas y una pléyade de connotados políticos. El caso pasó de las manos de quien lo descubriera en su origen, la abogada Marisa Navarrete, de la oficina de Litigación Penal del SII, a un joven fiscal, Carlos Gajardo, quien dio en el blanco al encontrar la arista Penta-UDI.

Gajardo, desde la Fiscalía Oriente del Ministerio Público, armó un equipo integrado por los también fiscales adjuntos Pablo Norambuena y Emiliano Arias. Al principio dependían del fiscal regional Alberto Ayala, quien intentó en reiteradas oportunidades –casi sin éxito-, sacarlos del caso.

En una de esas intentonas y de manera inédita el entonces Fiscal Nacional Sabas Chahuán terminó asumiendo personalmente las causas, lo que dejó adentro a Gajardo y compañía, pero también afuera de la dirección de las mismas.

Se sumaron a Penta, Soquimich y Corpesca, todas marcadas por una misma cruz, la corrupción de personeros del aparato público –Congreso y Ejecutivo-, mediante el financiamiento ilegal de campañas.

Más tarde asumió en reemplazo de Ayala el fiscal Manuel Guerra y en paralelo asumía la Fiscalía Nacional el abogado Jorge Abbott. Último en la lista de los cinco postulantes al cargo hasta que dijo las palabras mágicas: los casos de financiamiento irregular de la política deben resolverse en sede administrativa, el SII, y no en sede penal, pues no constituyen ilícitos que deban perseguirse en tribunales. Un par de reuniones terminaron por catapultarlo al candidato favorito, el que logró la casi unanimidad de los parlamentarios, muchos de los cuales debían ser investigados por el mismo Ministerio Público.

Lento proceso de demolición

Ya antes había estado la renuncia al menos de Gajardo sobre la mesa en relación con los casos anteriores, pero los éxitos judiciales –formalizaciones e incluso algunas condenas-, auguraban que se podía seguir peleando desde adentro. No fueron pocos los sinsabores que debieron enfrentar en el curso de las indagatorias. Quitadas de pisos y de casos y hasta traslados fuera.

Las desmembradas investigaciones así como parte del equipo original yacían en distintas manos y lugares. Arias había sido defenestrado del caso Corpesca  por denunciar que había más empresas del sector involucradas en hechos ilícitos relacionados con la política. También fue enviado fuera de Santiago, lo que desarmó el equipo original.

SQM yacía en las manos de un fiscal de la V región, Pablo Gómez, a quien se le enrostraba su pasado universitario cercano a la UDI y  estar casado con una exministra del gobierno de Sebastián Piñera, justamente quien aparecía involucrado a través de algunas de sus empresas y de algunos de sus ministros y subsecretarios, cuyos nombres saltaron en el curso de las indagatorias.

El jefe de Gajardo y Norambuena nunca creyó en sus subalternos y siempre –al igual que Ayala-, buscó mostrar ante la opinión pública que era él quien mandaba. Abbott, por su parte, no escatimó esfuerzos por dejar clara su posición y predisposición a los perdonazos a políticos, llegando incluso a imponer ley mordaza a los fiscales a quienes prohibió –y sancionó- por informar a la opinión pública los casos sobre los cuales estaban a cargo. Bueno, no a todos, porque Gómez ha hecho uso y abuso de comunicar por la prensa sus decisiones, en especial de no perseverar en investigaciones, sin que se le haya representado su conducta.

Las gotas que rebalsaron el vaso

Sin embargo los sobrevivientes, Gajardo y Norambuena, siguieron dando batalla, confiados en que un reciente fallo del caso Moreira extendido con mayoría por la Corte Suprema, les daba la razón para continuar al interior del Ministerio Público. Al menos eso creían hasta que a fines de 2017 se desencadenaron una serie de acontecimientos que concluyeron hace pocos días y que pusieron fin a la carrera de los persecutores al interior de la repartición.

Justo en la semana de las fiestas de fin de año, en diciembre pasado, el fiscal Pablo Gómez informó a la opinión pública que había decidido no llevar adelante el juicio penal en contra de Soquimich, sino que le ofrecería una salida alternativa consistente en pagar una multa. No habría investigación y tampoco sanción. Al día siguiente, a través de la prensa, Abbott igualmente respaldaba la medida.

Ello influía sustancialmente en las causas que llevaban Gajardo y Norambuena. Si no era delito lo de SQM, absolutamente probado como ilícito, entonces todo el andamiaje de las investigaciones a su cargo amenazaban caerse. Un correo electrónico dirigido a Gómez plasmó su molestia.

Pero faltaba la estocada final. Su propio jefe, Manuel Guerra, el mismo que se había negado a exigir a Sebastián Piñera la entrega de correos que presumiblemente lo involucraban en el caso Exalmar y que lo sobreseyó abruptamente y sin terminar las investigaciones justo antes de las elecciones por ese caso y el de la Minera Dominga, había decidido sumarse a la doctrina Abbott-Gómez.

Optó, en contra de la voluntad de Gajardo y Norambuena –donde también existieron correos dando a conocer el desacuerdo de los persecutores porque implicaba impunidad-, por darle salida alternativa al desaforado senador Iván Moreira, confeso del ilícito por el cual se le juzgaba y quien, de acuerdo con fuentes cercanas a Gajardo, “no cooperó de modo alguno en otros casos de financiamiento ilegal que lo involucraban a personal de su confianza”.

El triunfo de la impunidad

Nada había por hacer, solo sería luchar en contra de la corriente y terminar avalando, al mantenerse en la Fiscalía, las que consideraban atrocidades jurídicas y pésimas señales al país. Una carta fechada el 19 de enero y dirigida a Abbott dio cuenta de las renuncias a partir del 31 de marzo del presente año de dos de los fiscales que llevaron al Ministerio Público a ser reconocido como la institución más transparente en el país.

En tres carillas recordaron lo que fue su paso por la institución hasta llegar a la investigación de los casos Penta, SQM y Corpesca. Allí rememoraron los primeros éxitos hasta que “decisiones administrativas de la Fiscalía de Chile nos fueron apartando progresivamente, primero del caso Corpesca y luego del caso SQM”, sostiene la misiva, la que continúa explicando que la gestión asumida por ellos implicó recuperar para el Fisco cerca de 30 mil millones de pesos y rebajar en al menos 5% la evasión tributaria, lo que igualmente implica miles de millones para el Estado. Además, los hechos descubiertos llevaron a legislar una agenda pro probidad y redujo los aportes reservados a campañas casi a cero.

“Lamentablemente, a pesar de estos logros, las mayores derrotas las obtuvimos al interior de la Fiscalía de Chile, ante sus más altas autoridades, quienes no acogieron nuestra tesis: que a la luz de los antecedentes reunidos y el estado de las investigaciones, debía buscarse en estos casos un reproche penal”, se lamentaron los persecutores en su renuncia, reconociendo que se impuso la tesis de la impunidad a estas conductas que merecían se presentara acusación y ser llevadas a juicio oral. También reclamaron haber sido removidos, marginándoseles de a poco de esas causas, perdiendo toda injerencia en su dirección.

Ni Abbott ni Guerra insinuaron siquiera una reconsideración o lamentaron el hecho. Sus reacciones públicas parecieron más de relajo por haberse sacado “el peso de encima” de estos dos fiscales que les arruinaban sus decisiones y voluntad de poner fin a las causas políticas.

Gajardo, por su parte, en una distendida entrevista con el diario La Prensa de Curicó, su tierra de origen, pidió confiar en los persecutores que permanecen en la institución: “Les puedo decir que en la fiscalía hay otros 700 fiscales que realizan todos los días su trabajo, con mucha pasión, con mucho rigor, con mucha precariedad, con pocos medios y que siempre habrán nuevas personas que se destaquen en sus trabajos y van a seguir combatiendo la corrupción. Si bien en este momento nuestra partida puede ser dolorosa, en el futuro probablemente inspirará a otros colegas para que realicen una labor en este sentido”, reflexionó frente a sus renuncias, las que consideró una “derrota interna”.

Reacciones

“Todo lo que tiene que ver con el financiamiento ilegal de la política ha marcado fuertemente  a toda la sociedad chilena desde que surgió el caso Penta y posteriormente SQM y Caval, entre ellos. Los mismos partidos y los mismos políticos, como la UDI y el PPD, por ejemplo, tuvieron efectos negativos en las últimas elecciones. Todo lo que tiene que ver con el financiamiento irregular de la política ha repercutido negativamente y frente a estas renuncias de los fiscales Gajardo y Norambuena se ahonda el problema y nos encontramos que ponen en dudas el funcionamiento de la justicia en general. La gente se pregunta qué pasará con estas investigaciones, a qué se irá a llegar”, dice a Cambio21 el analista político y docente universitario Pablo Lira.

“La renuncia de Gajardo y Norambuena, dos fiscales de comportamiento impecables y extraordinariamente eficientes, sin duda es un golpe grave al sistema judicial chileno, porque ellos renuncian por la impunidad en que quedan las platas políticas por el caso Penta, que fue el origen para poder conocer por parte de la sociedad toda la corrupción que afectaba a la clase política y que con el tiempo se comprobó cómo los legisladores financiados por estas empresas respondían a sus financistas y no a sus electores y llegamos al extremo de casos de legisladores que ingresaban proyectos o hacían indicaciones de acuerdo con los que las empresas les decían textualmente a través de correos”, comenta a nuestro medio la diputada electa del PC Carmen Hertz.

“Eso es lo que de alguna manera ha significado el colapso del sistema político, pues de acuerdo con la Constitución de Pinochet, porque sigue siendo la Constitución del dictador, la política se transformó en un bien privado, al igual que la educación y la salud”, agrega.

Decenas de muestras de solidaridad con los renunciados fiscales llevaron al tema a ser destacado en redes sociales.

El periodista Daniel Matamala escribía en su Twitter: “Los fiscales Gajardo y Norambuena se atrevieron a investigar a los poderosos. Hoy tienen que renunciar. Gana -otra vez- la impunidad para los delitos de cuello y corbata”.

“Aquí se ha impuesto la tesis de Abbott, de la razón de Estado, una suerte de eufemismo para la impunidad, respaldando la idea que había que cerrar los caos rápidamente, una tesis que se ha impuesto en este caso como un golpe de impunidad y termina triunfando la impunidad, por ahora”, asegura a Cambio21 el abogado querellante en casos de corrupción Mauricio Daza.