Llevamos cuatro años escuchando al Gobierno del Presidente Piñera y, muy especialmente, a su ministro de Justicia, Hernán Larraín, de promover las bondades de su proyecto de ley de reforma al sistema notarial, conservatorio y archivístico nacional, y lo urgente e imprescindible que resulta que dicha iniciativa sea aprobada por el Congreso por el bien de los usuarios del sistema.

En su campaña, que no ha escatimado esfuerzos comunicacionales, han llegado hasta el denostamiento público de dichos auxiliares de la administración de justicia en la ceremonia misma de presentación del dicho proyecto antes de su ingreso al Congreso Nacional.

Las largas filas que debieron sortear, a inicios del Gobierno, los convocados a la firma presidencial del proyecto en La Moneda, magistrados de corte incluidos, para tratar de recrear la, a veces, tediosa espera de la ciudadanía en las Notarias de nuestro país, fue una puesta en escena pocas veces vista en Palacio, y que más que lograr su objetivo acreditó el profundo desprecio que tanto el Presidente como su Ministro sienten por dichos funcionarios.

Más sorprendente fue conocer que en paralelo, y en contradicción flagrante, el mensaje del proyecto de marras no pudo desconocer el aporte histórico del sistema notarial y registral de nuestro país en certezas y seguridades jurídicas encomiables, en más de un siglo de existencia, al punto que la incidencia judicial de casi 14 millones de actuaciones anuales es de sólo un 0.001%.

Lo que la ciudadanía no sabe y que el Gobierno calla es que el proyecto lo que en realidad persigue es el debilitamiento del sistema en su conjunto, objetivo que disfrazan de un intento fatuo de desnotarizar la función de resguardo de la fe pública, y para cuyo logro no trepidan en el desprestigio de una institución cuyas cifras y estadísticas desmienten por si solas la argumentación ministerial.

Pero ¿cuál es el sentido de todo ello se preguntará el lector ? Uno muy poco loable, pero de suculentos ceros, pues en la medida que debilitan el sistema vigente y aumenta considerablemente la judicialización de sus actuaciones, pueden lograr abrir paso al gran negocio del seguro de títulos que nunca ha tenido cabida en el notariado latino (vertiente a la que pertenece nuestro sistema), y cuyos costos son mucho mayores que los de nuestro sistema.

Obviamente seremos los usuarios del mismo los que pagaremos esos mayores costos, que se sumarán a los actuales, como única garantía frente a las hoy inexistentes incertezas e inseguridades jurídicas.

Que, para algunos, todo es posible por un gran negocio ya lo atestiguaba el excelso novelista francés Honoré de Balzac con su famosa frase “detrás de toda gran fortuna siempre hay un crimen”, pues para él, lo que compartimos, desde un punto de vista moral y de justicia social es un crimen el enriquecerse a costa de otros, y acontece que ese es el fin último del proyecto de ley de pretendida reforma al sistema notarial y conservatorio de nuestro país que ha impulsado el Gobierno.

El punto es hasta dónde serían capaces de llegar, y ello lo develó la propia Corte Suprema al emitir informe, en función de sus competencias y atribuciones, sobre el dicho proyecto de ley, ello al sostener - cito textual - que “llama la atención que, indirectamente, se haya descartado la inhabilidad prevista en el art. 251 del Código Orgánico de Tribunales (“No puede ser juez la persona que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico”), al eliminarse la expresión “notario” del artículo 463 del Código Orgánico de Tribunales, que hace aplicable a los notarios las condiciones para ser juez de letras de comuna o agrupación de comunas.”

Con lo anterior, y de manera indirecta y bastante oculta, digámoslo, se pretende por el actual gobierno eliminar la dependencia de drogas como inhabilidad para ejercer los cargos de control de la fe pública, cuestión que además de ser aberrante hoy cobra mayor relevancia frente a la presencia cada vez más evidente del narcotráfico en, prácticamente, todo el territorio nacional y la ausencia, lamentable, de una robusta y consistente política pública, sistema de inteligencia incluido, que le haga frente de manera efectiva y concreta.

Que los promotores de esta iniciativa no les llamen a engaño queridos lectores, pues ella está llena de sorpresas como las que les he referido y de las que los medios, en general, nada informan.

Si hoy se está dispuesto a liberar de control de drogas a notarios, conservadores y archiveros sólo para debilitar un sistema que da certezas y seguridad jurídicas comprobables, y abrir así paso al negocio del seguro de títulos, no nos sorprendamos si mañana, junto con observar con horror un aumento sideral de estafas, defraudaciones y otros ilícitos, debemos asumir impropios aumentos de costos para buscar en los seguros lo que ayer nos brindaba unos cuantos minutos de espera en una inofensiva fila.