Por María Cristina Prudant
Carabineros ha estado en el centro de la noticia desde hace mucho tiempo, sobre todo el último tiempo por las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Los cientos de personas con sus ojos mutilados, debido al uso de escopetas con perdigones, balines y bombas lacrimógenas que son lanzados directamente a la cabeza de las personas.
Los grupos de policías enviados a La Araucanía han sido una vergüenza, Operación Huracán y el Comando Jungla no dieron resultados, salvo quitarle la vida a Camilo Catrillanca. Todos estos hechos en la impunidad más alevosa. El general director de carabineros, Mario Rozas está en la mira de todo el mundo político de la oposición y de algunos sectores del Gobierno. Y Piñera se ha comprometido a hacer una reforma total de la institución policial uniformada. Diversos parlamentarios han presentado proyectos de ley. Uno de ellos que fue recibido por Piñera, ha sido ignorado. Cambio21 conversó con el senador Felipe Harboe (PPD), uno de los autores de dicho proyecto, sobre la situación de carabineros que afecta cada día más a la ciudadanía.
¿Qué pasa con la reforma a carabineros. Usted presentó un proyecto junto a otros parlamentarios. Se está discutiendo, en qué etapa está?
Lamentablemente, en ninguna porque ya han pasado más de ocho meses desde que le entregamos la propuesta al Presidente Sebastián Piñera, y hasta el minuto no ha pasado, absolutamente nada más allá de algunas reuniones, buenas intenciones, pero la verdad es que el gobierno no ha fijado una hoja de ruta, no ha decidido cuáles van a ser los proyectos que se van a implementar, ni tampoco ha creado la unidad coordinadora de la reforma con integrantes de la academia de manera transversal, asi es que estamos todavía a la espera y, lamentamos que el gobierno ya haya perdido ocho meses.
Los camioneros pedían en su petitorio estaba una reforma a carabineros. ¿Qué opina usted?
Si, lo que pasa es que el problema que los proyectos que están presentados en el Congreso que dicen relación con la reforma a carabineros son proyectos anteriores al estallido social, están completamente superados por la realidad, que no reúnen ninguna de las recomendaciones que hicieron los organismos internacionales o esta comisión de expertos que me tocó convocar, asi es que lamentamos porque no tiene mucho sentido, como digo, aprobar esos proyectos si es que no hay una definición más bien estratégicas de hacia dónde vamos para hacer la reforma completa.
¿Qué le parece a usted que carabineros siga protegiendo a funcionarios que dejaron ciegos a Fabiola Campillay y Gustavo Gatica?
Hay una gran demora en reconocer quienes son los autores y cuando ya están imputados, como el caso del capitán Maturana que le disparó a Fabiola Campillai, no lo desvinculan de la institución sino que está suspendido de sus funciones y conserva todos sus privilegios pasando la prisión preventiva en una especie de Punta Peuco.
¿Cómo es posible que esto siga ocurriendo, la reforma contempla cambiar esto?
Si, de hecho la propuesta nuestra contempla un régimen de investigación que no se agota en la propia institución sino que pasa también al Ministerio del Interior. Con eso se evita las eventuales defensas corporativas que puedan ocurrir. Así es que por eso que es tan importante sacar adelante este proceso de reforma. Insisto, no va a ser un proceso rápido porque esto involucra muchos proyectos de ley, muchas reformas administrativas y es muy importante que se haga lo antes posible.
¿Ustedes están por la creación de un ministerio de Seguridad Pública y Policías y no que sigan dependiendo del Ministerio del Interior?
Claro, porque la experiencia práctica nos ha demostrado que son, prácticamente incompatibles, en una jornada de 24 horas, el rol de jefatura de gabinete y de coordinación política que tiene el ministro del Interior con las crecientes demandas en materia de seguridad pública y control de narcotráfico, crimen organizado y por eso creemos que tiene que haber una persona dedicada 24/7 a los temas de seguridad y por eso que planteamos la creación del Ministerio de Seguridad Pública.
¿Por qué cuesta tanto que en materia de violaciones a los derechos humanos de carabineros las autoridades los protejan y no los entreguen a la justicia?
Yo diría que hemos tenido algunos avances. Piense usted que hoy día hay fiscales que investigan estas causas y hasta hace un año atrás solo investigaban las fiscalías militares, lo cual era mucho peor. Bueno, eso se debe a una iniciativa que presenté en este sentido, en el marco de un proyecto para establecer que la justicia cuando haya participantes de las fuerzas de orden involucre a civiles, sea la justicia ordinaria. Y eso es un avance y ahora sabemos muchas cosas que antes no sabíamos.
Lo segundo es que, evidentemente que hay que avanzar mucho más en crear una institucionalidad interna que permita no solo la identificación sino la separación de funciones y la puesta a disposición de los tribunales de justicia como corresponde a cualquier ciudadano cuando se logra identificar la existencia de algún tipo de delito. Asi es que, es parte como digo del proceso. Tiene que ver con un cambio cultural, no tiene que ver ni con una intervención civil, como dijo un senador por ahí, no, tiene que ver con que tengamos un cambio cultural interno, pero a su vez sea una institución dentro del ordenamiento del Estado y no sea una especie de compartimento estanco donde se forman a si mismo, se fiscalizan a si mismo, se sancionan a si mismo y se condenan a si mismo, eso no corresponde.
Que importante es lo que el general director de Carabineros Mario Rozas dijo: “pase lo que pase ningún carabinero va a ser procesado” y nadie en el gobierno ni en ninguna institución reaccionó como correspondía. ¿Qué le parece?
Yo creo que, ya que estamos en la época del populismo, puede ocurrir que se haya entusiasmado el general, pero no está en sus manos, no depende de él y por tanto, más allá que tenga la legítima aspiración de que nadie sea procesado o formalizado, eso es resorte del Ministerio Público y los tribunales, no de los generales directores y tampoco los ministros políticos.
En cuanto a lo que pasa en La Araucanía carabineros se supone que deben ayudar a solucionar el problema, pero tenemos la Operación Huracán, el comando Jungla que mató a Catrillanca y ahí sigue todo igual. ¿Cómo se resuelve esta situación?
Bueno, es lo que yo digo. Me da la impresión de que todos estos problemas derivan porque se instala una sensación de impunidad a propósito de que las investigaciones se bastan a si mismas al interior de las instituciones. No es casualidad lo que hemos visto en caso de las fuerzas armadas también. Entonces, eso tiene que ver cuando las instituciones se sienten como con potestad absoluta para decidir por si mismas. El Congreso no ha estado exento de eso también en su oportunidad. En consecuencia, creo que avanzar hacia una lógica donde haya controles inter institucionales, es avanzar en transparencia, es avanzar en democracia, avanzar en derechos fundamentales. La seguridad y los derechos humanos son plenamente compatibles, en la medida que las cosas se hagan bien y se hagan por personas que han sido formadas por la lógica de los derechos humanos.
Se supone que también debieran revisarse los protocolos para mantener el orden público, uso de balines, bombas lacrimógenas por todo lo que ha pasado últimamente, ¿no cree usted?
Obviamente, o sea, ese es el piso de la conversación y por tanto, se requiere un cambio no solo legal, también administrativo, protocolos, de formación.
¿Cómo califica usted la actitud del general Rozas de no empatizar con las víctimas de carabineros como son los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai porque no se ha acercado jamás a ellos a dar una disculpa u otra frase?
Eso es muy delicado. Creo que si una institución se le produce una situación como la que se vivió. Más allá de las responsabilidades internas, lo que correspondía, a mi juicio, es que el representante de esa institución o por intermedio de otra persona se acercaran a escuchar su versión, sin necesidad de asumir responsabilidades previamente. Pero sí creo que eso fue un error.
La ciudadanía quedó con un signo de interrogación con el paro de un sector de camioneros porque no se entendió la actitud protectora del gobierno sobre todo porque a otros sectores se les reprime de inmediato...
Yo lo he denunciado públicamente y creo que efectivamente hubo un doble estándar y si dos vehículos se paran en la Plaza Italia, probablemente se demoran un minuto en llegar una tanqueta de carabineros para sacarlos y meterlos presos. Pero acá hubo camiones que se tomaron las carreteras que es inaceptable y por eso que es clave que el gobierno actúe rápidamente. Es lamentable como se vio un gobierno silente y prácticamente arrodillado ante un gremio que por la vía de la fuerza reivindica una causa que es muy legítima, pero la forma en que la levantaron es completamente ilegítima.
Plebiscito: Longueira fue el guaripola de Pinochet
En estos momentos existe preocupación por la realización del plebiscito, todavía hay muchos temas sin resolver. ¿Cuál es su opinión?
Recordemos que hace un par de semanas presenté un proyecto de acuerdo, que fue aprobado en el Senado, pidiéndole al Presidente de la República el financiamiento del transporte público el día del plebiscito, para que sea gratuito. Es clave que la gente que está sin trabajo, que no le alcanza la plata pueda participar del plebiscito dada la importancia de este y no se queden fuera por problemas económicos. Eso sería francamente dramático del punto de vista del ejercicio de derechos democráticos. Hay sectores rurales que yo represento que les sale, ir a votar, cerca de 2.400 pesos. Bueno, esos son más de dos kilos de pan y usted comprenderá que no hay capacidad económica para eso hoy día y por tanto, es clave que Sebastián Piñera asuma que la gratuidad es una condición de igualdad para ir a votar dada la crisis económica.
¿Usted coincide con quienes opinan que la derecha está tratando por todos los medios de que no se haga el plebiscito?
Hay un sector de la derecha que plantea el argumento economicista de que es muy caro. Pero, no se dan cuenta que es mucho más caro que tengamos una inestabilidad democrática a partir de la experiencia del 18 de octubre. El plebiscito es la salida institucional que puede tener Chile para plantear las bases de su organización hacia el futuro y por tanto, mientras más gente vote, más legítimo va a ser y más fortalecida sale la democracia. Yo llamaría a aquellos que dicen que el plebiscito es muy caro a pensar que el país necesita actualizar su pacto social, de lo contrario la inestabilidad, la incerteza, la violencia se va a instalar como se instaló el 18 de octubre y eso por lo menos yo no quiero para mi país.
Pablo Longueira está de vuelta en la política. La sorpresa ya pasó y ha recibido críticas de su sector y de la oposición porque él no puede ocupar cargos públicos. ¿A usted que le parece?
Sabe lo que me pasa, yo creo que la gente ya tiene claro cuáles son las identidades y Longueira fue el guaripola de la defensa a la Constitución de Pinochet, fue el artífice del negacionismo ante la petición nuestra de tener un nuevo texto constitucional. La gente lo sabe lo tiene internalizado. Ahora si en su travesía por el desierto, alejamiento de la política se dio cuenta de que hay que tener una nueva Constitución bienvenido sea y mientras más se sumen al Apruebo, mejor todavía, quiere decir que les corrimos el centro. El punto está en que tenemos que ser capaces no solo de ganar por una gran mayoría el Apruebo sino construir un pacto social, que no sea de izquierda ni de derecha, que sea un pacto social que, efectivamente nos permita tener 40 años en condiciones de paz social.
¿Y usted cómo ve el panorama en la oposición, se podrá llegar a acuerdos?
Yo aspiro a que tengamos niveles de acuerdo que nos permitan construir ciertas mayorías en ciertos temas. No ha sido, lamentablemente que tengamos unidad absoluta. Creo que importante tratar de aunar esfuerzos por ejemplo en el tema constituyente, en el tema municipal, que de pronto aparecen personas como iluminadas con proyectos políticos distintos como si su partido por si solo pudiera tener mayoría absoluta y eso es completamente irracional.
El país no se fundó en los últimos cinco años, irrupción del Frente Amplio que es muy importante para refrescar probablemente parte de la política también ha generado problemas internos en su grupo y aquí lo que se requiere es entender que el país tiene que ponerse de pie, hay que levantarlo y por tanto, junto con los temas de los derechos sociales hay que incorporar el concepto del crecimiento porque o si no no vamos a tener nada que repartir. Si no tenemos mecanismos serios, responsable, pero también audaces para poner a este país de pie mi percepción es que después puede ser muy tarde para levantar un proyecto de esa alternativa porque, evidentemente hoy día la derecha ya perdió la patente de gobernabilidad. Lo que tenemos hoy día es un pésimo manejo de la crisis de la pandemia, una situación económica catastrófica con más de dos millones de desempleados y como si fuera poco el Estado de derecho en cuestión a partir de un paro de los camioneros. En esas condiciones, tenemos la obligación en las oposiciones de buscar puntos de entendimiento para darle una alternativa que le dé gobernabilidad a este país.
