El Tribunal Constitucional se ha constituido en una “tercera Cámara” modificando iniciativas legislativas pro consumidores como era la ley del nuevo SERNAC que le quitó los dientes o dejando inoperante la sanción a las empresas que son sancionadas por “prácticas antisindicales” y que les excluía de participar en las compras públicas o modificando la ley de educación superior; pero ahora también interviene en los procesos judiciales como es proteger al ex general Oviedo ante la acuciosa investigación judicial de la ministra Rutherford por mal uso de los gastos reservados.

 

Estos episodios han generado una convicción política en el mundo opositor que el Tribunal Constitucional requiere una reforma estructural, tal como lo manifestarán unánimemente en el encuentro de coordinación del 4 de julio.

 

Esto motivó a los senadores DC a reactivar su propuesta de Reforma al TC para que no sea “una instancia   que altere voluntad del legislador ni ser protector de quienes vulneran la ley” y que en la sesión especial de este miércoles 17 de julio presentarán buscando el apoyo transversal para reimpulsar un acuerdo político para reformar el TC.

 

En su reforma al TC, los senadores postulan modificar el mecanismo de designación y el número de miembros del Tribunal Constitucional. En su reforma plantean “Nuestro actual Tribunal Constitucional tiene 10 miembros, duran 9 años en el cargo y son designados por tres órganos distintos: 4 designa el Congreso Nacional, 3 la Corte Suprema y 3 el o la Presidente/a de la República. Creemos que el modelo de generación existente no da suficientes garantías de legitimidad e independencia de origen. En ese contexto, creemos que debiéramos pasar a un sistema de nombramiento en que todos sus integrantes sean designados por el Congreso Pleno. Es un Congreso plural y representativo de la voluntad ciudadana el que tiene la legitimidad suficiente para elegir, por la vía mayoritaria y gradualmente, los miembros del Tribunal Constitucional”, señalan en la DC.

 

Además, proponen que sus integrantes sea un número impar (9) lo que “facilita resolver las dificultades existentes en la actualidad con el numero par de miembros”.

 

Asimismo postulan un ajuste a los requisitos para ser miembros del TC y postulan que los requisitos actuales deben aumentar agregando en la ley del TC que “No deben haber tenido altos cargos en partidos políticos, ni haber sido parlamentario, ni haber ocupado un alto cargo gubernamental en los cuatro años anteriores al nombramiento”; además postulan que una Comisión Especial del más alto nivel deberá verificar –mediante comparecencias públicas la idoneidad de los candidatos y que el Congreso Pleno vote “respecto de candidatos cuyos requisitos han sido previamente verificados, evaluados y ponderados”.

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Sobre las potestades del TC, los senadores DC postulan que “hoy deben desaparecer el control preventivo obligatorio de proyectos de ley y el control preventivo facultativo”.

 

Como argumento reiteran que el TC ha abusado de este control pues ha aumentado unilateralmente lo que el Congreso calificaba como LOC como ocurrió con análisis del proyecto de ley sobre nuevo SERNAC donde se consultó por 13 normas y se terminó conociendo de 35.

También proponen reformar la inaplicabilidad “creando mecanismos de diálogo entre el Tribunal Constitucional y el Congreso Nacional” .

 

Finalmente proponen que ministros del TC respondan por sus actuaciones y proponen que ellos “sean acusables constitucionalmente por la causal de notable abandono de deberes, tal como ocurre con los Ministros de la Corte Suprema”.

 

Finalmente, los senadores DC –vía Yasna Provoste y Francisco Huenchumilla, jefa y subjefe del comité de senadores DC- señalan que “esta propuesta ha sido construida sobre la base de un diálogo abierto y transversal que ha recogido la opinión de expertos constitucionalistas, parlamentarios de todos los sectores, de representantes de la sociedad civil.