Por Mario López M.

No obstante a la empresa le quedan vías judiciales a las que recurrir: el Tribunal Ambiental y la Corte Suprema. Daño a la calidad de vida, al medioambiente y ausencia de mitigación, fueron las causales.

Con el rechazo a la ejecución del proyecto de la minera Dominga no solo se resuelve el falso dilema entre crecimiento económico versus ambientalismo sino que, por sobre todo, se establece la supremacía de la calidad de vida por sobre los negocios, por tentadores que ellos sean.

No solo resentirán la decisión la empresa, sus dueños, los que esperaban verse favorecidos con los beneficios laborales que eventualmente representaría en el corto plazo, sino también aquellos que por décadas impusieron sus intereses sin mirar el daño que ocasionaban y sin mitigar de modo alguno el perjuicio causado.

El proyecto no se desechó por razones políticas –que también las hay-, dado que Sebastián Piñera y su socio Carlos “choclo” Délano estaban detrás de él. Fue por razones de peso técnico y ético, toda vez que “el proyecto minero–portuario Dominga presenta deficiente información de línea base e insuficiencias en sus medidas de mitigación compensación y reparación, por lo que estimamos que no se hace cargo de manera adecuada de los eventuales impactos significativos al medio ambiente y la salud de las personas”, según establece la resolución.

Algo más que un dibujo

El proyecto no está inserto en pleno desierto o en lugares deshabitados o estériles en vida silvestre, flora y fauna. Por el contrario, está inmerso en las inmediaciones de uno de los más ricos biosistemas marinos del planeta, al norte de la región de Coquimbo, un lugar de unos 4.500 km2 que alberga a cuatro mil 200 habitantes, mayoritariamente hombres, esparcidos en varias localidades que están dispersas por toda la comuna, a unos cinco kilómetros de la carretera. Entre ellas, La Higuera, su capital comunal, Caleta Los Hornos, Los Morros, Chungungo, El Trapiche, Punta Colorada, Los Choros y Punta de Choros, a lo que se suman las islas Chañaral, Choros y Damas, las que forman parte de la Reserva nacional Pingüino de Humboldt, bajo tutela de Conaf. Destaca asimismo el Observatorio astronómico del cerro La Silla, de reconocimiento internacional. De llevarse a efecto el proyecto, este ocuparía el 80% de la superficie de la zona.

La comuna es rica en diversidad ecológica, albergando los ecosistemas de dos importantes áreas bajo protección: la Reserva Marina Islas Choros-Damas y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. La pesca artesanal, la extracción de mariscos, la ganadería, la capricultura y una artesanal actividad turística destacan como las principales fuentes de ingresos de los lugareños.

No todo lo que brilla es…

La empresa Andes Iron aseguraba que para la construcción se crearían unos nueve mil 800 puestos temporales, mientras que en la operación misma se proyectaban cerca de mil 500 empleos directos y unos tres mil contratistas. En números parecería atractivo en una región que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reconoce como la cuarta con mayor tasa de desocupación de Chile, en alrededor de 7,7%.

Pero el proyecto instalaría a solo 29 kilómetros de cuatro reservas medioambientales con especies marinas bajo protección, en que sus dos excavaciones de rajo abierto para extraer hierro “tendrían casi el doble de la altura de la Torre Entel en profundidad” y cuya vida útil se estima en unos 25 años.

Según ambientalistas y de acuerdo con la memoria del propio proyecto, el 65% del mineral y subproductos extraídos iría en beneficio de la empresa y el otro 35% se desecharía en un depósito que estaría ubicado a 40 kilómetros de Punta de Choros y a catorce de La Higuera. Asimismo el puerto se instalaría a unos 50 kilómetros de las concesiones mineras, lugar del que también se desecharían productos sólidos, esta vez al mar.

Es mayor el daño

El Consejo de Ministros, al desechar a Dominga declaró que “el proyecto presenta deficiente información de la línea base e insuficiencias en sus medidas de mitigación, compensación y reparación (…) No se hace cargo de manera adecuada de los eventuales impactos significativos al medioambiente y la salud de las personas; en particular en temas como calidad de aire, contaminación lumínica, ruido, riesgo de accidentes y derrames en la operación portuaria”.

También puso énfasis en que “el impacto que podría generar en la flora y fauna de una zona ecológica única en el mundo, donde –entre otras cosas- habita el 80 por ciento de la población mundial del Pingüino de Humboldt y otras especies emblemáticas, como ballenas y chungungos”, sería de proporciones insospechadas.

La votación de los ministros incumbentes no fue unánime. “Cabe destacar que el voto de minoría señaló que las principales falencias del proyecto radican en la evaluación inadecuada de puerto y no así en lo que se refiere al ámbito de la explotación minera”, expuso el vocero del Consejo, Marcelo Mena. “Como ministro de Medio Ambiente creo firmemente en el desarrollo, pero esto no puede ser a costa del patrimonio ambiental ni causar riesgos a la salud de las personas; más aún en zonas de valores ecológicos únicos en el mundo”, puntualizó.

Para terminar, Mena dijo que “no estamos en contra del desarrollo económico ni de los proyectos que son necesarios para el crecimiento del país, pero éstos deben responder adecuadamente a los impactos que pueden generar”.

El fallo, eminentemente amparado en  aspectos técnicos, posee como base los pronunciamientos de catorce servicios, ajeno a consideraciones políticas. La iniciativa contó con el rechazo de los ministros de Agricultura, Salud y Medio Ambiente. Fue apoyada por los titulares de Energía y Minería, mientras que Economía se abstuvo.

Lo que viene

¿Con este rechazo se puso punto final a la disputa? No, pues aún los promotores del proyecto y patrocinantes de la apelación ante el Consejo de Ministros pueden recurrir ante el Tribunal Ambiental para intentar desde allí doblarle la mano al fallo. Y si les va mal, aún quedan otras instancias.

Al Tribunal Ambiental le compete “conocer de la reclamación que se interponga en contra de la resolución del Comité de Ministros o del Director Ejecutivo y conocer de las reclamaciones que interponga cualquier persona natural o jurídica en contra de la determinación del Comité de Ministros o Director Ejecutivo que resuelva el recurso administrativo cuando sus observaciones no hubieren sido consideradas en el procedimiento de evaluación ambiental”, sostiene su normativa. Le corresponde la competencia al Primer Tribunal de Antofagasta.

De acuerdo con la ley el mencionado tribunal debiera constituirse a comienzos de septiembre de 2017, plazo que podría ser prorrogado, por razones justificadas, por otros 30 días. Ejercen en calidad de titulares los ministros Daniel Guevara Cortés, Mauricio Oviedo Gutiérrez, Marcelo Hernández Rojas en calidad de titulares y Cristián Delpino Lira y Fabrizio Queirolo Pellerano como ministros suplentes.

A su vez lo resuelto por el Tribunal Ambiental es susceptible de recurrirse de Apelación ante la Corte Suprema.

Queda cuerda para rato.

Lo que Dominga ocultaba

Más allá de las consideraciones medioambientales, tras Dominga hay una historia que de a poco y tras siete años ha venido recién develándose. Por qué este proyecto interesó tanto al Presidente de la República de la época (Sebastián Piñera), al punto que lo llevó -de manera inédita en nuestra diplomacia histórica y en la mundial- a tomar personalmente iniciativa y, llamando a empresarios internacionales (Barrancones una empresa franco-belga GDF Suez, hoy Engie) que en 2010 estaban asentados en la misma zona hoy en cuestión, y fuera de todo protocolo, al mejor estilo de dueño de fundo, sacarlos del negocio.

Tal como lo informara oportunamente Cambio21 con nuevos antecedentes y que se complementan con otras investigaciones periodísticas, el home office de Piñera tenía intereses secretos en el negocio, pues quien vino a reemplazar a Barrancones fue la minera Andes Iron, controlada por Andes Iron Ltd., una empresa creada en paraísos fiscales y, sorpresa, cuya propiedad mayoritaria era del entonces Presidente. La operación de desembarcar a Barrancones fue en agosto de 2010 y a esa fecha y hasta diciembre de ese año, él siguió siendo dueño.

En diciembre salió –¿salió?- de la empresa vendiéndosela a su socio, el formalizado Carlos Délano. ¿Qué ganó Piñera en la pasada? Nada menos que elevó el precio de la operación en más de un mil por ciento, esto es, más de once veces aumentó el precio y, obvio, la ganancia. Y solo por llamar por teléfono y una que otra visita disuasiva de sus enviados y una que otra (2) atenciones solícitas de su subsecretario de Minería Pablo Wagner a los ejecutivos de Andes Iron en que se discutió el proyecto que, claro, Wagner juró desconocer que pertenecía a su jefe, Piñera, y a su otro jefe (y que le seguía pagando bajo cuerda), Carlos Délano. Por ello está formalizado por cohecho.

¿La impunidad, sin rodeos?

Muchas son las interrogantes que Sebastián Piñera y parte de su familia no han respondido judicialmente en este caso.

Desde luego, por qué nunca le fueron revisados sus correos electrónicos, si ya en los pocos que de Nicolás Noguera se revisaron sí aparecen antecedentes fundados que ameritaban indagar el rol del exmandatario y su entorno. También sería imprescindible saber cómo se benefició Sebastián Piñera y en cuánto con sus gestiones en favor de su empresa, usando la investidura de Presidente de la República. Además, por qué no se interrogó en detalle a Pablo Wagner acerca de las gestiones que hizo en favor de sus verdaderos patrones, que al parecer no era el Estado de Chile.

Aunque en estricto derecho habría que preguntarle al fiscal Manuel Guerra y a quien se lo permitió, el por qué no se sigue investigando a pesar de estos nuevos y graves antecedentes que la prensa ha puesto en el tapete.

Al respecto el abogado Mauricio Daza, de Ciudadano Inteligente, quien además es querellante en la causa Penta, de propiedad justamente de los controladores de Dominga, dijo a Cambio21 que “hay muchas denuncias en las cuales no se ha investigado y que requerirían de una investigación seria y consistente por parte del Ministerio Público para los efectos de poder establecer o descartar responsabilidades, ya sean estas administrativas o incluso penales”.

Para el profesional, “en el caso relativo a Dominga nosotros hemos conocido antecedentes a partir de las causas por financiamiento ilegal de la política y en particular por la causa que se lleva en contra de los controladores del grupo Penta, donde hay que recordar que existe una imputación en contra de Pablo Wagner, quien fuera subsecretario de Minería en el gobierno de Sebastián Piñera, en la cual se le están atribuyendo delitos reiterados, precisamente por haber efectuado gestiones ilegales a cambio de coimas en favor del proyecto Dominga. Estamos frente a hechos que todavía son parte de un proceso penal y que se deberán esclarecer en el contexto del juicio oral que se espera que empiece durante los próximos meses, por esa arista”, dijo.

No está todo perdido

“Los antecedentes que se han conocido en el contexto del caso Penta son bastante claros respecto de la existencia de pagos ilícitos a funcionarios públicos, específicamente al exsubsecretario de Minería de Piñera, para poder viabilizar de manera ilegal este proyecto. Por eso nos parece una buena noticia que Dominga finalmente haya fracasado, toda vez que no parecía razonable que una iniciativa como esta, fruto de la corrupción, fuera finalmente aprobada, pues durante su tramitación se cometieron ilícitos reiterados por parte de funcionarios públicos. Además es importante que hayan sido organismos técnicos los que hayan emitido argumentos fundados para rechazar el proyecto”.

A su vez el jefe de bancada de los diputados socialistas, Daniel Melo, aseguró que la resolución del Consejo de Ministros ratifica “lo que hemos venido planteando desde un inicio en cuanto a que este proyecto presentaba una serie de fallas que dañaban el medio ambiente de la zona. Respaldamos plenamente la determinación en orden a decirle ‘NO’ a Dominga, puesto que quedó demostrado que tenía problemas serios desde el  punto de vista de su tramitación ambiental, con importantes impactos negativos para los ecosistemas frágiles que hay en esa zona”.

Igualmente aseguró que “a todas luces este era un mal proyecto, que no aportaba a la zona de la Higuera y de Punta de Choros. Esto se suma a la dudas que siempre hubo respecto de cómo se desarrolló el proceso de tramitación ambiental, sobre todo, bajo el gobierno de Piñera”.