La Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército de Chile (DINE) engañó a la Corte de Apelaciones de Santiago para obtener una orden judicial que les permitiera interceptar las comunicaciones del periodista Mauricio Weibel. El profesional investigó y reveló el caso del millonario desfalco en la institución castrense, conocido como ‘milicogate’.

Según informó el destacado medio digital Ciper, en septiembre de 2017, el entonces director de la DINE, el general Schafik Nazal Lázaro, solicitó al ministro del tribunal de alzada capitalino, Juan Poblete Méndez, la autorización para interceptar las comunicaciones emitidas y recibidas de una línea telefónica de la empresa Movistar. La excusa fue una supuesta agente extranjera que estaba recopilando información del Ejército. Igual que en la dictadura.

El magistrado dio el visto bueno para las pesquisas, pero lo que no sabía era que el número telefónico que parecía en el escrito le pertenecía a Weibel. Los espionajes en contra del periodista ocurrieron en el contexto de la que bautizaron como «Operación W» y actualmente los antecedentes están siendo investigados por el Ministerio Público a raíz de una querella presentada por el afectado.

«A través de antecedentes aportados por el Sistema de Inteligencia Institucional, se ha obtenido información respecto al accionar de un agente (tarjado en el original) en nuestro país identificada como (tarjado) cuyo objetivo sería la obtención de antecedentes estratégicos sobre el Ejército de Chile en la ciudad de Santiago«, dice el texto del documento.

En la solicitud, la DINE pidió la intercepción de llamadas, el acceso a los mensajes de texto y las «coordenadas georeferenciales» emitidas por el sistema Vigía, es decir, el detalle del posicionamiento de todas las antenas con las que el celular se conectó a la red.

Luego de su aprobación, el Ejército ofició a Movistar para acceder a la información. Nunca se mencionó que el titular del número era Weibel y no la supuesta agente extranjera.

Ex ministro de Defensa Alberto Espina (RN) salió a apoyar espionaje

Cuando se hizo público el espionaje a Mauricio Weibel por parte del Ejército, en 2019, muchas autoridades salieron en defensa del actuar de los uniformados. El entonces ministro de Defensa, Alberto Espina – quien ahora es miembro del Consejo de Defensa del Estado designado por Piñera– aseguró a la Cámara de Diputadas y Diputados que el espionaje se había realizado dentro del margen de la ley. Lo que no contó es que es que el Ejército engañó a un ministro o juez de la Corte para hacer ese espionaje diciendo que era de una agente extranjera. Y el fono era de Weibel.

De la misma forma, Guillermo Paiva, entonces director de la DINE, afirmó a la prensa que «las investigaciones que se han hecho han sido autorizadas legalmente por un ministro de la Corte de Apelaciones y con el amparo de la seguridad nacional, la inteligencia y la contrainteligencia«.

Sin embargo, no hicieron mención sobre a quien pertenecía realmente el número de teléfono que hicieron pasar como de una agente de otro país, con el objeto de interceptar las comunicaciones del periodista de investigación.

Consultado al respecto por el citado medio, el Ejército emitió un comunicado donde sostiene que «no ha existido engaño alguno en los antecedentes presentados al Sr. Ministro de la Corte de Apelaciones. Sobre el particular, éste contó con toda la información para la aprobación de dichas medidas, materia que fuera explicada en forma detallada en la instancia correspondiente, esto es, la sesión reservada de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia de la Cámara de Diputados y Diputadas».

Junto con el espionaje telefónico a Weibel, el Ejército también puso en marcha la Operación Topógrafo, para espiar las comunicaciones de cuatro militares que denunciaban casos de corrupción al interior de la institución castrense: el capitán Rafael Harvey Valdés, el ex teniente Carlos Farías Ramírez, al ex sargento Juan Pablo Díaz Pino y el cabo primero Sergio Andrés Tudesca Órdenes. Pero en este caso, el Ejército solicitó a la Corte de Apelaciones que autorizara la interceptación por el riesgo de que se estuvieran filtrando documentos que pudiesen afectar la seguridad nacional.