Ocho militares en retiro fueron acusados por el homicidio de un joven soldado conscripto, José Buchhorsts Fernández, en la foto, del regimiento Cazadores de Valdivia, región de Los Ríos, tras el golpe de Estado de 1973.

Así lo determinó el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos, Álvaro Mesa, dictando la acusación contra Hernán Rodríguez Leytón, Víctor Hermosilla Reinoso, Luis Riveros Soto, Ernesto Flores Colimán, Rigoberto Becerra Fica, Waldo Salinas Núñez, René Saéz Gómez y un octavo exmilitar identificado con las iniciales H.C.R, como autores del homicidio calificado en carácter de lesa humanidad contra José Buchhorsts Fernández.

Según los antecedentes judiciales, la víctima tenía 18 años en 1973 y cumplía con el servicio militar obligatorio en el regimiento Cazadores de Valdivia, por ese entonces a cargo de Santiago Sinclair Oyaneder, quien después se convirtió en general, miembro de la Junta Militar y mano derecha del dictador Augusto Pinochet.

El 11 de septiembre de ese año, José Buchhorsts estaba fuera de la unidad militar, debido a que se encontraba con permiso.

Días después, acompañado de su padre se acercó al regimiento, sin embargo, antes de entrar indicó que iba a ir a comprar y no volvió más, por lo que fue declarado desertor, siendo detenido días más tarde en Villarrica, donde residía su familia.

Luego fue trasladado en calidad de detenido hasta el regimiento Cazadores, donde fue visto por sus compañeros atado de manos y tirado en un vehículo militar.

Posteriormente, fue llevado nuevamente a Villarrica por una patrulla a cargo del teniente Rodríguez Rigo-Richi, con el propósito de buscar armas en los faldeos del volcán, pues el propio José Buchhorsts habría indicado aquello.

Tras recorrer distintos lugares, el teniente Rodríguez le ordenó excavar y cada ciertos momentos le decía que ingresara dentro de la fosa.

En definitiva, estaba cavando su propia tumba, porque Rodríguez ordenó a los demás conscriptos disparar contra la víctima, enterrándolo en el mismo lugar, presuntamente, aplicando la supuesta ley de fuga, ya que habría intentado escapar.

Con el paso de los días, el padre de José Buchhorsts fue en reiteradas ocasiones al regimiento cazadores de Valdivia para saber de su hijo, pero sólo le entregaron respuestas evasivas o ambiguas, sin informarle sobre su muerte ni ubicación del cadáver.

El ministro Álvaro Mesa también constató que hasta la fecha ningún funcionario de las fuerzas armadas que se desempeñaba en la época ha dado algún antecedente sobre lo ocurrido con la víctima, según consgna radio Biobío.

Asimismo, mucho menos se instruyó en su momento una investigación interna respecto a los hechos, que ahora mantienen en calidad de acusados a ocho exmilitares