Un proyecto de ley para prohibir la presencia de publicidad de casas de apuestas online en eventos y clubes deportivos, presentó el diputado por Coquimbo, Marco Antonio Sulantay.

El legislador, integrante de la comisión de Deportes, explicó que si bien estas casas de apuestas están prohibidas por ley en Chile, en la realidad operan en paraísos fiscales, con paradero desconocido.

“Generan millones de dólares en ganancias, pero sin pagar ningún tipo de impuesto por esas utilidades”, señaló.

“En los últimos años, hemos visto cómo centenares de estas plataformas se han apoderado de eventos deportivos a través de la publicidad en estáticos y patrocinando especialmente equipos de fútbol, lo que se puede transformar en un grave problema, como la participación de menores de edad en apuestas deportivas”, agregó Sulantay.

“Actualmente, once de los dieciséis clubes deportivos de fútbol profesional tienen relación comercial con las casas de apuestas”, advirtió.

Sin ir más lejos, el parlamentario aseguró que las casas de apuestas online pueden significar también un problema de ludopatía.

“Los usuarios pueden ir generando ganancias a través de apuestas menores, pero en una sola apuesta perderlo todo y entrar en desesperación por recuperar ese dinero, volviendo a apostar montos mayores”, agregó.

Por otro lado, Sulantay insistió que al operar en paraísos fiscales, “se desconoce quiénes son los propietarios de estas casas de apuestas, por lo que uno podría inferir que existe un blanqueamiento de activos”.

“Por eso, se hace necesario prohibir que sean patrocinadores de eventos deportivos y de clubes, o en su defecto, que el Ministerio de Hacienda avance decididamente en regular su funcionamiento en Chile, tal como se hizo con las plataformas de streaming y que paguen los impuestos que corresponden”, sentenció.

Colo Colo fue el último equipo de Primera División alcanzado por la expansión del mercado de las apuestas deportivas. El cuadro albo firmó contrato con la empresa Coolbet como main sponsor, vínculo que le reportará seis millones de dólares por dos años al Cacique y es renovable hasta 2026.