Una nueva denuncia por corrupción recae sobre la ex Presidenta de Argentina Cristina Fernández. Esta vez, la acusación tiene que ver con la contratación por parte de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas de 26.000 noches en el Hotel Alto Calafate, de propiedad de la ex Mandataria, para que descansaran sus tripulaciones.

 

Estos contratos, que suman un total de 16 millones de pesos argentinos (unos 480 millones de pesos chilenos), se realizaron sin seguir los mecanismos de compra previstos por la ley trasandina, según explica el diario La Nación. Es por esta razón que los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron al juez Julián Ercolini que investigue por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública a la ex Mandataria junto a los ex gerentes generales de la compañía Julio Alak (que después fue ministro de Justicia) y Mariano Recalde, así como también al ex subgerente y actual diputado Axel Kicillof y a otras 21 personas, donde se incluye al empresario Lázaro Báez.

 

Del mismo modo, completa La Nación, los persecutores también solicitaron el congelamiento de los bienes de las empresas Ideas, Hotesur (de propiedad de Cristina Fernández y controladora del Hotel Alto Calafate) y Valle Mitre, de propiedad de Lázaro Báez, que administraba los hoteles de la ex Presidenta y que ahora se encuentra preso por lavado de dinero.

 

 

De acuerdo al matutino, se trata de nueve contratos realizados entre los años 2009 y 2015, después del retorno de Aerolíneas Argentinas al control estatal. Según la denuncia, los ejecutivos de la compañía "siguieron el plan diseñado y estructurado por Cristina Kirchner mediante la manipulación abusiva" de la contratación directa.

 

Con esto, se buscaba también "la ocupación constante y permanente del establecimiento hotelero", lo que favorecía el lavado de dinero, "ya que los tripulantes de Aerolíneas Argentinas le garantizaban un flujo real de ocupantes, en contraposición, a los contratos simulados por el alquiler de habitaciones en el referido hotel que eran celebrados con las empresas del Grupo Báez para justificar en los papeles el flujo de fondos que por esta vía eran blanqueados".

 

De esta forma, este caso se cruza con otra investigación por lavado de dinero, donde se indagan los contratos de supuesta ocupación simulada de habitaciones pagada por el grupo Hotesur, pese a que sus empleados trabajaban a cientos de kilómetros del lugar.

 

Volviendo al caso del Alto Calafate, los fiscales afirman que siete de los contratos fueron de "facto", donde se realizaba una contratación directa por renovación de uno anterior, para así no llamar a concurso público.

 

En los otros dos casos, se realizó un concurso cerrado de precios, "pero manipulando ofertas de otros competidores para beneficiar al hotel Alto Calafate o invitando a cotizar solo al hotel presidencial", dice La Nación. Asimismo, cuando el citado hotel estuvo en reparaciones, se contrató con el Hotel Xelena, de cinco estrellas (una más que el Alto Calafate) y más barato.

 

No obstante, una vez que terminaron las obras, se volvió al recinto de propiedad de la familia Kirchner. "La contratación del Hotel Alto Calafate constituía una decisión que provenía desde la cúspide del PEN y que atravesaba verticalmente la estructura administrativa de Aerolíneas Argentinas -comandada por Alak y Recalde- que incluso dieron la orden de contratar y mantener la contratación del hotel de quien los había nombrado en el cargo y quien ejercía los derechos como accionista de la empresa", afirmaron los fiscales.