Un tribunal de la Sala Penal Nacional resolvió que Alberto Fujimori volverá a ser procesado judicialmente y nuevamente por crímenes de lesa humanidad.
La fiscalía pidió procesar al autócrata peruano y a otras 23 personas por el llamado caso Pativilca, una matanza de seis personas cometida en enero de 1992 por el Grupo Colina, destacamento del ejército creado supuestamente para combatir a Sendero Luminoso.
La fiscalía pide 25 años de prisión para Fujimori, por los delitos de homicidio, secuestro y asociación ilícita perpetrados por el Grupo Colina.
Entre quienes deberán responder ante la justicia figuran exintegrantes del grupo paramilitar y de las Fuerzas Armadas, quienes ya han sido responsabilizados por el asesinato de otras 60 personas, entre ellas menores de edad, inocentes y opositores al régimen.
Recientemente, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, otorgó un indulto humanitario y el derecho de gracia, beneficio que cierra los procesos judiciales pendientes del exdictador de 79 años.
Sin embargo, este proceso es nuevo y solo se pudo abrir luego de que la justicia chilena, que extraditó a Fujimori en 2007, autorizara a Perú el inicio de este juicio el pasado mes de junio.
El Colegiado B de la Sala Penal Nacional indica que no es aplicable a Fujimori el derecho de gracia por razones humanitarias, por lo que no se le excluirá del juicio.
Los magistrados aseguran que, de acuerdo a una sentencia del Tribunal Constitucional, "la gracia presidencial debe ser concedida por motivos humanitarios en los casos en que el procesado sea portador de una enfermedad grave e incurable en estado terminal, lo que no se condice con el estado de salud del procesado Fujimori".
El exmandatario peruano (1990-2000) dio un autogolpe en 1992 y terminó huyendo del país, en noviembre de 2000 -cuando empezaba su tercer período como presidente- después de que fuera acusado de corrupción.
La Procuraduría ad hoc que investigó su mandato calcula que el país perdió 6 mil millones de dólares por la corrupción del régimen cívico-militar.
En 2009, fue condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas también por el Grupo Colina en 1991 y 1992, respectivamente.