En tanto, el Reino Unido quiere obligar a vacunarse a los trabajadores de residencias de ancianos -incluso autónomos en visitas esporádicas y voluntarios- a partir de octubre, y estudia extender esa obligación a otros trabajadores del sector sanitario.
En cambio, la polémica ha saltado cuando se publicó en la prensa que la obligatoriedad podría extenderse a los estudiantes si quieren asistir a clases presenciales en las universidades.
El gobierno de Francia decidió a principios de julio dar un nuevo impulso a la vacunación tras ver cómo las cifras se estancaban: el proyecto de ley que debe ser promulgado en los próximos días contempla la obligación de la vacuna en el sector sanitario y profesionales que trabajan en contacto con personas vulnerables.
Por otro lado, en Portugal, la vacunación obligatoria para algunos sectores no forma parte de la agenda política y apenas ha generado un debate entre enfermeros y médicos. Plantear la obligatoriedad, según la opinión mayoritaria de los expertos, no es un asunto de debate dada la alta adhesión a la vacunación en el país.
Alemania y España busca más libertades para los vacunados
En Alemania, tanto la canciller Angela Merkel como sus socios de gobierno socialdemócratas han descartado una vacunación obligatoria, mientras que desde el Ministerio de Justicia se ha advertido incluso que jurídicamente sería inviable.
Sí se debate, en cambio, sobre la posibilidad de dar más libertades a quienes tengan la pauta completa -hasta ahora, un 50,2% de la población- para motivar a vacunarse a los ciudadanos que aún no lo hicieron.
Asimismo, la vacunación contra el COVID-19 en España sigue siendo voluntaria pero la opinión pública española es partidaria de la inmunización por aplastante mayoría, y un 82,8 % de los ciudadanos aún no vacunados están dispuestos a hacerlo, según una encuesta de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Entre los sanitarios, el porcentaje de vacunación es técnicamente del cien por ciento.
“La pandemia de los no vacunados”
La ciudad de Nueva York anunció este lunes que a partir de mediados de septiembre requerirá a todos los empleados municipales que se vacunen contra el coronavirus, o que se sometan a pruebas semanales del virus. Son los 340.000 empleados que tiene el Ayuntamiento, una cifra que incluye a funcionarios de todos los ámbitos, maestros o policías.
El movimiento llega en un momento en el que el ritmo de vacunaciones se ha estancado y en el que los casos de coronavirus vuelven a subir con fuerza a causa del avance de la variante delta.