El presidente peruano Martín Vizcarra colocó al parlamento opositor al borde de su disolución tras invocar un mecanismo legal extremo, la llamada "cuestión de confianza", con el que exige aprobar cinco reformas políticas que buscan empoderar la lucha anticorrupción y el fortalecimiento institucional.

 

En caso de que el Parlamento no apruebe el pedido, Vizcarra puede cerrar el parlamento unicameral. El legislativo está dominado por el partido derechista de la lideresa encarcelada Keiko Fujimori.

 

La cuestión de confianza, inspirada en el parlamentarismo europeo, es un mecanismo de control y equilibrio de poderes que puede ser usado por el gobierno o por el Congreso. El artículo 134 de la constitución sostiene que el presidente puede disolver el Parlamento si éste le niega la solicitud de "confianza" a dos consejos de ministros. El Congreso ya ha negado una vez la confianza a un consejo de ministros en septiembre de 2017 y si vuelve a hacerlo, podría ser disuelto por el mandatario.

La Constitución peruana le da al Ejecutivo la facultad de disolver el Congreso si este rechaza dos pedidos de confianza, tras lo cual el presidente debe convocar a nuevas elecciones legislativas en un plazo de cuatro meses para completar el período de Gobierno, que finaliza en julio de 2021.

 

Este anuncio implica el tercer pedido de confianza del actual régimen, que empezó en julio de 2016 con Pedro Pablo Kuczynski, a quien el Congreso le retiró la confianza al gabinete que presidía Fernando Zevala en septiembre de 2017.

El choque de poderes comenzó cuando la Comisión Permanente del Congreso de Perú rechazó destituir e inhabilitar a Pedro Chávarry, ex fiscal general del país y ahora fiscal supremo, por su presunta participación en la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Con votos del partido fujimorista Fuerza Popular y del Aprista, del fallecido expresidente Alan García, la Comisión Permanente desechó el informe del legislador oficialista Juan Sheput que recomendó apartar a Chávarry del Ministerio Público.

 

Sheput investigó cinco denuncias constitucionales contra Chávarry por los presuntos delitos de organización criminal, encubrimiento real y encubrimiento personal, las cuales sustentó y recomendó su destitución para que sea investigado por el Poder Judicial.

No obstante, solo fue aprobada la acusación por encubrimiento real en la votación realizada por la Comisión Permanente.

 

Chávarry ha sido señalado como presunto integrante de una mafia corrupta en el Ministerio Público y el Poder Judicial por los mismos fiscales que llevan adelante las investigaciones por el escándalo de Lava Jato en Perú, que derivaron en las órdenes de detención contra Keiko Fujimori, la líder de Fuerza Popular, y de Alan García, quien se suicidó en abril pasado por este hecho.

 

Durante su defensa ante el Congreso, Chávarry criticó que los fiscales del caso Lava Jato hayan ordenado 36 meses de prisión preventiva contra Fujimori, por supuesto lavado de activos, y una medida similar contra García durante la celebración de la Semana Santa.

Sheput declaró a la prensa que "la lucha recién empieza, no vamos a claudicar, no vamos a permitir que el sistema de justicia continúe en manos de quien no lo merece", al criticar la votación que aparentemente protegió a Chávarry.