La Corte Suprema de Justicia de Perú rechazó este jueves una apelación del ex presidente Pedro Castillo que buscaba revocar su prisión preventiva mientras es investigado por los delitos de rebelión o conspiración para la rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública

La Corte declaró infundado el recurso de apelación presentado por la defensa de Castillo, que solicitaba revocar la prisión preventiva de 18 meses dictada el 15 de diciembre pasado por el juez supremo Juan Carlos Checkley.

El juez sostuvo que las detenciones previas al juicio se aplican en casos de “delitos graves”, riesgos de fuga y la “alta probabilidad de que se haya cometido el delito”.

Los abogados del exmandatario han descartado que exista riesgo de fuga, o que Castillo haya solicitado asilo alguna vez. También niegan las acusaciones de rebelión y conspiración.

El código penal peruano establece que la prisión preventiva se dicta cuando existen graves indicios de culpabilidad, una eventual pena mayor a cuatro años y peligro procesal (riesgo de fuga u obstaculización de la justicia).

El miércoles, en una audiencia virtual en la que el juez supremo César San Martín escuchó a las partes, Castillo negó haber cometido los delitos de los que se le acusa.

“Quien ha conspirado es el Congreso de la República y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañas”, dijo el exmandatario ante San Martín, quien posteriormente propuso declarar infundada la solicitud.

“Todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política”, afirmó Castillo, y añadió que se encuentra incomunicado y que no ha podido acceder a un teléfono para llamar a su familia.

La Defensoría del Pueblo señaló el 22 de diciembre en su cuenta de Twitter que acompañó a un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al penal de Barbadillo, donde verificaron las condiciones en las que el expresidente está en prisión preventiva.

“Nos entrevistamos con el mandatario y su defensa técnica, verificando que las condiciones de reclusión se ajustan a las previstas en el Código de Ejecución Penal”, escribió la Defensoría.

El 12 de diciembre, la Defensoría había informado que Castillo recibió 139 visitas mientras se encontraba en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, donde cumplía detención preliminar antes de que se le dictará la prisión preventiva por 18 meses y fuera trasladado a Barbadillo.

Wilfredo Robles, abogado de Castillo, solicitó revocar la prisión preventiva e imponer en su lugar la comparecencia restringida, y cuestionó que su defendido sea procesado por el presunto delito de rebelión.

Por su parte, el Ministerio Público dijo que 30 elementos permiten determinar que existe responsabilidad penal contra Castillo, y señaló que el exmandatario, durante el mensaje a la Nación en el que anunció la disolución del parlamento, declaró en “reorganización” instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público. Esta última institución lo investiga por presuntos delitos de corrupción desde inicios de año.

El Ministerio Público también consideró que existe riesgo de fuga. La Procuraduría señaló que el exmandatario fue detenido mientras presuntamente iba hacia la embajada de México en Lima.

Castillo fue detenido el 7 de diciembre luego de que el Congreso declaró la vacancia de la Presidencia tras el anuncio de Castillo de disolver de manera inconstitucional el parlamento.

Castillo enfrenta una investigación por los presuntos delitos de rebelión o conspiración para la rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública por quebrantar el orden constitucional, de acuerdo con la investigación iniciada por el Ministerio Público.

La esposa y los hijos del exmandatario se encuentran en México, luego de que este país les otorgó asilo.