Guatemala entró este domingo en una crisis política luego de que el presidente Jimmy Morales intentó expulsar al exmagistrado colombiano Iván Velásquez, jefe de una misión de la ONU que junto con la fiscalía lideran desde 2015 una inédita lucha contra la corrupción.

 

Aunque la orden fue frenada temporalmente por la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial del país, la decisión de Morales generó protestas y llevó a la renuncia de la cúpula del Ministerio de Salud y la de otro alto funcionario al rechazar la medida.

 

“Declaro non grato al señor Iván Velásquez (…). Ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala”, dijo Morales en un video difundido en redes sociales.

 

Para fundamentar la expulsión, el gobernante citó artículos de la Constitución guatemalteca y de la Convención de Viena sobre la prohibición a los diplomáticos de inmiscuirse en asuntos internos del Estado, pero no detalló las causas específicas de la decisión.

 

Velásquez es titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU que en abril de 2015 destapó junto con la fiscalía un fraude en las aduanas que obligó a renunciar al entonces presidente Otto Pérez.

 

Decenas de manifestantes con tambores y silbatos se concentraron ante la sede de la Cicig, la CC y el Palacio Nacional para exigir la renuncia de Morales y respaldar a Velásquez.

 

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“Velásquez es un hombre que vino a hacer temblar a este montón de podridos corruptos”, dijo a la AFP el comerciante Javier Coyoy, de 42 años.

 

Francisco de Mata, presidente de la CC, informó a periodistas que la corte suspendió provisionalmente la medida de expulsión de Velásquez al acoger un amparo presentado el sábado por el ciudadano Álvaro Montenegro junto con el abogado Elvyn Díaz, quienes temían la expulsión del colombiano.

 

De Mata ordenó a la cancillería “abstenerse” de proceder a la expulsión de Velásquez.

 

Por su lado, el secretario general de la ONU Antonio Guterres afirmó estar “profundamente afectado” por la decisión de Morales y reiteró su “plena confianza” al comisionado, según un comunicado emitido por su portavoz Stephane Dujarric.

Velásquez “ha trabajado incansablemente para promover una cultura que haga cumplir la autoridad de la ley y rechace la corrupción”, precisó una nota de la ONU.

 

 

El viernes, Velásquez y la fiscal general Thelma Aldana iniciaron el trámite para retirar la inmunidad al presidente Morales, sospechoso de transacciones ilegales en el partido FCN-Nación (derecha), que lo llevó al poder en 2015.

 

Según las investigaciones, Morales, cuando fungió como secretario general de la agrupación, recibió aportes anónimos y no declaró a la autoridad electoral el origen de varios fondos de campaña.

 

El gobernante guatemalteco también destituyó al canciller Carlos Raúl Morales, quien el viernes negó que haya pedido la remoción del comisionado durante una cita en Nueva York entre Morales y Guterres.

 

Morales nombró a Sandra Jovel como nueva ministra de Relaciones Exteriores, quien en 2016 fue separada del cargo como vicecanciller tras ser involucrada en la adopción ilegal de un niño.

 

La tensión por el intento de expulsar a Velásquez se agudizó con la renuncia de la ministra de Salud Lucrecia Hernández Mack y sus tres viceministros, además de la salida del comisionado presidencial de Competitivad, Enrique Godoy.

 

“Usted (presidente) asume una posición a favor de la impunidad y de los sectores corruptos del país”, denunció Hernández Mack.

 

Varias voces se han sumado al apoyo a Velásquez, entre ellos la de la Premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena Rigoberta Menchú.

 

En contraposición, un vocero del Ejército confirmó la lealtad de las fuerzas armadas al presidente Morales.

 

 

Morales, un excomediante de televisión, ganó la presidencia en 2015 en medio de una crisis política desatada por los actos de corrupción durante la gestión de Pérez.

 

Derechista y de religión protestante, el mandatario de 48 años que asumió el 14 enero de 2016 para un periodo de cuatro años, ha ido perdiendo popularidad al no responder a las demandas ciudadanas de impulsar políticas estrictas de transparencia.

 

Según el activista de derechos humanos Jorge Santos, la decisión de expulsar a Velásquez abre la puerta a una severa crisis en este país centroamericano.

 

“Estamos frente a la presencia de uno de los gobiernos que perdió su legitimidad de manera casi que inmediata, y a estas alturas estamos empezando a evidenciar nuevamente una jornada” de protestas sociales como las vividas en 2015, dijo a la AFP Santos, coordinador de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).