La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó un informe de 158 páginas, que abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, y en el que acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género.

Las fuerzas de seguridad estuvieron "involucradas masivamente" en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como responsables a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.

También asegura que "las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia".

Otras instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral, que "incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad", la Asamblea Nacional, "instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático", o el sistema de justicia, que "siguió operando con falta de independencia".

Aunque anteriores informes de la misión constituida en 2019 ya acusaron al Estado venezolano de graves violaciones de derechos humanos, el nuevo documento, que amplía otro informe presentado el 20 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos, destaca que el perfil de las víctimas de la represión "se amplió de manera significativa" en el periodo electoral abarcando no sólo a líderes de la oposición y sociales.

En el contexto electoral los abusos también fueron sufridos por "ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades", indicó.

La misión que preside la jurista portuguesa Marta Valiñas destaca en el informe que, en los 10 meses anteriores a las elecciones, al menos 48 personas fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el Gobierno, muchas de ellas en la llamada operación Brazalete Blanco, y en la campaña electoral hubo otras 121 detenciones por colaborar en actividades de la oposición.

Ese tipo de campañas "sirvieron de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil", señaló el informe del grupo de expertos, que junto a Valiñas está formado por el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá.

La represión aumentó tras los resultados electorales, cuando las autoridades, según el informe, "pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente", con un número de detenciones, que pudieron contarse por miles, "sólo comparable con las protestas de 2014, 2017 y 2019".