El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue arrestado este martes al llegar al aeropuerto internacional de Manila, luego de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de detención por supuestos crímenes de lesa humanidad, según lo que informaron fuentes oficiales del archipiélago asiático.

"Temprano por la mañana, Interpol Manila recibió la copia oficial de la orden de arresto de la CPI", señaló un comunicado presidencial. "Actualmente, (Rodrigo Duterte) está bajo custodia de los autoridades", agregaron las fuentes oficiales.

Los seguidores del expresidente filipino llamaron a la calma tras la detención del político, en medio del júbilo de partidos y organizaciones críticas. "Vamos a relajarnos y orar por el expresidente", afirmó a los medios el exasesor especial de Duterte, el senador Bong Go, desplazado a la base aérea de Villamor donde se cree que fue trasladado el detenido, a falta de confirmación oficial.

La llamada a la calma llegó poco después de que Duterte fuera detenido por la Policía filipina al regresar a Manila desde Hong Kong, donde participó el pasado fin de semana en un acto electoral previo a los comicios del próximo 12 de mayo entre rumores sobre su orden de arresto.

La oficina presidencial confirmó en un comunicado la detención del expresidente por orden de la CPI, que emitió una orden de arresto acusándolo de crímenes contra la humanidad durante su sangrienta campaña contra las drogas.

El arresto de Duterte suscitó este martes un estallido de júbilo entre los partidos políticos y organizaciones críticos con el exmandatario. "Un paso hacia la justicia".

Perci Cendaña, miembro de la formación política Akbayan y diputado en la Cámara Baja del Congreso, llamó a Duterte a "responsabilizarse de las miles de muertes causadas por la sangrienta y moralmente corrupta guerra contra las drogas".

La lista electoral ML, que de cara a los comicios a mitad de mandato para la Cámara Baja lleva a la cabeza a la exsenadora Leila de Lima, señaló por su parte que el arresto de Duterte "es un paso largamente esperado hacia la justicia" después de que las víctimas de la guerra contra las drogas y sus familias hayan esperado "durante años" a que se rindan cuentas.

El exmandatario llevó a cabo una guerra contra las drogas durante su mandato, entre 2016 y 2022, en la que murieron unas 6.000 personas en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales, según las cifras de la Policía, aunque organizaciones no gubernamentales locales elevan esta cifra a más de 30.000.

La Corte Penal Internacional inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado, y en 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos.