El presidente Daniel Ortega le dio la última estocada a la Asociación de la Compañía de Jesús en Nicaragua al quitarle la personalidad jurídica y los bienes, según decreto publicado en La Gaceta, diario oficial de ese país.
De acuerdo con la información oficial, el gobierno ordenó disolver la orden religiosa supuestamente por no reportar los estados financieros en 2020, 2021 y 2022. Así como por no haber renovado la junta directiva que está vencida desde el 27 de marzo de 2020.

La medida también supone el traspaso de sus bienes e inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, lo que afectará a los colegios Loyola y Centroamérica, además de las escuelas de Fe y Alegría.

La decisión se toma justo una semana después que el gobierno de Daniel Ortega ordenara confiscar la Universidad Centroamericana (UCA), que había sido administrada por la orden religiosa desde hace más de 60 años y que ahora llevará por nombre la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro.

A raíz de ese hecho, la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) emitió un comunicado para expresar su rechazo por considerar que la UCA ha sido "calumniada y hostigada".

"Su denuncia de los hechos calificados como crímenes de lesa humanidad por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, de la Organización de las Naciones Unidas, la ha hecho víctima de múltiples y progresivas agresiones desde 2018", reseña el comunicado.

"La confiscación de facto de los bienes de la UCA es una represalia por el trabajo que ha hecho esta institución en la búsqueda de una sociedad más justa, así como por su compromiso para proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense", continúa.

El gobierno de Daniel Ortega abrió una causa penal contra la Universidad Centroamericana (UCA) por el delito político de “terrorismo”.

La medida supone el traspaso de sus bienes e inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua.
El 15 de agosto, el gobierno de Daniel Ortega abrió una causa penal contra la Universidad Centroamericana (UCA) por el delito político de “terrorismo”. Una acción que docentes y líderes estudiantiles han visto como una represalia por la participación de la institución en la rebelión de abril de 2018.

“Se nos notificó la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad de la UCA”, denunciaron las autoridades universitarias en un comunicado.

Cuatro días después, se ordenó confiscar la residencia Villa del Carmen, donde viven los religiosas que trabajan en la UCA.
La policía se presentó en la residencia para exigir que los jesuitas abandonaran la propiedad. Pese a que el inmueble no pertenece a la universidad, tuvieron que marcharse a Managua.

Según denunció la AUSJAL, a la UCA se le negó injustificadamente las certificaciones para cumplir con su misión de educar, producir conocimiento y vincularse socialmente, al igual que ocurrió con otros 27 centros de educación superior cuyos bienes fueron confiscados.

Al ser excluida de estos órganos, la UCA perdió acceso al presupuesto público, lo que afectó al alumnado que requería de este presupuesto para financiar sus estudios.