Con 104 votos a favor y 18 en contra, el pleno de la Asamblea de Ecuador aprobó el informe elaborado por una comisión legislativa ocasional que recomienda el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Al mandatario se le imputan presuntos actos de corrupción en empresas públicas que involucran a un círculo cercano de colaboradores y exfuncionarios.

Estos hechos están siendo investigados desde enero por la Fiscalía del Estado dentro del “Caso Encuentro”. Se trata de a una presunta “estructura criminal” donde habrían operado funcionarios, exfuncionarios y personas particulares en la concesión de cargos y contratos con empresas de forma irregular.

La sesión del pleno comenzó en la mañana de este sábado y durante más siete horas los asambleístas de diferentes bancadas debatieron el contenido del informe aprobado el miércoles. Con la votación, la Asamblea respaldó que se enjuicie a Lasso por la “comisión por omisión” de los delitos de cohecho, concusión y peculado.

El presidente Lasso le solicitó a la Fiscalía, a través de un comunicado, que se realicen las “investigaciones pertinentes, con toda la rigurosidad y profundidad que la gravedad de estas falsedades amerita”.

El mandatario ha negado desde enero la existencia de una estructura de corrupción en el Poder Ejecutivo y ha insistido en que hay instituciones del Estado “preocupadas por tumbar al Gobierno”.

Durante el debate, el legislador del partido oficialista Creando Oportunidades (CREO), Juan Fernando Flores, rechazó el contenido del informe, que consideró irresponsable y mentiroso.

“No hay pruebas. No hay causales. Esto es parte de una fábula que buscaron construir donde les va a quedar la moraleja de que no pueden volver a usar a la Asamblea y pretender engañar al pueblo ecuatoriano”, señaló Flores.

Mientras tanto, la asambleísta del movimiento correísta Unión por la Esperanza (UNES), Esther Cuesta, fustigó a Lasso.

“Lasso incumplió el principio de transparencia. No denunció los hechos que causaban daño a la administración pública. No cumplió su deber y sus funciones con lealtad institucional y buena fe”, puntualizó Cuesta.

En un mensaje al país tras la votación, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón tildó de “bochornoso” el informe aprobado por el pleno y enfatizó que jurídicamente carece de validez y no es vinculante.

“En el fondo es un acomodo de retazos y rectificaciones donde también a su antojo y conveniencia han dejado afuera a personajes que debían ser investigados. Un verdadero atentado a la razón y al sentido común”, señaló Cucalón. Agregó que se ha “manoseado” a la Constitución para violar la democracia en un informe “dantesco en lo jurídico y aberrante en lo político”.

“Pretender de forma perversa fabricar una fábula, que así la cuenten mil veces, no es verdad, para intentar fabricar un juicio político al vuelo en contra del presidente de la República. No es un acto de fiscalización, es un acto de evidente desestabilización”, puntualizó.

Luego de la aprobación del informe “no vinculante” que sugiere el enjuiciamiento político de Lasso, deberá ser la Corte Constitucional la que revise la petición para determinar si procede o no el juicio político por las causales o razones que argumentan los asambleístas.

Independientemente de ese pronunciamiento, la legisladora y presidenta de la comisión ocasional que elaboró el informe que recomienda el juicio político, Viviana Veloz, adelantó que la próxima semana podrían solicitar el juicio político ante el Consejo de Administración Legislativa (órgano administrativo de la Asamblea) con las firmas de los asambleístas que lo respalden.

Para la presentación de esta solicitud formal y el inicio de un proceso por la vía regular del enjuiciamiento político se requiere al menos 46 firmas de respaldo de los asambleístas para iniciar su trámite.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) analizará si el pedido cumple los requisitos y si es así, enviará la solicitud a la Corte Constitucional para que emita su dictamen de admisibilidad y determinará si procede o no el juicio.

Si la Corte emite un dictamen en contra, la intención de los legisladores queda archivada. Pero si admite el enjuiciamiento, el presidente de la Asamblea debe ponerlo nuevamente en consideración del CAL que a su vez enviará a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para su trámite. La comisión tendrá 30 días para presentar su informe recomendando o no el juicio político.

Si la Comisión sugiere el juicio político, el informe pasa al plenario para el enjuiciamiento político del presidente, quien tendrá su espacio para defenderse y ser interpelado.
Si los legisladores deciden votar por su censura y destitución, necesitarán una mayoría calificada de 92 votos, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa.