El Gobierno de Ecuador emitió un decreto ejecutivo que aprueba operaciones militares y policiales contra el terrorismo y que responde a una estrategia que intenta poner fin a una espiral de violencia del crimen organizado y de asesinatos, robos y asaltos que han sacudido a la sociedad ecuatoriana en los últimos 2 años.

El decreto ejecutivo, anunciado por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, dispone que las Fuerzas Armadas “ejecuten operaciones militares en todo o en parte del territorio nacional para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas”.

Estas operaciones, se añadió en el decreto, deben aplicarse con sujeción a los instrumentos internacionales, las disposiciones de la Constitución y el ordenamiento jurídico interno, “a fin de garantizar la soberanía e integridad territorial” y la vigencia plena de la norma suprema y del Estado de derecho.

Asimismo, en el decreto se ordena al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas “iniciar de manera inmediata las acciones correspondientes para reprimir la amenaza terrorista con todos los medios a su disposición, en coordinación con la Policía Nacional”.

Dispuso, además, que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI, encargado de las prisiones) tome “estrictas previsiones de seguridad” para soldados y agentes que por estas operaciones pudieran ser “sometidos a procesos judiciales penales”.

Además, encargó al Ministerio de Economía y Finanzas que asigne los recursos necesarios para atender los requerimientos de las Fuerzas Armadas y la Policía para cumplir la misión encomendada.

Finalmente, el Gobierno, en su decreto, exhortó a las demás funciones del Estado a apoyar la “lucha contra el terrorismo, respetando la independencia de poderes”.

El decreto responde a una resolución alcanzada el pasado 28 de abril por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), el máximo organismo asesor del presidente en esa materia, que recomendó el uso de armas letales para combatir la oleada de crímenes en el país, atribuidos a bandas del crimen organizado, consideradas como “terroristas” por el Ejecutivo.

El Cosepe, encabezado por el presidente conservador Guillermo Lasso, recomendó el accionar incluso de las fuerzas militares en virtud de la oleada de delincuencia que afecta al país y que parece haber rebasado el control de los agentes del orden.

El Gobierno ha comenzado a considerar como terroristas a varias acciones violentas atribuidas al crimen organizado, sobre todo matanzas perpetradas por sujetos armados en varias ciudades de la zona costera del país.

Además, a diario proliferan noticias sobre asesinatos cometidos por sicarios, extorsiones, secuestros, asaltos y robos, entre otros delitos, por parte de grupos de delincuencia organizada que, según las autoridades, tienen vinculación con bandas internacionales del narcotráfico.

Por otra parte, la autorización para que los militares actúen contra el terrorismo se dio en un momento en que la Asamblea Nacional (Parlamento) tramita un juicio político de censura contra el presidente Lasso, acusado por la oposición de un supuesto delito de peculado (malversación) en una empresa pública.