Por Ernesto Londoño y Manuela Andreoni  New York Times

Generales retirados y otros ex oficiales con fuertes vínculos al liderazgo castrense están montando una campaña electoral respaldando a unos noventa veteranos postulados a varios cargos nacionales para los comicios de octubre, incluida la presidencia. Dicen que ese esfuerzo es necesario para rescatar a la nación de un grupo de cleptócratas atrincherado que ha tenido un mal manejo de la economía y no ha podido atender el aumento de la violencia.

 

Y algunos ex generales prominentes advierten que, en caso de que las urnas no provoquen un cambio con la rapidez necesaria, los líderes castrenses quizá se sientan obligados a reiniciar el sistema político a la fuerza.

 

“Estamos en un momento crítico, al filo de la navaja”, dijo Antonio Mourão, general retirado de cuatro estrellas que el año pasado, cuando aún estaba de servicio, sugirió que sería necesaria una intervención militar para purgar a la clase política. “Aún creemos que el proceso electoral representará una solución preliminar para cambiar el rumbo”.

 

El ingreso de los militares en la política es un giro extremo y, para muchos brasileños, sumamente preocupante. La dictadura militar duró veintiún años antes de terminar en 1985. Desde entonces, Brasil ha vivido el periodo más largo de democracia en su historia. Muchos protegen con recelo la separación de Ejército y política para resguardarse de un posible desliz hacia un gobierno autoritario.

 

Pero los antiguos generales, oficiales y veteranos que organizan las campañas para las elecciones de octubre dicen que “los valores militares” como la disciplina, la integridad y el patriotismo son fundamentales para arreglar la situación brasileña en momentos en los que consideran que el país tiene un mal gobierno, se ha polarizado de manera peligrosa y ha quedado en una posición irrelevante en el ámbito global.

 

Analistas y políticos dicen que las probabilidades de una intervención militar son remotas, pero les preocupa el perfil cada vez más destacado de figuras castrenses pues la nación no ha terminado de resolver su pasado autoritario.

Los militares torturaron a los sospechosos de ser opositores con choques eléctricos o golpes mientras los colgaban de las paredes, según el reporte de una comisión de la verdad en 2014. Por lo menos 434 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante la dictadura. Sin embargo, Brasil ha hecho mucho menos que sus vecinos

 

latinoamericanos para castigar los abusos de los años sesenta y setenta, por lo que hay temores de darle mayor poder político a quienes pertenecen a las fuerzas armadas.

 

“Puede que la eventual elección de estos oficiales militares lleve a la adopción de propuestas autoritarias, sobre todo si se trata de seguridad pública”, dijo Carlos Fico, historiador de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

El creciente atractivo político de las fuerzas armadas brasileñas surge en medio de un giro hacia la derecha en diversas partes de Suramérica y de un mayor autoritarismo en naciones democráticas como Polonia, Hungría, Filipinas o Turquía.

 

“En cada país el movimiento ha surgido con facetas distintas, pero el trasfondo es la insatisfacción y el miedo”, dijo Fico.

Mourão, el general retirado, y otros oficiales jubilados han respaldado con entusiasmo la postulación presidencial del senador de ultraderecha Jair Bolsonaro, un ex capitán del Ejército que ha hecho propuestas polémicas para la restauración del orden, como darle a la policía más campo de maniobra para matar a presuntos criminales.

 

Bolsonaro, el primer miembro retirado de las fuerzas armadas con la posibilidad de tener una candidatura viable desde el regreso a la democracia, dijo hace poco que nombraría a generales en su gabinete “no porque son generales, sino porque son competentes”.

 

Las campañas se han enfocado en las fuertes frustraciones a lo largo de Brasil. La fe en la democracia de la nación y en sus instituciones se ha desplomado en los últimos años, sobre todo después de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016 y las revelaciones de enormes escándalos de sobornos que involucran a los principales partidos políticos.

 

Un sondeo de Latinobarómetro encontró el año pasado que solo 13 por ciento de los brasileños estaban satisfechos con el estado de su democracia, la cifra más baja entre las dieciocho naciones que formaron parte del estudio. La encuesta también arrojó que solo seis por ciento de los brasileños respaldan a su gobierno, muy por debajo de otros en la región que también son impopulares, incluido el de Venezuela y el de México.

Pero el Ejército ha librado, en buena medida, esas críticas. Aunque una mayoría de los brasileños desconfían del presidente Michel Temer, del Congreso y de los partidos políticos, ocho de cada diez encuestados ven con buenos ojos a las fuerzas armadas, según un sondeo de Datafolha del año pasado.

Esa es la razón, según analistas y los generales retirados, por la cual Temer les ha dado a funcionarios militares un poder poco común en su gabinete. En un giro respecto al pasado reciente, Temer nombró a un general en febrero para dirigir el Ministerio de Defensa.

 

Los llamados públicos para una intervención militar comenzaron a hacer eco en 2013 con grupos de ultraderecha que lo volvieron su consigna en manifestaciones masivas contra el gobierno de izquierda liderado por Rousseff.

Desde entonces, esa consigna ha ganado más adeptos, incluso durante un reciente paro de transportistas que paralizó al país durante más de una semana en mayo.

 

“Es un grito de desesperación en contra de la corrupción”, dijo Luciano Zucco, teniente coronel de 44 años que pidió licencia del Ejército para postularse a una diputación estatal. Aunque Zucco dijo que se opone a un golpe militar. “La intervención debe darse por medio de los votos”.

 

El general Eduardo Villas Bôas, actualmente dirigente del Ejército, dijo en un discurso reciente que quienes hablan de intervención militar no entienden “el espíritu democrático que reina en todas las barracas”.

Incluso Rousseff, ex prisionera política que fue torturada en la década de los setenta por el gobierno militar y que considera que su destitución fue un golpe de Estado, dijo que le sorprendería que los generales intenten quedarse con el poder.

 

“Los generales que he conocido no se dejarían seducir por este tipo de aventuras de una intervención”, dijo en una entrevista. “Hay muchas personas que intentan crear las condiciones para esto pero, por mi parte, no lo creo”.

Mauricio Santoro, politólogo de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, dijo que aunque nadie en Brasil ha pedido una dictadura militar, a muchos brasileños —sobre todo los que no vivieron el último gobierno castrense— les atrae la idea de una intervención corta.

 

“Hace cuatro años habría dicho ‘nunca’, pero ahora diría ‘no es probable, pero en algunas circunstancias podría suceder'”, dijo Santoro. “Hay mucha gente en Brasil a la que le gusta la idea de que el Ejército expulse a la clase política actual y, seis meses después, convoque elecciones”.

 

El debate al respecto ha aumentado conforme los generales jubilados y en activo de altos niveles se han pronunciado sobre los temas políticos, una situación que no se veía desde los años de la dictadura.

 

El general Bôas, el comandante del Ejército, publicó en abril un inusual comunicado en Twitter que fue interpretado como una advertencia al Supremo Tribunal Federal. Dijo que el Ejército “repudia la impunidad”, en aparente referencia a la posibilidad de que los magistrados permitieran al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva quedar libre mientras apela una condena de corrupción de doce años.

 

Fue una decisión particularmente importante porque Lula buscaba postularse de nuevo a la presidencia y los sondeos indicaban que era el favorito. En una decisión apretada, el tribunal determinó que Lula debía ser encarcelado.

El ex general Eliéser Girão Monteiro, quien se ha postulado como gobernador para Río Grande do Norte, ha pedido un juicio político a los integrantes de la corte por otras decisiones que han resultado en la liberación de políticos sentenciados por corrupción.

 

El sistema político creado con la Constitución de 1998 se ha vuelto una “cueva de la cual no hay salida de emergencia”, dijo Monteiro en una entrevista. Aunque aseguró que personalmente no apoya un derrocamiento, añadió que “la única salida de emergencia de la cual hablan las personas es la intervención militar”.

 

Mourão, el general retirado de cuatro estrellas, dijo que a ninguno de sus pares le gusta la idea de romper con el orden democrático, pero mencionó que la agitación social podría forzar sus manos si se frenan las acciones judiciales contra los políticos o aumenta la violencia.

 

“Queremos adherirnos al Estado de derecho tanto como sea posible”, dijo Mourão. “Pero no podemos permitir que el país se suma en el caos”.

 

Cuando el Ejército tomó las riendas del poder a la fuerza en 1964, los líderes de la junta militar argumentaron que Brasil se encaminaba hacia el comunismo. Los dirigentes castrenses aún no se refieren a esa época como una dictadura; aseguran en cambio que las fuerzas armadas preservaron la democracia al librar a Brasil de un gobierno autoritario socialista.

 

La economía del país creció con fuerza durante los primeros años de la gestión castrense, por lo cual algunos historiadores se refieren a esa era como el “milagro económico”. Sin embargo, la deuda externa se disparó durante el mismo periodo y la brecha de desigualdad aumentó, lo que resultó en una crisis de hiperinflación que golpeó a la economía en los años ochenta.

 

Los medios fueron censurados y la ausencia de un poder judicial independiente significó que raramente se investigaban los abusos y la corrupción. Antes de que el Ejército dejara el poder, el gobierno aprobó una ley de amnistía que ha protegido a los oficiales de esa época.

 

Los analistas aseguran que esa ley ha prevenido que Brasil enfrente un ajuste de cuentas pos dictadura como el que ha mantenido lejos de la política a las fuerzas armadas de Argentina, Chile o Uruguay.

 

Esa falta de rendición de cuentas también podría llevar a una generación de brasileños más jóvenes a fantasear sobre lo que implicaría una nueva intervención militar, dijo Pedro Dallari, jurista que supervisó los trabajos de la comisión de la verdad.

 

“Como el recuerdo de la dictadura se ha difuminado con el tiempo, porque no se confrontaron esos problemas, se ha generado ese riesgo”, dijo.