Millones de venezolanos votarán este domingo en elecciones estatales y municipales en las que no está en juego la legitimidad del Presidente Nicolás Maduro pero para muchos se someterá a prueba tanto a las autoridades como al sistema electoral de Venezuela, desacreditado por la inhabilitación de partidos y algunos de los candidatos opositores más populares.
A su vez los comicios podrían marcar el surgimiento de nuevos liderazgos opositores, consolidar otros y trazar las líneas a seguir por los adversarios de Maduro, que llegan a la votación diezmados por las fracturas internas derivadas de sus fallidos intentos para desalojar del poder a los herederos del fallecido presidente Hugo Chávez, que dominan la escena política desde 1999.
También contribuyó a minar la unidad opositora la confrontación de posturas para lograr ese fin, desde hacer uso de la fuerza hasta insistir en el cambio político por la vía electoral.
El oficialismo -que controla casi todas las instituciones, alcaldías, gobernaciones y la Asamblea Nacional- es el favorito para conquistar la mayoría de los 3.082 cargos a elegir, entre ellos 23 gobernadores, 335 alcaldes y varios miles de escaños en congresos estatales y municipales. En su mejor momento la oposición conquistó seis gobernaciones y 76 alcaldías en 2008 y 2013, respectivamente.
El éxito o fracaso de esta elección dependerá de la participación. En el caso de superar el 50% evidenciaría que se logró convocar más personas de las esperadas dado el negativo clima electoral existente. Históricamente en los comicios estatales y municipales, la abstención ha sido alta, con un techo que ha rondado el 70%.
Este tema interesa mucho al Gobierno, sobre todo para su imgaen en el exterior. Maduro espera un proceso exitoso, como parte de sus esfuerzos para que sean levantadas las sanciones internacionales que pesan sobre su administración.
Y pasa que el Ejecutivo ha hecho concesiones para promover estos comicios, como dejar de lado procesos judiciales contra numerosos dirigentes opositores, lo que facilitó el regreso al país de varios ex diputados que ahora son candidatos y que en su momento se exiliaron tras ser acusados de intentar derrocarlo.
La gran característica de este nuevo proceso electoral es el retorno de la oposición venezolana. Los principales partidos disidentes -que desde 2017 habían boicoteado los procesos electorales alegando que no existían condiciones idóneas- confirmaron en agosto su participación después de quedar virtualmente borrados del panorama político. En anteriores comicios apenas lograron un puñado de cargos de elección popular.
La oposición lucha por recuperar el respaldo popular y su importancia en momentos en que Maduro enfrenta las sanciones de Estados Unidos y cuando casi seis millones de venezolanos han dejado el país azotado por la crisis.
La decisión de participar de los principales partidos opositores, muchos de ellos aún inhabilitados, llegó también después de meses de diálogos tras bastidores que desarrollaron con altos funcionarios del gobierno de Maduro, inicialmente entre los aliados del ex candidato presidencial opositor Henrique Capriles. Ese diálogo desembocó en la designación por la Asamblea Nacional, con abrumadora mayoría oficialista, de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde dos de sus cinco miembros son reconocidos opositores, incluido un activista que estuvo preso acusado de participar en supuestas acciones para desestabilizar al gobierno.
Es la primera vez desde 2005 que la oposición venezolana tiene dos miembros en el directorio del CNE.
Adicionalmente el regreso de muchos dirigentes opositores a la senda electoral terminó por allanarse en el marco de los ahora suspendidos diálogos en México.
En los nuevos diálogos, a semejanza de las truncas conversaciones de 2019, el reino de Noruega funge como facilitador, mientras que Rusia y los Países Bajos se incorporaron como "países acompañantes" de las delegaciones oficialistas y representantes de la oposición liderada por Juan Guaidó, al que Estados Unidos y varias decenas de países reconocieron como presidente interino de Venezuela por considerar que Maduro fue elegido en 2018 en unas elecciones fraudulentas.
Se espera que las conversaciones en México -suspendidas unilateralmente por el oficialismo en protesta por la extradición del empresario Alex Saab, uno de sus aliados, desde Cabo Verde a Estados Unidos- se reanuden tras las elecciones.