La Guardia Civil española confirmó haber detenido este miércoles a 13 altos cargos del Gobierno separatista de Cataluña que avanza hacia la realización de un referéndum de autodeterminación prohibido por el Ejecutivo en Madrid, ante lo cual los independentistas llamaron a manifestar.

 

"Ya son 13 detenciones y 22 registros", confirmó a la AFP un vocero de la Guardia Civil, en momentos en que se multiplican las operaciones policiales para impedir la organización del referéndum previsto para el 1 de octubre, pero vetado por la justicia española.

 

"La operación sigue abierta y puede evolucionar", indicó la fuente. Momentos antes, el Ejecutivo catalán había confirmado la detención de Josep Maria Jove, numero dos del vicepresidente regional, el independentista Oriol Junqueras.

 

Un portavoz del Ejecutivo catalán precisó que las detenciones están ligadas a "sitios de internet del referéndum". Los motivos de las detenciones no fueron anunciados por la Guardia Civil ni por el Ministerio del Interior.

 

El Tribunal Constitucional había sin embargo advertido a un millar de altos cargos que no debían organizar el referéndum y que por eso podían exponerse a consecuencias judiciales.

 

Tras adoptar el 6 de septiembre una ley para organizar el referéndum, cuyo texto afirma que prevalece jerárquicamente sobre todas las normas con las que puede entrar en conflicto, los independentistas han ignorado las advertencias y siguen organizando la consulta.

 

La noticia de los arrestos produjo inmediatamente una manifestación. Primero cientos y luego miles, de independentistas se instalaron ante la sede de Economía del gobierno regional en Barcelona, donde la Guardia Civil inició sus registros.

 

En este sentido, el presidente del Gobierno regional de Cataluña (Generalitat), Carles Puigdemont, acusó al Estado español de haber "suspendido de facto la autonomía de Cataluña e impuesto de facto un estado de excepción".

 

Así, respecto de la realización del referéndum del 1 de octubre, Puigdemont advirtió que "no nos echaremos atrás porque no tenemos derecho, porque es el encargo que nos ha hecho la ciudadanía".

 

 

Por su parte, el jefe de Gobierno español, Mariano Rajoy, pidió este miércoles "que haya una rectificación, que volvamos a la normalidad".

 

Rajoy defendió ante el Congreso las medidas de su Gobierno y de la justicia, afirmando que "el Estado de Derecho funciona".

 

"Pido que cesen las amenazas de los radicales a alcaldes, concejales y funcionarios por su defensa de la legalidad", agregó.