El fiscal general, Juan Lanchipa, interpuso “un requerimiento acusatorio contra Áñez”. La exsenadora se proclamó mandataria el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la salida de Evo Morales. Entre el 15 y 19 de noviembre se produjeron fuertes jornadas de represión.

En la localidad de Sacaba (Cochabamba) y la zona de Senkata (El Alto) fueron asesinados decenas de manifestantes por agentes de seguridad. Lanchipa indicó que la acusación se basa en la denuncia de familiares de las víctimas. Para el fiscal se trata de “20 muertos”.

Esta semana expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informaron de 22 fallecidos en ambos episodios. El equipo independiente identificó a lo ocurrido como “masacres”. El fiscal recordó que fueron calificados de “genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte”.

La Agencia Boliviana de Información precisa que para la fiscalía general la responsabilidad recae en Áñez. El texto indica que “acontecieron tras la planificación y ejecución operativa conjunta policial militar dispuesta por el nivel central de gobierno bajo la autoridad y aquiescencia de Jeanine Áñez”.