La Fiscalía colombiana acusó ante una jueza a Álvaro Uribe por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, por lo que el expresidente colombiano se convirtió formalmente en acusado en el caso de presunto soborno de testigos y fraude procesal.

Es la primera vez que la Fiscalía presenta cargos contra Uribe (2002-2010), que fueron aceptados por la jueza 44 de conocimiento penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, que dictaminó que "a partir de este momento (el expresidente) adquiere la condición de".

De acuerdo con la decisión de la jueza, el proceso contra Uribe se inicia de manera formal y de ser hallado culpable el jefe del Centro Democrático puede tener una pena de entre 6 y 12 años de prisión.

La acusación se produce después de que la togada denegara la petición de nulidad del proceso contra el expresidente al considerarla "absolutamente improcedente", por lo que "se impone su rechazo de plano, decisión contra la cual no procede recurso alguno".

Igualmente, la jueza recibió como víctimas del caso al senador izquierdista Iván Cepeda y a los exfiscales generales Jorge Perdomo y Eduardo Montealegre, así como a Deyanira Gómez, exesposa del paramilitar Juan Guillermo Monsalve, involucrado en el caso.

Caso que arrancó en 2012
La larga querella se remonta a 2012 cuando Uribe, que era senador, demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparó una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Contrario a lo esperado por Uribe, la Corte Suprema de Justicia no abrió investigación contra el congresista de izquierdas y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.

La acusación por soborno tiene que ver con el presunto pago de coimas a Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, que están presos en las cárceles de Palmira, y La Picota en Bogotá, respectivamente.

Monsalve, un exparamilitar, aseguró que hubo toda una estrategia para aproximarse a él y convencerlo de declarar contra Cepeda.

El expresidente lleva años insistiendo en que se trata de un caso contra él que tiene motivaciones políticas y carece de pruebas.