Los incendios forestales en la Patagonia argentina, que comenzaron a finales de diciembre, siguen fuera de control. Hasta ahora, han consumido 28.100 hectáreas, destruido más de 150 viviendas, forzado la evacuación de 700 familias y cobrado la vida de una persona. Las provincias más afectadas son Chubut, Neuquén y Río Negro, donde las llamas avanzan sin tregua.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, aseguró que los incendios “son intencionales”, basándose en testigos que reportaron tres focos simultáneos. En este contexto, el Gobierno de Javier Milei denunció al líder mapuche Facundo Jones Huala por reivindicar “sabotajes y atentados incendiarios”. Como resultado, según reportó Cooperativa, el grupo Resistencia Ancestral Mapuche, liderado por Jones, fue declarado organización terrorista.

Detenido y críticas a la gestión nacional
Según reportó Página 12, las autoridades detuvieron a Jorge Hermosilla, quien presuntamente encendió una fogata en una zona boscosa de El Bolsón, lo que habría desencadenado uno de los incendios. Sin embargo, el periodista Hernán Bruschtein criticó la falta de apoyo del gobierno nacional, señalando que solo el gobernador bonaerense Axel Kicillof envió ayuda, con 50 brigadistas y equipos, un esfuerzo insuficiente ante la magnitud de la crisis.

Bruschtein también destacó que el gobierno de Milei retiró a Argentina del Acuerdo de París y de la OMS, decisiones que limitan la capacidad del país para enfrentar emergencias ambientales y sanitarias. Además, la donación de helicópteros Mi-17 a Ucrania, vitales para combatir incendios, generó controversia al dejar a las provincias afectadas sin recursos esenciales.

Mientras tanto, algunos gobernadores buscaron chivos expiatorios, acusando a comunidades mapuches de provocar los incendios. En El Bolsón, tres voluntarios que combatían las llamas fueron detenidos bajo sospechas infundadas, lo que generó protestas ciudadanas.

La situación contrasta con la agenda política de Milei, quien prepara su noveno viaje a Estados Unidos mientras las provincias afectadas reclaman soluciones concretas ante la emergencia ambiental.