El histórico juicio por fraude y malversación de fondos del Vaticano se reanuda después de un largo receso el martes con la asediada fiscalía impulsada por dos decisiones favorables en casos relacionados por tribunales suizos e italianos.
El juicio, en el que se acusa a los demandados de fraude y otros delitos en torno a la compra por parte del Vaticano de un edificio de lujo en Londres por 350 millones de euros (US$ 400 millones), sigue sumido en disputas procesales.
La audiencia del martes, apenas la sexta desde que comenzó el juicio en medio de mucha fanfarria en julio, probablemente hará poco más que resolver varios asuntos preliminares más, lo que significa que el juicio no comenzará en serio hasta febrero.
En la última audiencia del 14 de diciembre, que duró solo 10 minutos, un frustrado presidente de la corte, Giuseppe Pignatone, dijo que esperaba que la fase preliminar pudiera terminar pronto para que las audiencias pudieran celebrarse con mayor frecuencia.
Cuatro de los 10 acusados originales fueron retirados temporalmente de la acusación en octubre después de que Pignatone encontrara fallas en la investigación original. Ordenó a la fiscalía volver atrás y repetir el interrogatorio de los cuatro porque no se siguieron los pasos procesales diseñados para proteger a los acusados la primera vez.
En la audiencia del martes, se espera que la fiscalía anuncie qué cargos tiene la intención de mantener o retirar contra cada uno de los cuatro.
Los 10 acusados, incluido un otrora poderoso cardenal del Vaticano, han negado haber actuado mal.
Los abogados de dos corredores italianos para la inversión del Vaticano en el edificio de Londres, Raffaele Mincione y Gianluigi Torzi, han insistido en que sus clientes no pueden tener un juicio justo en el Vaticano.
Mincione ayudó al Vaticano a realizar la inversión original en 2014. En 2018, cuando el Vaticano sintió que supuestamente Mincione lo estaba estafando, recurrió a Torzi para tratar de tomar el control total del edificio.
El Vaticano ha acusado a Mincione de fraude, malversación de fondos y lavado de dinero. Torzi está acusado de fraude, extorsión y lavado de dinero.
Este mes, la acusación recibió un impulso muy necesario de dos tribunales extranjeros que, si bien fallaron en casos relacionados, rechazaron efectivamente las afirmaciones de la defensa sobre la supuesta falta de equidad para sus clientes en el sistema judicial del Vaticano.
Los abogados de dos corredores italianos de la inversión del Vaticano en el edificio de Londres, Raffaele Mincione y Gianluigi Torzi, han insistido en que sus clientes no pueden tener un juicio justo en el Vaticano.
Mincione ayudó al Vaticano a realizar la inversión original en 2014. En 2018, cuando el Vaticano sintió que supuestamente Mincione lo estaba estafando, recurrió a Torzi para tratar de tomar el control total del edificio.
El Vaticano ha acusado a Mincione de fraude, malversación de fondos y lavado de dinero. Torzi está acusado de fraude, extorsión y lavado de dinero.
Este mes, la acusación recibió un impulso muy necesario de dos tribunales extranjeros que, si bien fallaron en casos relacionados, rechazaron efectivamente las afirmaciones de la defensa sobre la supuesta falta de equidad para sus clientes en el sistema judicial del Vaticano.
Torzi está en Londres luchando contra las solicitudes de extradición tanto de Italia como del Vaticano por presuntos delitos financieros. En una decisión publicada este mes, la Corte Suprema de Italia rechazó las afirmaciones de los abogados de Torzi que atacaban la credibilidad de la corte del Vaticano.
A principios de enero, un tribunal suizo rechazó una solicitud de Mincione para desbloquear fondos que los fiscales del Vaticano habían pedido congelar mientras continúa el juicio. Los abogados de Mincione también citaron lo que dijeron eran defectos en el sistema judicial del Vaticano.
La Secretaría de Estado del Vaticano destinó más de 350 millones de euros en la inversión de Londres. El Vaticano se encuentra ahora en las etapas finales de la venta del edificio con una pérdida reportada de 100 millones de euros.
El acusado más destacado es el cardenal Angelo Becciu, exsubsecretario de Estado que fue removido por el Papa Francisco por presunto nepotismo antes de que comenzara el juicio. Becciu fue subsecretario de Estado en las primeras fases del acuerdo.
