El expresidente de Ecuador Rafael Correa ha sido condenado este martes a ocho años de cárcel como autor del delito de cohecho agravado, por el que pierde, además, sus derechos políticos durante 25 años, según dictaminó un tribunal de la Corte Nacional de Justicia.
El organismo consideró que Correa lideró la red de corrupción que entre 2012 y 2016 recibió "aportes indebidos" en el Palacio Corondelet y así financiar su movimiento político a cambio de adjudicar contratos del Estado a empresarios. El proceso de investigación se conoce como 'Sobornos 2012-2016',
La audiencia se realizó de manera virtual, debido a las medidas de distanciamiento social por cuenta del covid-19.
Si bien la sentencia es en primera instancia y el expresidente tiene derecho a apelarla, Correa no podría pagarla en caso de resultar culpable, dado que reside en Bélgica desde que dejó el cargo en 2017.
El mandatario se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter, donde aseguró que a nivel internacional ganaría y calificó de "mamarrachada" la sentencia.
"Bueno, esto era lo que buscaban: manejando la justicia lograr lo que nunca pudieron en las urnas. Yo estoy bien. Me preocupan mis compañeros. De seguro ganaremos a nivel internacional, porque todo es una mamarrachada, pero toma años.
De tu voto depende que esta pesadilla acabe", indicó.
¿Qué es el caso “Sobornos 2012-2016”?
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, presentó elementos de convicción para sustentar ante la jueza Daniella Camacho el pedido de vinculación de 22 personas al proceso de investigación denominado " Sobornos 2012- 2016", conocido también como "Arroz verde".
La Fiscalía sospecha que su investigación está relacionada con los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en la supuesta financiación irregular del movimiento político Alianza País (AP), cuando era dirigido por Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017.
Por el momento hay 22 exfuncionarios y empresarios involucrados, además de Correa, dentro de los que están el exvicepresidente Jorge Glas, el exsecretario del Agua Walter Solís, el exsecretario de la Administración Vinicio Alvarado y el exasesor ministerial Yamil Massuh, en el marco de las investigación.