La Fiscalía se querellará contra la cantante Shakira (41 años) por defraudar 14,5 millones de euros, tras desestimarse el archivo de la causa el pasado 29 de noviembre. La Agencia Tributaria concluye que la artista debió pagar sus impuestos de IRPF y patrimonio en España entre 2012 y 2014, como ha desvelado El País. 

 

En un comunicado la Fiscalía ha querido dejar claro que, de momento, "no ha ejercido acciones respecto a la artista Shakira. En estos momentos se encuentra en estudio de las presuntas irregularidades fiscales en las que hubiera podido incurrir", por lo que no podría descartarse la posibilidad de que Hacienda y la artista lleguen a un acuerdo. 

 

La Fiscalía ha estado investigando el caso durante el último año y ha decidido que no dará carpetazo al asunto. Todo lo contrario, ya se ha notificado a la colombiana que en los próximos días se procederá a presentar una querella ante el juez por tres delitos de fraude fiscal. 

 

Una noticia que se conoce un día después de que la cantante publicara un comunicado en el que aseguraba que "ha cumplido en todo momento con sus obligaciones tributarias y no debe ninguna cantidad a la Hacienda española".

 

Las discrepancias entre ambas partes tienen su origen en la residencia fiscal de Shakira desde 2011, año en el que comenzó su relación con Gerard Piqué. Según lo establecido por la ley española, si un ciudadano pasa la mitad del año (más un día) en nuestro país, se le considera residente a efectos fiscales. Es decir, tiene que tributar en concepto del IRPF en España los ingresos que obtiene en todo el mundo. Y hacerlo al tipo más alto (un tipo impositivo cerca del 50%) en el caso de la colombiana porque sus ingresos son de los más altos. 

No obstante, Hacienda considera que la cantante no estableció su residencia fiscal en nuestro país, y que simuló vivir en Bahamas para eludir el pago de estos impuestos. No fue hasta 2015 cuando la artista fijó su residencia fiscal en España. En aquellos años, los asesores de Shakira eran PriceWaterhouseCoopers, que fueron sustituidos por EY en diciembre del 2017.

El problema es que la Agencia Tributaria no ha podido probar que la colombiana estuviera residiendo en nuestro país más de medio año cada ejercicio ni en 2012, ni en 2013, ni en 2014. El que más se acerca ha estado es 2014, con 140 días.