La fecha está marcada hace largo rato en la agenda pública de Francia: este martes 7 de julio, el Tribunal de Apelaciones de París dará su veredicto sobre el caso de malversación de fondos del Parlamento Europeo, que resultó en sentencias en primera instancia para Marine Le Pen, su partido Agrupación Nacional y una decenas de sus integrantes.

La líder de la extrema derecha, condenada a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo ha dejado claro: la decisión de esa corte definirá su futuro político inmediato. Aun si decidiera apelar, un fallo desfavorable la dejaría sin opciones de postularse por cuarta vez para las elecciones presidenciales en Francia, previstas para el 18 de abril de 2027, una carrera en la que lidera la intención de voto, según los sondeos.

"Pase lo que pase, no me daré por vencida. Pase lo que pase, seguiré luchando por mis ideas", afirmó la política de 57 años el 1 de julio pasado, en una entrevista con la cadena LCI, añadiendo que no tiene "miedo" del dictamen del tribunal.

¿Cómo llegó Le Pen a ser condenada por malversación de fondos?
Marine Le Pen fue condenada el 31 de marzo de 2025 por el Tribunal Correccional de París tras ser hallada culpable de liderar un esquema de "empleos falsos" en el Parlamento Europeo, mediante el cual, según el fallo judicial, se desviaron fondos destinados a salarios de los asistentes de los eurodiputados para pagar a empleados de su partido político, entonces llamado Frente Nacional (FN).

En ese momento, los jueces consideraron que Marine Le Pen "perfeccionó" un sistema que ya había iniciado su padre y antiguo líder de la ultraderecha francesa, Jean-Marie Le Pen. Una vía que permitió la malversación de más de 4 millones de euros de fondos europeos entre 2004 y 2016.

La corte de primera instancia ordenó una pena de prisión de cuatro años para Le Pen (dos en suspenso, y dos bajo arresto domiciliario), una inhabilitación inmediata de cinco años para presentarse a cargos electivos, y una multa de 100.000 euros.

Asimismo, el tribunal dictó una multa de 2 millones de euros para Agrupación Nacional (la mitad en suspenso) y ordenó distintas penas para ocho antiguos eurodiputados (culpables de malversación de fondos públicos), doce asistentes parlamentarios (condenados por recibir esos fondos) y otros tres miembros del partido (por complicidad en la trama).

Tanto Le Pen como sus aliados han descrito el caso como una "cacería de brujas", y la líder de la extrema derecha, al igual que otros once condenados, apelaron la decisión.

Tras mostrarse confrontativa en el primer juicio y negar cualquier uso ilegítimo de los fondos europeos, Le Pen modificó su estrategia (sin dejar de declararse inocente y de ver el proceso judicial como una persecución en su contra), suavizando su postura en el proceso de apelación, que duró cinco semanas a principios de este año, y llegó a reconocer "un error".

En su deposición ante el tribunal, admitió que algunos empleados, que cobraban sueldos de asesores en el Parlamento Europeo, realizaban trabajos para su formación política, pero insistió en que creía que eso estaba permitido y que nunca intentó ocultarlo. Además, reprochó que los funcionarios del Parlamento Europeo no hayan advertido a su partido en ese momento de que estaban contrariando alguna norma.

El abogado de Le Pen, Rodolphe Bosselut, afirmó ante el panel de tres jueces que su clienta "les está confiando el trabajo de su vida, y la cuestión es, por lo tanto, si terminará aquí o si podrá reconstruirse".

La fiscalía ha solicitado al Tribunal que se mantenga la pena, aunque levemente atenuada, indicando que de los cuatro años de prisión, solo uno sea firme y pueda cumplirse con el uso de pulsera electrónica; y que los cinco años de inelegibilidad no tengan ejecución provisional, lo que significaría que solo deben cumplirse una vez que se hayan agotado todas las instancias de apelación.

¿Cuáles son los posibles resultados de la apelación?
Como es previsible, la defensa de Marine Le Pen ha solicitado su absolución de todos los cargos. Un escenario soñado para la líder de la extrema derecha francesa, pero considerado poco probable, más allá de la presión que pesa sobre los jueces que tomarán la decisión.

Otra opción es que el Tribunal de Apelaciones declare culpable a Le Pen, pero reduzca la prohibición para ejercer cargos electivos a dos años o menos, o incluso no imponerle veto alguno.

Como el fallo en primera instancia dispuso la entrada en vigor inmediata de la inhabilitación, Le Pen ya ha cumplido parte de esa pena, por lo que si se revisara a dos años o menos, esta expiraría antes de la primera vuelta de las presidenciales, programadas para el 18 de abril de 2027.

Sin embargo, Le Pen ha dejado claro que, para presentarse a las elecciones, debe poder hacer "una campaña totalmente libre", lo que sería incompatible con cualquier pena de prisión, vigilancia electrónica u otras restricciones judiciales.