La reforma de las pensiones fue la promesa de campaña del presidente Emmanuel Macron. El objetivo anunciado era simplificar el sistema actual y eliminar las desigualdades que genera. Sin embargo, este jueves tiene lugar en toda Francia una fuerte movilización contra esta reforma.

Hablar de jubilación en Francia no es tema fácil porque existen varios sistemas de pensiones. Además del régimen general, que cubre el 68% de la población activa, también está el régimen de los funcionarios y los 42 regímenes especiales. Estos últimos corresponden a empresas que han firmado acuerdos que son a menudo ventajosos, y que permiten entre otras cosas jubilarse más temprano o con mejores condiciones.

Entre los regímenes especiales se encuentran los de la RATP (red de transportes parisinos), la SNCF (red nacional de transportes ferroviarios) o EDF (electricidad), que representan a más de 300.000 personas, y otros más confidenciales, como los de la Comedia Francesa (teatro nacional), la Ópera de París o el Banco de Francia. Según Gerald Darmanin, ministro de Cuentas Públicas, cada año, el Estado devuelve 8.000 millones de euros al fondo para mantenerlos en equilibrio. Y es para poner fin a estos regímenes especiales que el Ejecutivo quiere ahora fusionarlos en un sistema “universal” de puntos.

En realidad, nadie sabe exactamente cuál será el contenido final de la reforma. Incluso su fecha de aplicación sigue siendo objeto de numerosos debates. Si bien los franceses se dicen en su mayoría favorables a una reforma del sistema de pensiones (76%), 64% no confían en el gobierno para llevarla a cabo, según un sondeo del instituto IFOP para el Journal du Dimanche.

De momento, las pensiones se calculan en función del número de trimestres trabajados. Dependiendo del año de nacimiento, se debe acumular un cierto número de trimestres para poder jubilarse. Siempre se puede hacer antes, pero en este caso la pensión será incompleta.

Con la reforma, el presidente Emmanuel Macron quiere un sistema único de puntos en el que un euro aportado abre los mismos derechos a todos los ciudadanos, a través de una cuenta virtual donde los trabajadores acumulan puntos a lo largo de sus carreras. Al final de su vida activa, su número de puntos será convertido en pensión mediante el cálculo del valor del punto que será el mismo para todos.

Esta reforma no afecta a la base del sistema de solidaridad intergeneracional. Las cotizaciones siguen siendo obligatorias y el principio de reparto no cambia: los trabajadores siguen cotizando para financiar las pensiones de los jubilados actuales.

Por el momento, la edad de jubilación es de 62 años y Macron se ha comprometido a no cambiarla. Sin embargo, puede que no cumpla su promesa porque las últimas previsiones del Consejo de Orientación de Pensiones (COR, por sus siglas en francés) muestran que habrá un déficit de 10.000 millones de euros en 2022. El informe no prevé un retorno al equilibrio hasta 2042, pero el Ejecutivo quiere que las cuentas estén equilibradas en 2025, fecha de la aplicación de la reforma de las pensiones.

Para ello, podría modificar en los próximos cinco años algunos parámetros, como el aumento de la edad legal de jubilación o el aumento de la duración del periodo de cotización, lo que obligaría a los trabajadores a trabajar más tiempo.

De ahí el descontento de la calle y de muchos sindicatos que rechazan la abolición de los regímenes especiales y el paso a un sistema de pensiones basado en puntos. Un solo sindicato de talla, la CFDT, no se opone a la reforma, aunque critica el método utilizado por el gobierno.

Los sindicatos dudan de los beneficios de la futura reforma, sobre todo a partir de un estudio reciente del Instituto de Protección Social que señala debilidades, particularmente para los padres de familias numerosas o para las madres que han tenido carreras con pausas.

Según los sindicatos, el nuevo método de cálculo reducirá las pensiones porque ya no se calcularán en función de los mejores 25 años de la vida activa del trabajador, sino en función de toda su carrera. Por último, consideran que no se tienen suficientemente en cuenta las largas carreras y la dureza del trabajo.

Otro punto polémico, la “cláusula del abuelo”, según la cual el nuevo sistema se aplicaría exclusivamente a los recién llegados al mercado laboral en la fecha en que se introduzca la reforma. Esto afectaría a los jóvenes nacidos a partir de principios de los años 2000.