El Gobierno de Dina Boluarte en Perú considera  “imprescindible” la compra de 24 aviones de combate para proteger sus recursos ante cualquier amenaza externa, según señaló el primer ministro, Gustavo Adrianzén.

La adquisición por más de tres mil millones de dólares no ha estado exenta de polémica, por su alto costo económico y por las declaraciones del exministro de Defensa Jorge Moscoso, quien justificó la compra asegurando que “Perú no tiene amigos ni aliados, solo países vecinos” y mencionó la necesidad de proteger el Megapuerto de Chancay ante posible tensión con Chile.
 
“Vivimos en un entorno regional donde nosotros, el Estado peruano, no tenemos amigos. No existen en las relaciones internacionales el concepto de ‘amistad’, por más que se pueda decir “somos países amigos, países aliados”, no existe, lo que tenemos son vecinos. Esos vecinos, así como nosotros, tienen intereses y lo que corresponde a un Estado es proteger y defender sus intereses”, señaló el ex ministro en diálogo con Exitosa Noticias.

Los altos costos de la adquisición originaron el cuestionamiento de un sector de la ciudadanía peruana, quienes creen que no es el momento adecuado para esos gastos, especialmente en medio de la crisis de seguridad más álgida de los últimos tiempos que incluso ocasionó reiterados paros de transportistas y otros gremios económicos.

Por su parte, el Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, el General del Aire Carlos Chávez Cateriano respaldó la decisión asegurando que “En un contexto global de constantes cambios geopolíticos y tecnológicos, la Fuerza Aérea del Perú se enfrenta a un desafío crítico: la renovación de su flota de aviones de combate”

El jueves 10 de octubre, un grupo de parlamentarios presentó una moción de interpelación contra el representante del Ministerio de Defensa Walter Astudillo, para que rinda cuentas sobre esta adquisición a través de endeudamiento interno y dos aviones de transporte, uno de los cuales sería el supuesto reemplazo del avión presidencial utilizado por Dina Boluarte.

Pese a esto, Astudillo ya pidió al Congreso y al Ministerio Público iniciar investigaciones contra los que cuestionan la compra “para determinar si están defendiendo intereses de otros países” y señaló que de ser así, estarían “incurriendo en traición a la patria”.