La justicia ecuatoriana volvió a condenar “en ausencia” al expresidente Rafael Correa, a una pena de ocho años de prisión por un caso de corrupción durante su gobierno (2007-2017).

En un fallo considerado histórico, el exmandatario —quien reside en Bélgica— perdió de esta manera sus derechos políticos, además que deberá ser encarcelado si pisa el país o llega a ser detenido por la Interpol.

Correa había manifestado sus intenciones por ser vicepresidente de la República, acompañando a Andrés Arauz, del movimiento Centro Democrátco, al participar en los comicios de febrero próximo.

Los plazos del proceso entraron en juego por los tiempos electorales. Si una eventual sentencia contra Rafael Correa no se ejecutaba antes del 18 de septiembre, el exmandatario hubiera podido terciar en las elecciones de 2021.

Los jueces de la Corte Nacional de Justicia dieron a conocer este lunes su veredicto, ante el recurso de casación interpuesto en el llamado ‘Caso de los sobornos 2012-2016’ . Los tres magistrados, Lauro de la Cadena, Milton Ávila y José Layedra, anunciaron su decisión tras dos días en los cuales escucharon a los abogados de los incriminados, a la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, y también a inculpados como Rafael Correa y su secretario jurídico Alexis Mera.

El expresidente también tiene pendientes otros procesos como el intento de secuestro del opositor Fernando Balda, hecho acaecido en Bogotá en 2012.

Mediante una videollamada, Correa cuestionó el fallo y, una vez más, alegó ser blanco de una persecución política con la complicidad de jueces y del propio gobierno del presidente Lenín Moreno.

Recalcó que jamás ha recibido ni ha permitido un soborno y calificó el proceso judicial en su contra como un "gran montaje", pues, según él, quién puede creer que entre 2012 y 2016 existió una organización criminal para recibir sobornos y el vicepresidente entre 2012 y 2013 (Lenín Moreno) no se enteró de nada.

La resolución de la justicia cierra, en buena parte, un capítulo aciago de la vida nacional, de acuerdo con varios observadores. Correa —según el portal periodístico Cuatro Pelagatos— “no solo concentró el poder, instaló un gobierno autoritario y dilapidó los fondos de la mayor bonanza petrolera que ha conocido el país”. Añade que “sistematizó el odio y polarizó al país”.

Según el medio mencionado, “ese daño hecho a la sociedad se mantiene. Y las amenazas de arreglo de cuentas, de venganza contra los traidores, los jueces, los políticos opositores, los periodistas… han marcado estos años en los cuales perdió las riendas del poder y tuvo que responder ante la justicia”.

La Fiscalía sostiene que durante el gobierno de Correa se montó una estructura criminal de corrupción para recibir aportes indebidos para el movimiento político Alianza País por parte de Odebrecht y otras compañías a cambio de la adjudicación de millonarios contratos. Funcionarios de la constructora brasileña no fueron procesados en este caso, lo que representó constantes reclamos del expresidente Correa al proceso judicial.

Ciudadanos seguidores de Correa, así como detractores del expresidente, se apostaron en los bajos de la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito, a la espera de la resolución. La Policía vigiló que no se registraran enfrentamientos.