Ante un incremento significativo de la delincuencia común y organizada, el gobierno del Presidente Pedro Castillo autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de apoyar a la policía en combatir la delincuencia. La medida comprende a Lima y el puerto de Callao.
Durante un operativo contra la delincuencia en el distrito El Agustino, cerca del centro de Lima el mandatario peruano acompañado de agentes policiales señalo que: “Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir al delincuente chico y al delincuente grande, no podemos frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta”.
El gobierno peruano había decretado el estado de emergencia por inseguridad en la capital peruana el mes pasado, a pedido de varios alcaldes distritales para contener la creciente delincuencia.
Los militares, pese a los índices delictuales, no participan en acciones policiales como lo son los arrestos de bandas, tráfico de drogas, o diferentes operativos que realizo la policía en Lima el último mes, que ha sido altamente difundido por las autoridades.
Castillo pidió “al señor ministro del Interior que coordinemos de una vez por todas no solamente para tener a la Policía, porque no todo es la responsabilidad de la Policía”, para poder contar con el apoyo de los militares.
El anuncio se hace en medio del sondeo Ipsos, el cual indica que Castillo alcanzó su mayor desaprobación con 69% de rechazo en siete meses de gestión, contra una aprobación de solo 25%.
El Estado de Emergencia restringirá los derechos ciudadanos como la inviolabilidad del domicilio y las libertades de tránsito y de reunión, lo que permite a policías y militares a ingresar a viviendas en busca de sospechosos sin una orden judicial.
El Informe Urbano de Percepción Ciudadana en Lima y Callao 2021, elaborado por la ONG Lima Cómo Vamos, indicó que siete de cada diez limeños considera que la inseguridad es el principal problema en esta capital de 10 millones de habitantes. Siguiendo la línea de una reciente encuesta de Ipsos, donde el 56% de los consultados cree que bajo el gobierno de Castillo la sensación de seguridad ha empeorado en Perú, un 39% cree que está igual que antes y solamente 4% que ha mejorado.
En noviembre del año pasado se habían tomado las mismas medidas debido al alza en los índices de la delincuencia común y organizada en las jurisdicciones mencionadas por un incremento significativo del índice delictivo en Lima y Callao, en las que operan organizaciones delictivas dedicadas, ente otros, al tráfico ilícito de drogas en sus distintas modalidades, tenencia ilegal de armas, robos, hurtos y demás ilícitos.