Estados Unidos está llevando adelante conversaciones secretas “en el hemisferio” para acordar “cuáles son los próximos pasos” a seguir en la crisis política que enfrenta Venezuela tras las elecciones del 28 de julio, según indicó un funcionario del gobierno a The Washington Post, en las que estaría intentando convencer al presidente venezolano Nicolás Maduro de que abandone el poder a cambio de un indulto.

“Hay muchas conversaciones en el hemisferio entre todos los gobiernos”, dijo un funcionario de la administración al medio estadounidense. “Todos están hablando en algún nivel sobre cuáles son los próximos pasos”.

Mientras que el régimen de Maduro “ciertamente está actuando como si no tuvieran intención de negociar”, la Casa Blanca considera que “la oposición sí quiere tener un diálogo y lo apoyamos”, sumó el funcionario.

Según indicó otro funcionario de la Casa Blanca, las acciones que Estados Unidos tiene sobre la mesa van desde un retorno a las negociaciones bilaterales con Maduro hasta más sanciones, pero estas no “van a ser una solución milagrosa”, dijo Geoff Ramsey, miembro del Atlantic Council. “Creo que es por eso que Estados Unidos se está centrando más en las zanahorias que en el palo en este momento”.

“La situación dentro del régimen [de Maduro] no es del todo color de rosa”, agregó Ramsey a The Washington Post. “Hay todo un conjunto de intereses” que se han beneficiado de las medidas esporádicas para aliviar las sanciones que ha tomado la administración “y esas personas se han estado frotando las manos hablando de reestructuración de la deuda, hablando de la reintegración financiera global de Venezuela, y no quieren volver a los viejos tiempos de aislamiento y presión económica”.

Este domingo fuentes informadas afirmaron al diario Wall Street Journal que la administración del presidente Joe Biden puso “todo sobre la mesa” para convencer al líder venezolano de que se vaya antes del final de su mandato en enero, inclusive la posibilidad de un indulto.

Maduro se enfrenta a una serie de acusaciones por parte del Departamento de Justicia estadounidense y en 2020 Estados Unidos puso una recompensa de 15 millones de dólares por información que pudiera conducir a su arresto.

“Corresponde a todos en el hemisferio dejar en claro que nos oponemos” a las acciones del régimen, que proclamó a Nicolás Maduro ganador sin mostrar las actas electorales, “... y que, en última instancia, Maduro necesita respetar la voluntad y los votos emitidos por el pueblo venezolano”, indicó por su parte el miércoles a los periodistas el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller.

Recientemente, el expresidente colombiano Iván Duque reveló un posible plan del chavismo con el gobierno colombiano de Gustavo Petro de repetir las elecciones en Venezuela para alcanzar un acuerdo internacional. Al respecto, la líder opositora María Corina Machado dijo en una entrevista con el diario El País que rechazaría una nueva celebración de elecciones dado que el resultado del 28 de julio, en el que la oposición, observadores independientes y la comunidad internacional aseguran el triunfo de González Urrutia, “no es negociable”.

“¿En qué cabeza cabe que se haga otra elección? Aquí ya hubo una, bajo los términos del régimen, con una campaña absolutamente desigual. Bajo sus términos fuimos, con sus máquinas, con sus actas… Nosotros las actas que tenemos son documentos oficiales del CNE. Bajo sus reglas, ganamos, el mundo sabe que arrasamos”, reiteró la opositora venezolana.

“El desafío es hacer que Maduro entienda que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada”, una salida con la que “muchos países, muchos gobiernos están alineados”, expresó Machado.

En tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela - que responde al gobierno de Maduro- anunció hoy que comenzará a examinar los documentos presentados por los candidatos en las elecciones presidenciales para tomar una decisión sobre la validación o no de la victoria de Nicolás Maduro, proclamada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a pesar de la ausencia de las actas oficiales de las votaciones.

”Los magistrados de este tribunal están dedicados al examen de todo el material grabado -físico y digitalmente- y a la investigación del ciberataque masivo del que fue objeto el CNE”, dijo en una rueda de prensa la presidenta de la Corte, Caryslia Rodríguez. ”La sentencia será firme y tendrá el carácter de cosa juzgada de ‘obligatorio cumplimiento’”.

El Tribunal Supremo tramita un recurso contencioso electoral presentado por Maduro sobre los resultados oficiales que son cuestionados por la oposición, que sostiene que triunfó el candidato unitario, Edmundo González Urrutia, mientras el oficialismo acusa a la coalición de querer desconocer su victoria decretada por la autoridad electoral.

El Centro Carter, que fue invitado por el organismo electoral venezolano a observar los comicios del 28 de julio en los que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Maduro, había cuestionado la independencia del eventual análisis del tribunal. Jennie K. Lincoln, analista para América Latina del Centro Carter y líder de la delegación que fue a Venezuela, dijo que “no es una evaluación independiente”.

Mientras, en el escenario postelectoral Venezuela enfrenta una oleada de represión y censura sin límites. El candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de Venezuela González Urrutia pidió al presidente Maduro “poner fin a la violencia y la persecución” contra los disidentes.

”Señor Nicolás Maduro, le pido en nombre de todos los venezolanos que ponga fin a la violencia y la persecución y que libere de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente”, dijo González en una publicación en sus perfiles de redes sociales.

El líder de la Plataforma Democrática Unida (PUD) reivindica la victoria en las elecciones del 28 de julio con casi el 70% de los votos según un recuento independiente.

La represión de las protestas tras la proclamación de la victoria de Nicolás Maduro a pesar de la ausencia de actas oficiales de las votaciones se saldó con 24 muertos y más de 2200 detenciones entre la oposición en apenas 10 días.