Una alta tensión política y judicial sacude el desenlace de las elecciones presidenciales en Perú. El candidato de izquierda, Roberto Sánchez —quien se encuentra estrechamente cerca de perder la segunda vuelta frente a la postulante de derecha, Keiko Fujimori—, confirmó este lunes que presentó un recurso formal para anular la votación emitida en el extranjero. La acción jurídica busca un vuelco radical en los resultados, ya que, si se contabilizan de manera exclusiva los votos emitidos dentro del territorio nacional, Sánchez ganaría la contienda electoral.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el abanderado que postuló en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo detalló que la solicitud ya fue ingresada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según argumentó Sánchez, el proceso en el exterior se vio “gravemente afectado por las modificaciones introducidas a solicitud del Poder Ejecutivo (Cancillería) específicamente en la segunda vuelta presidencial”.

El núcleo del reclamo radica en lo que el bloque izquierdista califica como una “grave irregularidad” logística. Para este balotaje, las autoridades consulares dejaron de transmitir de manera digital los resultados de 119 oficinas en el extranjero. Esta modificación obligó a paralizar el flujo inmediato de datos y forzó al sistema a esperar que las actas en formato físico arribaran directamente a Lima para poder iniciar su escrutinio formal.

Sánchez apuntó directamente contra la gestión del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, acusándolo de ser el responsable de que el traslado de dichos documentos se ejecutara sin la debida cadena de custodia.

La arremetida de la coalición no se limitó al plano electoral. El partido Juntos por el Perú formalizó una denuncia penal contra el canciller Pareja por los presuntos delitos de fraude electoral, perturbación o impedimento de actos electorales y omisión de actos funcionales.

La colectividad liderada por Sánchez sostiene que la Cancillería actuó de forma “arbitraria e injustificada” al desmantelar la plataforma logística, informática y de resguardo diplomático de los sufragios de la comunidad peruana residente en el exterior. En específico, acusan que las actas fueron remitidas a territorio peruano utilizando valijas diplomáticas que presuntamente incumplieron con los estándares de seguridad mínimos para garantizar la transparencia del proceso.