Foto Portada.- Fiscal general, Pedro Gonzalo Chávarry.
La destitución de los dos fiscales más importantes del caso Odebrecht, que llevaban seis meses en el cargo, ocurre una semana después que el fiscal José Domingo Pérez, uno de los que estaba a cargo del caso, solicitara denunciar al fiscal general por encubrimiento y obstruir las investigaciones contra Odebrecht y Keiko Fujimori, según informa AFP.
Dos fiscales encargados de investigar el escándalo de corrupción vinculado a la empresa Odebrecht fueron cesados el lunes y Perú quedó a las puertas de una nueva crisis política.
Sorpresivamente el fiscal general de Perú Pedro Gonzalo Chávarry anunció la remoción de dos fiscales del caso Odebrecht por haberles perdido la confianza y de inmediato el presidente Martin Vizcarra reaccionó con disgusto.
Vizcarra, que se encuentra en Brasil para asistir a la investidura del presidente Jair Bolsonaro, anunció que anticipará su regreso a Lima “para seguir encabezando la lucha contra la corrupción y la impunidad”.
“Expreso mi enérgico rechazo ante la remoción de los fiscales a cargo de los más importantes casos de investigación sobre corrupción”, tuiteó el presidente desde Brasilia.
La tempestad política que se presagia en Perú la desató el fiscal general, Pedro Gonzalo Chávarry, quien removió a los dos principales fiscales que investigan actos de corrupción de la constructora Odebrecht e indagan a cuatro expresidentes, a la líder opositora Keiko Fujimori y a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.
“He visto necesario dejar sin efecto la designación de Rafael Vela y de José Domingo Pérez”, anunció sorpresivamente Chavarry quien dijo haber perdido la confianza en el equipo por “vulnerar el principio de reserva de información” del proceso.
Según Chávarry, el equipo que dirige Vela “no está garantizando la reserva de la investigación” y peca de “falta de rigurosidad”, lo que podría afectar el debido proceso.
En reemplazo de Vela, designó al fiscal Frank Almanza como coordinador del Equipo Especial, mientras que el fiscal Marcial Paúcar ocupará el puesto de José Domingo Pérez.
La destitución de los dos fiscales más importantes del caso Odebrecht, que llevaban seis meses en el cargo, ocurre una semana después que el fiscal José Domingo Pérez solicitara denunciar al fiscal general Chávarry por encubrimiento y obstruir las investigaciones contra Odebrecht y Keiko Fujimori.
La medida provocó reacciones inmediatas en las redes sociales, donde colectivos de derechos humanos lanzaron llamados a salir a partir de esta noche a marchar en respaldo a los fiscales destituidos.
Centenares de espontáneos manifestantes marcharon rumbo a la sede de la fiscalía con carteles con la inscripción “¡Fuera Chávarry!”.
El equipo que dirigía Vela tiene a su cargo la investigación a los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), quien huyó a Estados Unidos y ahora enfrenta un pedido de extradición; Ollanta Humala (2011-2016), que estuvo preso nueve meses con su esposa Nadine; Alan García (1985-1990, 2006-2011) quien buscó asilo en la embajada de Uruguay y le fue denegada; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien renunció en marzo agobiado por denuncias de corrupción.
También es indagada la líder del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien cumple prisión preventiva de 36 meses acusada de recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht en su campaña de 2011.
Guerra interna en la fiscalía
Chávarry había hecho suya en las últimas semanas, las críticas a la prensa de los partidarios de Keiko Fujimori y de Alan García, señalando que los fiscales filtraban a la prensa detalles de la investigación contra sus líderes de cara a crear una justicia mediática.
El presidente Vizcarra se había sumado a las críticas contra Chávarry, exigiendo públicamente que no remueva a los fiscales Vela y Pérez por ser garantía de imparcialidad.
Vizcarra incluso pidió a Chávarry renunciar por considerar que su presencia al frente de la fiscalía obstruía las investigaciones.
El propio Chávarry quedó salpicado en julio pasado en un escándalo de corrupción judicial por el cual se niega a ser investigado, alegando que las denuncias en su contra carecen de fundamento.
Horas antes de la remoción, Chávarry pidió al gobierno reforzar su seguridad.
“He solicitado al ministro del Interior reforzar la seguridad policial de resguardo a mi persona, integrantes de mi familia y mi domicilio, debido a que diversas personas vienen promoviendo la ejecución de actos violentos en contra de nosotros a través de las redes sociales”, escribió en su cuenta de Twitter el fiscal general.
Hace una semana el fiscal José Domingo Pérez pidió denunciar a Chávarry por encubrimiento y obstruir un acuerdo de cooperación vital con Odebrecht.
Según el fiscal Pérez “se ha tomado conocimiento que el señor Pedro Chávarry ha ejecutado actos para entorpecer u obstruir el acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht”.
Ese acuerdo, suscrito el pasado 8 de diciembre, “permitirá que la multinacional Odebrecht brinde información sobre el pago de sobornos a funcionarios peruanos y aportes a campañas políticas”, señaló Pérez.
Chávarry negó las imputaciones en su contra.
En Perú existe una clara división de fuerzas: por un lado, el equipo especial de Vela “que cuenta con el apoyo de la opinión pública, los medios y algunas ONGs”, y por el otro, el fiscal general, “que cuenta con el apoyo de sus pares fiscales supremos y de Fuerza Popular”, dijo el analista Luis Benavente a la AFP la semana pasada.
En el Congreso las denuncias contra Chávarry han sido rechazadas por el opositor partido fujimorista Fuerza Popular, que controla el parlamento.
