La Cámara de Senadores de Argentina aprobó un polémico proyecto con el que el gobierno de Alberto Fernández busca que las personas que cuentan con “grandes fortunas” hagan un “aporte solidario extraordinario” que ayude a afrontar las consecuencias de la pandemia y sacar al país de la crisis.

El texto fue elaborado por los diputados Máximo Kirchner -hijo de los ex presidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), actual vicepresidenta del país y titular del Senado- y Carlos Heller.

“Entre los motivos por los cuales estamos frente a este proyecto es la pandemia, que ha afectado gravemente las finanzas del Estado. Nos parece razonable que aquellos sectores más privilegiados hagan una contribución extraordinaria y por única vez”, señaló el senador Oscar Parrilli, cercano a la vicepresidenta.

La iniciativa ha despertado un gran rechazo de las entidades empresarias más importantes de Argentina, que han calificado el nuevo “aporte” de confiscatorio y de gravar los bienes destinados a la producción, en un contexto de desconfianza de los inversores sobre el devenir de la economía.

El Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas afecta a personas y no empresas que posean una riqueza declarada superior a $200 millones (casi 2,5 millones de dólares).

El “aporte” a pagar por única vez alcanzará a 11.855 personas humanas, según informó la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, por encima de los 9.298 que se había calculado al inicio del debate, debido al efecto de la devaluación del peso sobre el universo alcanzado.

En el Congreso, el debate se dividió entre la posición oficial, de que se trata de un aporte por única vez sobre los mayores patrimonios del país para atender la pandemia, y la postura del principal grupo de la oposición, Juntos por el Cambio, que denunció que es un nuevo impuesto que desalentará inversiones, que es “confiscatorio” y opera como una doble imposición con el ya existente impuesto a los bienes personales.

El gobierno estimó recaudar más de $300 mil millones (unos 3.675 millones de dólares al cambio oficial), que serían destinados a aplicar medidas para afrontar los efectos de la COVID-19 y “apoyar el camino de recuperación económica” del país, sumido en una profunda recesión desde 2018 y con 40,9% de la población bajo la línea de pobreza.