Por Alfredo Peña

Los profesionales Santiago Esteban Nattino Allende, pintor y partidario de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH), Manuel Leonidas Guerrero Ceballos, profesor y dirigente de la AGECH, y José Manuel Parada Maluenda, sociólogo y funcionario de la Vicaría de la Solidaridad, fueron secuestrados a fines de marzo de 1985 por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR).

Nattino fue abordado el 28 de marzo, en la esquina de las calles Apoquindo con Badajoz, en Las Condes, mientras que Guerrero y Parada fueron secuestrados el 29 desde las puertas del Colegio Latinoamericano,​ en la avenida Los Leones, mientras iban a dejar a sus hijos. La operación del secuestro contó incluso con el apoyo de un helicóptero de Carabineros.

Los deguellan en Quilicura: El estremecedor crimen

Tras su secuestro, los tres profesionales fueron trasladados a un cuartel secreto de Calle Dieciocho, al lado donde estuvo el diario El Clarín, en el centro de Santiago, el mismo que el Comando Conjunto utilizaba a mediados de los ‘70 y que era conocido como "La Firma". Los tres fueron esposados, les vendaron los ojos y los torturaron.

Se estableció que entre la noche del viernes 29 y la madrugada del sábado 30 los tres secuestrados fueron subidos a un Chevrolet Opala, dos recostados en la maleta y uno en el asiento trasero. Al volante iba el cabo Claudio Salazar, como copiloto el cabo 1º Alejandro Sáez y atrás el sargento 2º José Fuentes. Un segundo auto, un Chevy Chevette, lo conducía el coronel Guillermo González Betancourt, foto abajo. De copiloto iba Miguel Estay, "El Fanta", un civil que había sido de izquierda y que se pasó al bando de los criminales, mientras que uno de los asientos traseros era ocupado por el capitán Patricio Zamora.


Todos eran miembros de Carabineros.

Los autos se trasladaron hasta una zona de Quilicura cercana al aeropuerto. Se estacionaron en la berma, en las cercanías del fundo El Retiro. "El Fanta", Zamora y González Betancourt se quedaron en su vehículo.

Guerrero fue el primero en ser bajado. De rodillas, esposado y vendado en una especia de hondonada junto al camino, el sargento Fuentes le tomó la cabeza por atrás y le cortó el cuello con un corvo. El vehículo se movió unos 30 metros al norte. Bajaron a Nattino, también esposado y con la vista vendada. Usando la misma arma, el cabo Sáez repitió la ejecución. El auto volvió a avanzar algunos metros, donde fue bajado Parada. Tendido de espaldas, esposado y vendado, el cabo Salazar tomó el corvo y le dio un profundo corte en el abdomen. La víctima se resistió y gritó de dolor, lo que aterró a su verdugo. Un tercer agente bajó del coche y lo degolló.

A los tres cuerpos les retiraron las vendas y esposas. Consumados los crímenes, el grupo se trasladó hasta su cuartel, en la calle Dieciocho. Ahí bebieron wisky, comieron y se rieron.

Juez ejemplar descubre a los criminales

El brutal triple homicidio, que llegó a ser conocido como «Caso Degollados», evocó la indignación extendida en todo el país y obligó a la Corte Suprema a designar a un anciano juez y a punto de irse a retiro José Cánovas Robles como ministro en visita para investigar el delito.​ Este juez comenzó a develar las criminales acciones de los agentes de seguridad  que quedó como ejemplo para otros jueces, muchos de ellos que habían actuado con absoluta benevolencia, pudieran encarcelar a otros criminales.

Sólo cuatro meses más tarde, la investigación realizada por el juez Cánovas condujo a la detención de dos coroneles, un comandante, dos capitanes y dos oficiales de Carabineros. El 2 de agosto de 1985, el caso provocó la dimisión del general César Mendoza, General Director de Carabineros y Miembro de la Junta del Gobierno desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 así como la disolución de la DICOMCAR.

La dictadura, especialmente su entonces vocero y ministro Francisco Javier Cuadra (en democracia se hizo militante de RN) negó que el crimen fuera hecho por agentes del Gobierno, pero las pugnas entre Carabineros y militares de la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policia política de Pinochet, determinó el descubrimiento de los asesinos que pertenecían a la policia uniformada. Los CNI le dieron los datos de los asesinos a la justicia y a los medios de comunicación, en venganza con esos carabineros.

Finalmente, seis miembros de la policía unformada fueron procesados y condenados a presidio perpetuo por los asesinatos. Tres de ellos aún permanecen en la cárcel de Punta Peuco.

Uno de los criminales, Claudio Salazar Fuentes, alías el pegaso, salió en libertad y vive en la comuna de La Florida.