A los 19 años, un estudiante de Periodismo llegó al Ministerio del Interior para trabajar en redes sociales y apoyo comunicacional. Se informó una remuneración de $1,9 millones; luego la cartera sostuvo que recibía $1,5 millones y defendió su experiencia previa. Su nombre es Cristóbal Soto. La discusión se concentró en su edad y sueldo, pero la pregunta de fondo es otra: ¿cómo se accede a una oportunidad así y qué posibilidades tienen quienes no conocen a nadie adentro?

La pregunta me devuelve a marzo de 2016. Conseguí trabajo por un mes como asistente de permisos de circulación. Tenía una hija de dos años, deudas y una familia que sostener. Venía de seis años como secretario técnico en faenas mineras, hasta que los proyectos se detuvieron. Mi carrera de Diseño seguía inconclusa. Un mes de contrato era una buena noticia: había que resolver el presente antes de ponerse exigente con el futuro.

Salí del colegio municipal Cardenal Antonio Samoré, en La Florida. Fui reponedor, trabajé en la feria y en Jumbo, ayudante de serigrafía y pioneta. Mi currículum se armaba con lo que aparecía. La secuencia ideal —estudiar, titularse, hacer la práctica y comenzar una carrera— tenía sentido. La necesidad no había leído las instrucciones.

Después entré a la Intendencia Metropolitana como gestor territorial. Mi primera pregunta fue: “¿Qué voy a hacer yo ahí?”. La respuesta apareció entre visitas a terreno, coordinación de actividades, acompañamiento a la autoridad, planillas y minutas. Llegaba a las 7:30 de la mañana y muchas veces salía después de las ocho de la noche.

Caminé cerros, participé en caminatas de seguridad y visité avances de proyectos. Sobre todo, conocí la realidad de cada comuna y de su gente. La Intendencia fue mi verdadero “servicio militar”: ahí hice mi práctica real en el servicio público. Mientras trabajaba, terminé mi carrera. Tenía 34 años.

Cuando cambió el gobierno, volví al diseño, los eventos y los trabajos esporádicos. Años después regresé al servicio público. Terminé el Magíster en Comunicación Estratégica de la Universidad Católica a los 42 años, con dos hijas, una casa que pagar y un trabajo que cumplir. Durante casi toda esa trayectoria, mi remuneración no superó los $1,9 millones.

Por eso me detuve en la noticia. No demuestra que el joven contratado no merezca su oportunidad. Yo también llegué al Estado sin saberlo todo. Sería absurdo reclamar ahora que las puertas se cierren detrás de mí. La cuestión es cómo se abren y con qué criterios.

Una persona con poca experiencia puede ser considerada una promesa o descartada por insuficiente preparación. Depende de lo que pueda demostrar, pero también de quién tenga la oportunidad de conocer su trabajo. Por eso, hay que decir que una autoridad confía en alguien no basta. Describe una relación. Todavía falta explicar el criterio con que se comprometen recursos públicos.

Las contrataciones cuestionadas durante el gobierno de Kast obligan a examinar ese criterio. Trinidad Zegers ingresó a Justicia en abril, el mismo mes en que juró como abogada, y luego pasó a contrata con una remuneración cercana a $2 millones. El ministerio aclaró que coordina actividades vinculadas a la reforma procesal civil, pero la pregunta sigue siendo qué antecedentes sustentaron su selección.

En Migraciones, Camila Pérez ingresó un mes después de jurar como abogada, bajo el estamento de “experto”. Se informó una remuneración bruta habitual de unos $2,77 millones; en junio recibió $4,32 millones, incluidas bonificaciones. El servicio negó que dirigiera el Plan Retorno y justificó su clasificación por haber realizado allí su práctica.

Haber hecho una práctica puede aportar conocimientos valiosos. Lo que corresponde saber es qué evaluación permite traducir ese aprendizaje en la categoría utilizada para contratarla. ¿Existe un criterio que pueda conocer otro practicante? ¿Se aplica de manera consistente?

En la Secom, Sofía Shea ingresó en marzo a un cargo de apoyo y en abril pasó a jefa del Departamento de Comunicación Digital. Había realizado su práctica en la agencia de Felipe Costabal, quien dirige la Secom. El vínculo previo no prueba una irregularidad. El ascenso, sin embargo, merece una explicación sobre capacidades, responsabilidades y evaluación.

No corresponde concluir que estas personas carecen de méritos por ser jóvenes. Tampoco corresponde darlos por acreditados porque quien las contrató asegura haberlos reconocido. Si basta la palabra de la autoridad, la transparencia se vuelve una ceremonia: preguntamos, nos dicen que confiemos y agradecemos la respuesta.

El regreso de Natalia Duco plantea otra dimensión. Se informó su incorporación como asesora al Segundo Piso de La Moneda, después de dejar el Ministerio del Deporte en medio de la controversia por el uso de un vehículo fiscal. Aquí no se discute a alguien que comienza, sino la evaluación que permite reincorporar a una exministra poco después de su salida.

Un cambio de funciones puede tener fundamento. Pero si no se explican sus razones, la ciudadanía queda sin saber qué consecuencias tuvo realmente la controversia. La responsabilidad política adquiere una curiosa elasticidad: alcanza para dejar un ministerio, pero no necesariamente para impedir el ingreso al equipo asesor de la Presidencia.

Los casos son distintos. El deber de fundamentar las decisiones es el mismo. Quien administra el Estado decide sobre oportunidades que pueden cambiar una vida, y sobre recursos que no le pertenecen. No basta con defender a cada persona cuando aparece su nombre en la prensa. Hace falta mostrar una regla comprensible cuando cambian los nombres.

Esa es la sustancia política del problema. Durante años les pedimos a los jóvenes que estudien, hagan la práctica, acumulen experiencia y se especialicen. Muchos cumplen. Después vuelven a escuchar que todavía están empezando. Al conocer ciertos ingresos, ascensos y regresos, tienen derecho a preguntar por qué los requisitos parecen tan rígidos desde afuera y tan interpretables desde adentro.

El gobierno de Kast debe responder por sus decisiones. Si invoca austeridad, tiene que explicar cómo se expresa en las remuneraciones que autoriza. Si invoca mérito, debe mostrar cómo lo evalúa. Ninguna de esas palabras puede servir solo para juzgar al adversario. Gobernar obliga a someter las decisiones propias al estándar que se exigía cuando la firma era de otro.

Lo digo siendo dirigente del PPD y habiendo trabajado en el servicio público. La misma exigencia debe alcanzar a los gobiernos que yo apoyé. Los contactos no se transforman en mérito cuando pertenecen a nuestro sector. Haber recibido una oportunidad me obliga a preguntarme qué posibilidad tienen quienes siguen esperando.

Vuelvo a marzo de 2016. Un contrato por un mes, una hija pequeña, una carrera pendiente. Después vino la Intendencia y pude responder, trabajando, aquella pregunta que me hice al entrar: “¿Qué voy a hacer yo ahí?”. Quiero que otros puedan responderla antes: que aprendan, aporten y avancen sin tener que repetir mis dificultades.

Yo no hice mi práctica por el camino habitual. Mi práctica real fue en la Intendencia Metropolitana. Por eso sé cuánto importa que alguien mire lo que uno puede hacer. Y por eso preocupa que, después de tantos discursos sobre el esfuerzo, sigamos sin explicar cómo se distribuyen esas oportunidades.

El daño no termina en una contratación cuestionada. Se profundiza cuando alguien que cumplió con todo deja de preguntarse qué necesita aprender y empieza a preguntarse a quién necesita conocer. Un gobierno puede defender cada nombramiento y, aun así, dejar esa convicción instalada. Después no debería sorprenderse de que nadie crea en su discurso sobre el mérito.