Casi la mitad del total del generalato fue pasada a retiro (45%) y ocurre en medio de graves situaciones de corrupción que se investigan por fraudes al fisco.
El caracter de "purga" se lo había asignado el ministro de Defensa, Alberto Espina, quien calificó la operación de cambios al interior de la institución, señalando que se trataba de un "análisis exhaustivo" de lo oficialidad, con el fin de evitar nombramientos de efectivos que pudieran estar involucrados en el mal uso de los fondos de la Ley Reservada del Cobre.
De acuerdo al análisis de casos anteriores de cambio en la Ejército, se puede determianr que, en promedio, han sido siete los generales que abandonaron la institución en las conformaciones de los altos mandos de los últimos cinco años. Por ello, los hoy 21 altos oficiales, representan un duro golpe a la institución.
Una de las indagatorias de la justicia respecto a casos de corrupción en los últimos días, dice relación con el mal uso de los fondos para la compra de pasajes aéreos, la cual es liderada por la ministra Rutherford. Decenas serían los altos oficiales o sus familias que hicieron uso y mal uso de estos pasajes, incluso, pidiendo devoluciones indebidas, legalmente.
Se trata de dineros fiscales, mal usados de parte de altos oficiales que habrían sido destinados para el pago de viajes de placer junto con sus familias a destinos como Orlando, Punta Cana, Miami, Los Ángeles, entre otros.
De acuerdo a la indagatoria, antes de llegar a su destino de comisión de servicio pasaban a otros países. El miércoles fue procesado el coronel Juan Cornejo de la Fuente, quien encabeza desde 2013 sección de Pasajes y Fletes del Ejército, por delitos reiterados de fraude al fisco, cuyo perjuicio superaría los $64 millones.
Cornejo, en su declaración, ante la ministra Rutherford, confesó que la institución trabajaba con cuatro agencias de viajes (Turavión, Costanera, Tupper y Deltour), agregando que en cada una de estas empresas había una persona vinculada con el Ejército: cónyuges de oficiales activos y en retiro.
Pero la anterior no es la única indagatoria que lleva adelante la justicia. El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, investiga el presunto desvío de recursos del Fondo de Ayuda Mutua del Ejército (FAM), en Coyhaique, para ser utilizado en supuestos pagos indebidos a funcionarios en ejercicio y en retiro.
Esta fuga de dineros fue advertida por la Contraloría General de la República en 2015, aunque la práctica vendría arrastrándose desde 2011. Según informó ayer Palma, este desvío ascendería a los $3 mil millones.