El fiscal nacional, Jorge Abbott, solicitó todos los antecedentes del polémico caso en que un juez de garantía de San Antonio dejó libres a dos hombres que fueron detectados con armas y municiones en un control policial en Cartagena.

 

El fiscal Abbott fue consultado por "El Mercurio" sobre su apreciación del tema, y qué error pudo haber cometido la fiscalía en el caso. Esta fue la respuesta de la Dirección de Comunicaciones de la entidad: "El Ministerio Público comparte la preocupación de la ciudadanía. Se trata de una situación especialmente compleja y grave, por lo que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, ha solicitado todos los antecedentes del caso al Fiscal Regional de Valparaíso, Pablo Gómez, para revisar cómo se llevó a cabo el procedimiento en su conjunto. A partir de ese análisis, la Fiscalía Nacional determinará eventuales mejoras en la coordinación con policías y en los protocolos internos".

 

El sábado, el propio Presidente Sebastián Piñera se pronunció considerando "muy grave lo que resolvió el juez de garantía", y el gobierno presentó un recurso de queja contra el magistrado, querellándose al mismo tiempo contra los acusados.

 

Los hechos se iniciaron la noche del 25 de mayo, cuando Carabineros hizo un control a dos hombres que viajaban en un vehículo con vidrios polarizados en Cartagena. Fueron sorprendidos con diversas armas en el maletero de su vehículo que despertó sospechas porque tenía todos los vidrios polarizados. Sin embargo, cuando al día siguiente se realizó la audiencia el juez de garantía de San Antonio, Juan Pablo Flores, acogió la tesis de la defensa de los detenidos argumentando que el control de identidad aleatorio o preventivo sólo permite pedir la documentación pero no el registro, y que las facultades de la Ley de Tránsito tampoco permiten un registro. Y que los carabineros no tenían ningún indicio para un control de identidad, según lo que le había dicho el propio fiscal. Por tanto, declaró ilegal la detención "por haber un exceso en el actuar policial".

 

 

Consultados dos senadores de la Comisión Seguridad, uno del PPD y otro de Renovación Nacional, si el argumento que esgrimió el juez lo encontraban fundado, coincidieron en cuestionarlo.

 

Felipe Harboe (PPD) dijo que "es una interpretación completamente restrictiva y equivocada, porque (la ley) habilita a la policía para realizar ese tipo de indicios. Hay que averiguar la cadena de errores, pero no podemos permitir que los ciudadanos paguen por un mal juicio de un magistrado. El control de identidad, discutido en el Congreso, faculta a Carabineros a realizar ese tipo de procedimientos, de revisar el vehículo. Si el juez declara que el fiscal declara así, hay un problema al interior de la fiscalía".

 

Coincidió Andrés Allamand (RN), que lo consideró "un completo descriterio jurídico". Recordó que "en una audiencia de control de detención que duró apenas 17 minutos, el juez de San Antonio, en mi opinión, de forma muy equivocada, declaró ilegal la detención. Sin embargo, el propio artículo 132 del Código de Procedimiento Penal autoriza que aún en esos casos se proceda a la formalización y al establecimiento de medidas cautelares".

 

Concluyó que "todo el episodio configura un completo desatino en el ámbito judicial. Termina descorazonando la acción de Carabineros, que en este caso fue particularmente diligente, y acentúa la percepción de inseguridad y del mal funcionamiento del combate contra la delincuencia que hoy comparte la ciudadanía".

 

 

El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Álvaro Flores, recordó que la audiencia de control de detención tiene por objeto precisamente revisar si la detención se ajustó a la legalidad. "En este caso, el juez da razones suficientes. Podrán estimarse correctas o no, pero da razones jurídicas, para señalar por qué, en este caso, se estimó ilegal la detención". Y acotó que le parece preocupante que se afecte la independencia de los jueces."Creemos que el recurso de queja es una afectación de la independencia".

 

Consultada la Corte Suprema, decidió no pronunciarse. Al menos por el momento."El Ministerio Público comparte la preocupación de la ciudadanía. Se trata de una situación especialmente compleja y grave"