Por María Cristina Prudant

Es una tradición republicana que cuando una ley entra en vigencia su promulgación sea celebrada por autoridades y parlamentarios. En este caso, era una manera de informar también a todos los organismos vinculados con la educación para que hagan los cambios que corresponden de acuerdo a la nueva Ley.

Cabe recordar que esta Ley incluye la gratuidad de la educación superior que hasta el gobierno pasado benefició a más de 300 mil estudiantes del país que estudian gratis.

Lamentablemente el Ejecutivo rompió la tradición y no hizo ceremonia alguna.

Pero los diputados de la ex Nueva Mayoría no quisieron dejar pasar este momento y realizaron una pequeña ceremonia, como se aprecia en la fotografía de esta crónica, para anunciar la promulgación de la Ley de Educación Superior. “un primer paso muy importante”, dice el investigador de 20/20 Andrés Gómez.

El investigador y profesor destacó la trascendencia de la Ley. “Lo más importante para nosotros es que, efectivamente la Ley está promulgada, en lo formal va a seguir adelante, se va a implementar. No afecta en nada el hecho que no se haga el evento con el anuncio”.

“Ahora, lo que a nosotros nos gusta en general  de este tipo de eventos es que sentimos que contribuyen a dar como un hito de inicio. En el fondo a preparar y orientar a las comunidades que se van a ver afectadas por los cambios y que se preparen, para eso este tipo de eventos es importante para nosotros”, dijo el profesor.

Sin embargo, clarificó que “lo más central es que de todas maneras la Ley se va a implementar igual”

En cuanto al nuevo cuerpo legal, Gómez precisó que es “un avance, obviamente que hay cosas que uno quisiera que hubieran quedado de otra manera, pero es un avance en el sentido que, en primer lugar, se ordena o contribuye a crear una institucionalidad que va a permitir ordenar la casa, o sea, la acreditación va a ser obligatoria, va a haber cambios en el sistema de acreditación, la propia Comisión de Acreditación va a tener cambios”.

“Vamos a tener una Superintendencia que fiscalizará administrativa y contablemente a las instituciones, que es la principal razón por las que algunas están cerrando. Eso es muy positivo. Hay otros temas importantes como la gratuidad porque estaba funcionando por la Ley de Presupuestos y en cualquier momento podía quedar al arbitrio de una autoridad  y retirar la Ley. Esto no va a ocurrir sino que hay una mirada de más largo plazo. ”.    

Repudio al gobierno

Sobre el acto que realizaron los parlamentarios en los pasillos del Congreso para dejar muy en claro que fue promulgada la Ley de Educación Superior, el diputado DC Mario Venegas precisó que “lo que nosotros hicimos fue un acto de repudio a la actitud del gobierno y un acto de justicia en cuanto a destacar una ley muy importante, en el marco de la reforma impulsada en gobierno pasado como es la Ley que regula la educación superior”.

El diputado detalló: “el sistema educacional chileno tenía un diagnóstico claro; gran parte de las irregularidades y abusos que se producían eran por una desregulación casi absoluta en el sistema, por tanto era un llamado mayoritario de los expertos, la familia, los estudiantes a la necesidad de regular. Y eso hace esta Ley. Creó una nueva institucionalidad la Subsecretaría de Educación Superior, creó una Superintendencia, fortaleció todo el sistema de acreditación para garantizar calidad en las instituciones de educación superior”.

“Se ocupó de diversas materias y entre las más notables consagró la gratuidad en educación superior que es un logro histórico así como a comienzos del siglo XIX fue la gratuidad de la educación básica, hoy no podemos desconocer este logro importante que se produjo. Nació por los canales democráticos que nosotros tenemos establecidos y nos parecía una mezquindad del gobierno el invisibilizarla, no hacer un acto de proclamación que es lo propio de la tradición republicana, si es una cosa muy inusual”, declaró.

A la carcel los que lucran

Por su lado la presidenta de la comisión de Educación, diputada Cristina Girardi (PPD), expresó que "hemos comparado a través de la comisión investigadora de Educación Superior, que los controladores de la universidades privadas actuaban igual que los traficantes, lavando dinero".

"Y eso es el límite que le pone esta ley a los dueños y los controladores de estas instituciones. Siempre se dijo que no los podíamos perseguir, porque no estaba tipificado el lucro como delito y hoy queda tipificado como tal. Así que quienes vulneren la ley se van a ir a la cárcel. Y es, claramente a un gobierno que representa precisamente a aquellos que forman parte de las instituciones como controladores, que no está cómodo con este proyecto", concluyó la parlamentaria.